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Universidad en tiempos neoliberales. Perú, Argentina y Chile por Aníbal Pérez

Resumen

El presente artículo, tiene por objetivo dar cuenta de la aplicación de reformas neoliberales para la educación superior en la década de los noventa, bajo los gobiernos de Fujimori, Menem y la Concertación. En este marco, se tomarán como ejes analíticos, los ámbitos del financiamiento de la educación superior, junto con el cogobierno universitario. Estos dos elementos creemos, nos ayudarán a vislumbrar el cómo se han aplicado las políticas neoliberales para estos países del Cono sur; y al mismo tiempo visualizar en qué medida aquellas políticas, afectan la democratización de las universidades y fomentan la privatización de estas mediante una política de autofinanciamiento bajo un escenario de competencia desigual, con la creciente oferta de universidades privadas.

Nuestra idea "fuerza" sostiene que, existiría una heterogeneidad en la aplicación de políticas neoliberales para los tres países a estudiar, particularmente en relación a la democracia universitaria y el financiamiento de esta. Por otra parte, se evidencian elementos homogéneos en los tres casos, esto en relación a la tendencia al aumento descontrolado del sector privado y el desligamiento del Estado con las Universidades públicas mediante las políticas de autofinanciamiento. La relevancia del estudio presentado, radica principalmente en la necesidad de evidenciar las particularidades del modelo neoliberal en educación superior, al mismo tiempo que sus elementos comunes. Por otra parte, el énfasis en el tema del gobierno estudiantil resulta crucial, esto debido a que muestra el carácter autoritario del modelo chileno.

· El caso peruano El triunfo de Fujimori en las elecciones presidenciales del Perú de 1990 con un 64,2% de los votos, se explica a partir de un contexto de doble coyuntura. Por una parte en el ámbito internacional, tenemos el cierre del siglo corto[1], caracterizado por el fin de la guerra fría y el triunfo de la hegemonía norteamericana -y con ello de los modelos neoliberales de desarrollo-, junto con el fenómeno de la globalización y las transformaciones a un capitalismo de tipo más financiero. Por otra parte, en el ámbito local peruano, se nos presenta una aguda crisis económica arrastrada desde el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y el propio Alan García tras el fracaso de su heterodoxa vía de desarrollo. De hecho, la inflación mensual en el tercer trimestre de 1987 alcanzó 114,5%[2] y tras la aplicación de la política de schok en 1989 registró un record de 2776%[3].

Sumado a esto último, se generará en el electorado peruano un total descrédito de la política en general y de los políticos en particular, llevando con ello a una fuerte desarticulación del escenario político y un debilitamiento aún más el sistema de partidos[4]. Estos últimos factores –a nuestro juicio estructurales- abrirán el paso para la aparición del fenómeno del neopopulismo[5], encarnado en la figura de Fujimori, quien se presentará ante el electorado como un ingeniero, apolítico y tecnocrático que vendría a salvar al Perú de los vicios de la política tradicional. En este escenario, Fujimori pasará a la segunda vuelta con vuelta un 24,6%[6] del electorado nacional, lo que le permitirá competir con el candidato del FREDEMO, el escritor Mario Vargas Llosa y derrotarlo, gracias al desplazamiento del electorado Aprista y de la Izquierda hacia su persona. Creemos que, sólo en el particular contexto de crisis económica y deslegitimación de la clase política, se podía dar este inesperado triunfo.

Ahora bien, Fujimori consolidará su poder con el autogolpe de Estado en abril de 1992 y con ello aplicará todo el paquete de reformas tendientes a liberalizar la economía e instalar el modelo neoliberal. Cabe señalar que, según la tesis de Cynthia McClintock y Fabián Vallas, la adopción de las reformas neoliberales propiciadas por el régimen de Fujimori, serán condicionadas por una presión internacional, particularmente del F.M.I., el B.M. y EE.UU. además de la necesidad inmediata de recursos por parte del gobierno[7]. Estas presiones, más el propio estilo de Fujimori se basarán constantemente en un marcado desinterés por la democracia.

La aplicación del “Fujishok” incluyó: la eliminación de los controles de precios, eliminación de los subsidios estatales y un aumento del costo de los alimentos básicos, de la gasolina y del transporte. Además bajo el ministerio de Carlos Boloña, se profundizarán las políticas neoliberales incluyendo: liberalización del sistema de cambios y la supresión de la estabilidad laboral. Sumado a esto, en 1992 el gobierno peruano privatizará las empresas estatales de telecomunicaciones por un total de US$2000 millones. Los autores anteriormente nombrados sostienen que entre 1990 y 1998 los fondos obtenidos de las empresas privatizadas del Estado alcanzaron un total de US$6.600 millones, sobre lo cual el 25% de aquello se habría gastado en sobornos y armas[8].

Además de esto, el gobierno fujimorista aplicará una neoliberalización de las pensiones y jubilación, imitando al modelo chileno bajo el sistema de AFP[9]. Por otra parte implantará una “descentralización” de la salud mediante la creación de las CLAS (comités locales de asistencia de la salud) al mismo tiempo que incorporó una reducción laboral de la planta del sistema público.

En este teatro de neoliberalización, ¿Cómo se inserta la educación?, ¿Cuáles fueron los elementos estructurales que atacaron dichas políticas?

Tomando como eje de análisis tanto el gobierno universitario y el financiamiento, podríamos sostener que el sistema de educación superior peruano (previo a las reformas neoliberales) se caracterizaba por la existencia de gobiernos universitarios a través de órganos colegiados con representación triestamental (Académicos, Estudiantes y egresados, con exclusión de funcionarios)[10], electos democráticamente con porcentajes particulares: 70%, 23,3% y 6,6%.[11] Junto con lo anterior, se le agrega la elección democrática de sus autoridades unipersonales. Por otra parte, en cuanto al eje financiamiento, podemos señalar que mediante la propia constitución de 1979 se establecía el derecho a la educación como inherente[12] a la persona humana asignándole al Estado el deber de proveerá y asumiendo su total gratuidad[13]. Además de esto se prohibía a las entidades privadas lucrar exigiéndoseles establecer sistemas de aranceles diferenciados para los estudiantes.

Ahora bien, bajo el reinado neoliberal Fujimori mediante la constitución de 1993 y la ley de inversión universitaria, establecerá los pilares fundamentales del proceso de neoliberalización de la educación superior. En cuanto al eje gobierno universitario, Fujimori se encargará de “reorganizar”[14] las universidades públicas, suspendiendo los procesos democráticos colocando interventores[15] dependientes del ejecutivo, esto so pretexto de la persecución del enemigo interno, encarado en la figura de Sendero Luminoso. Este proceso se llevará a cabo mediante una sistemática violación de los derechos humanos[16]. Además de lo anterior, generará una instancia que superaba administrativamente la Asamblea Nacional de Rectores (A.N.R.) denominada llamada Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU). Esta entidad, tenía la atribución de regular y prohibir el funcionamiento de las otras Universidades[17]. Con ello se aseguraba controlar “desde arriba” cualquier posibilidad de escape de su control.

En cuanto al eje financiamiento, bajo la constitución de 1993 se asigna a los padres el deber de educar a sus hijos, privatizando con ello el antiguo derecho inherente a toda persona humana[18]. En concordancia con dicha constitución, el 1 de enero de 1997 entrará en vigencia el segundo pilar legal, la “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación” n° 882[19], la cual permitirá abrir la oferta privada de educación (especialmente superior) ampliando la oferta académica y permitiendo el lucro con ella. Luego de la publicación de este decreto, se generará una explosión de Universidades Privadas en todo el país, las cuales poseen fines lucrativos y mantienen un régimen de pago de aranceles por parte de los particulares que decidan consumir en el mercado de la educación. Bajo el período de Fujimori se generaron un total de 25 nuevas Universidades, de las cuales 23 son de carácter privado y 2 públicas[20]. Es decir se implantó un desregulado crecimiento de la oferta educacional, privilegiando el sector privado por sobre el público.

Ya para marzo del 2011, según el informe de la Asamblea Nacional de Rectores, existen en Perú 125 Universidades, de las cuales 48 serían de carácter público, 76 de tipo privado y 1 municipal.[21] Demostrando con ello la profundización de la tendencia implantada por el régimen neopopulista.

En concordancia con lo anterior, se ha evidenciado una notable inestabilidad del gasto de educación en relación con el PIB. Mientras en 1986 se destinó un 3.6% del PIB en educación, en 1990 este cayó a un 2.2%, para evidenciar una leve alza en 1995 del 3.1% con una nueva caída al 2.9% en 2005.[22] A su vez, con respecto a los orígenes del financiamiento para las Universidades públicas, estas han pasado de recibir en 1998 de un 75% de aporte Estatal, a un 67% para el 2000. Al mismo tiempo en 1998 obtuvieron mediante recursos propios un 25% de su presupuesto y en el año 2000 un 33%[23]. Esto demuestra claramente la tendencia hacia el autofinanciamiento de las propias universidades estatales provocada por la mercantilización de la educación.[24]

En síntesis, si tomamos como eje de análisis el gobierno universitario, podemos sostener que tras la aplicación de reformas neoliberales en Perú, existió una suspensión de los derechos democráticos de autogobierno. Por otra parte, bajo el eje financiamiento, se puede sostener que, existe un crecimiento desregulado de la oferta privada, permitiendo lucrar en este ámbito, además de un claro desligamiento del aporte Estatal con las universidades, generando con ello un sistema de educación superior mixto, el cual existe educación arancelada en entidades privadas, junto con educación gratuita y regímenes democráticos de auto gobierno, solo tras la caída de Fujimori.

· El caso argentino

Con la finalidad de explicar la caída del régimen de Alfonsín y el triunfo de Carlos Menem en Argentina, Eugenia Aruguete ha analizado la complejidad –bajo un prisma marxista- de la composición de clases ante el intento de aplicación de las reformas neoliberales bajo el gobierno del primero. Dicha autora muestra la reacción social y corporativa que tuvieron estas alianzas, las cuales terminaron por desestabilizar el gobierno radical, y marcaron fuertemente el triunfo electoral del Peronismo[25].

Sin embargo, Carlos Menem estuvo lejos de aplicar modelos de desarrollo estatistas tan propugnados por el peronismo histórico. Por el contrario, aplicó una reforma estructural de tipo neoliberal, ante la cual encontró escaza resistencia de parte del Justicialismo. Según Steve Levitsky, esto se debería a la escaza rutinización de este último[26], el cual se caracterizaba por la ausencia de carreras políticas estables, la no existencia de rendición de cuentas horizontales y los lazos débilmente institucionalizados con el movimiento sindical. Este “des-orden” partidario, sería el soporte de una flexibilidad justicialista, que terminó jugando a favor de Menem en el marco de las transformaciones económicas hacia el mercado.

Por su parte, Carlos Montaña y Esther Levy sostienen que bajo la década de los noventas Argentina desarrollará una radical reforma de desarrollo y de Estado[27], el cual se caracterizó por una liberalización la economía -mediante la ley de reforma y emergencia económica-, junto con un cercenamiento de los derechos laborales a través de la ley nacional de empleo y la flexibilidad laboral. Ejemplo de ello sería: la desocupación, la privatización de empresas públicas, el aumento del trabajo precario, una enorme incertidumbre laboral y el aumento de la exigencia educativa, entre otros. La desocupación y la precarización serán los problemas estructurales de aquellas reformas, al igual que en el resto de los casos del Conosur.

Esta reforma al modelo de Estado, ¿Cuáles fueron las implicancias para la educación superior Argentina?

Al contrario del caso peruano, el gobierno peronista no desarrollará una intervención ni reordenamiento de las Universidades públicas, siendo una particular características en el caso argentino, la aplicación de reformas neoliberales para las casas de estudios sin una violación sistemática de los derechos humanos (como en la dictadura chilena o fujimorista).

El primer pilar de las reformas neoliberales, la encontramos en la Constitución Menemnista de 1994, la cual plantea en su artículo n° 14 la educación como un derecho de todo miembro de la nación[28]. A su vez le otorga al parlamento el deber de dictar los planes de instrucción general y universitaria[29], al mismo tiempo que debe proveer a la “investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento… ”[30], además de esto debe: “Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”[31].

Como se puede apreciar, bajo la constitución peronista de Menem, aún se conserva el derecho de la gratuidad de la enseñanza pública, entendida como una responsabilidad indelegable del Estado. Al mismo tiempo se reconoce la autonomía en la forma de auto-gobernarse y el reconocimiento de la Universidad como personalidad jurídica y la auto-administración. En este sentido, el eje de análisis “gobierno universitario” se mantiene en tiempos neoliberales, diferenciándose con ello del caso peruano.

Por otra parte, el segundo pilar del sistema de educación superior en tiempos de Menen es la “Ley de educación Superior del el 10 de agosto de 1995”, la cual en su artículo n° 2 sostiene: “El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas”.[32] Bajo este supuesto es el Estado quien debe garantizar el derecho a la educación, al contrario del caso peruano y el chileno.

Sumado a esto, se establece como derecho de los estudiantes acceder a esta sin ningún tipo de discriminación (económica o social), a obtener becas, a formar organizaciones estudiantiles y a participar del gobierno universitario.[33] Al mismo tiempo se admite la autonomía universitaria, en todos sus ámbitos y se prohíbe el ingreso de la fuerza pública de no ser por la orden de un juez o expresa solicitud de la autoridad universitaria legítimamente constituida. Junto con ello, se establece la posibilidad de su intervención previo acuerdo del congreso, por un tiempo no superior a seis meses.[34]

Con respecto a la exigencia de la calidad se establece que se aplicarán autoevaluaciones internas en las casas de estudios, las cuales se complementarán con: “evaluaciones externas, que se harán como mínimo cada seis (6) años, en el marco de los objetivos definidos por cada institución. Abarcará las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional. Las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o de entidades privadas constituidas con ese fin…”.[35]

Importante es de señalar que la creación de agencias de calidad de la educación superior, son políticas promovida por los organismos internacionales como el FMI y el BM. Tanto en el caso peruano como el presente y el chileno, se han constituido estos sistemas de acreditación mediante instituciones privadas.[36]

Con respecto al gobierno universitario se establece normas generales a fin de asegurar el cogobierno, dejando una amplia autonomía a las propias casas de estudios a fin de autogobernarse. Dentro de las normas y organismos establecidos se encuentra la existencia de dos órganos básicos de gobierno, los de tipo unipersonales como colegiados. Los primeros tienen facultades ejecutivas teniendo un plazo máximo de duración de tres años, y los segundos acogen facultades de tipo normativas[37], siendo integrados de acuerdo a los estatutos de cada casa de estudios. Junto con ello abre la posibilidad de participación de los graduados y funcionarios no académicos. En el caso de la representación estudiantil se plantea el requisito de nota mínima de 5.0.[38] Lo anterior demuestra una diferencia con el caso peruano, esto debido a que durante el reinado neoliberal, se han mantenido los cogobiernos universitario (al contrario del caso peruano o del chileno), con representación de profesores, alumnos, graduados, y en algunos casos funcionarios. Esto creemos, debido a la fuerte tradición histórica reformista del vecino país.

En cuanto al régimen financiero se establece como deber del Estado asegurar el financiamiento de las casas de estudios superiores, abriendo paso a la generación de fondos propios mediante mecanismos que les son particulares[39], lo que permite una gradual disminución del aporte estatal a los planteles; al mismo tiempo que fijar autónomamente sistemas remunerativos para los profesores, al contrario del caso peruano donde existía una fuerte legislación al respecto. Estos preceptos abren dos posibilidades neoliberales a saber: el autofinanciamiento y la flexibilidad laboral. Finalmente se mantiene la posibilidad de la creación de entidades de educación superior de carácter privado[40] (de larga data en la historia argentina), bajo la exigencia de no pretender fines de lucro.

La característica principal de la educación superior neoliberal de Menem y común al caso peruano es la amplitud totalmente descontrolada de la oferta académica para instituciones privadas de educación superior. Ejemplo de esto es que entre 1971 y 1988 de un total de 47 Universidades, 27 eran de carácter público y 20 de tipo privado. Sin embargo entre 1989 y 1996, la cifra se dispara en 39 públicas y 43 privadas. Es decir que para el primer mandato de Menem se crearon casi el doble de Universidades particulares en relación con las públicas. Más aún, bajo el segundo mandato del mismo, existían 45 públicas y 54 privadas, o sea se mantiene el alza neoliberal de fortalecimiento del sector educacional privado.[41]

A pesar de lo anterior, se ha evidenciado un aumento de gasto (público y privado) en relación con el PIB entre 1995 y el 2000. Para el primero de estos años Argentina destinó a educación un 4,2% de su Producto Interno Bruto y un 5,9% en el segundo.[42] Sin embargo, este aumento ha sido direccionado a las etapas primarias y secundarias, esto debido a que el gasto público destinado a educación superior relacionado con el de educación en general, denota una caída del 20,8% en 1995 al 17,7% en el 2000.[43]

Al mismo tiempo se evidencia una tendencia al autofinanciamiento, esto debido a que según datos de la OCDE, para el 2000 un 66,2% del presupuesto de las Universidades públicas vino desde el Estado, mientras que el 33,8% es de origen privado.[44]

Con respecto a la matricula –es decir la captura de demanda-, Plotkin sostiene que: En 1985 había 70.953 alumnos en universidades privadas. En 1994 este número había crecido a 124.749 (aumento promedio del 60% con una tasa de crecimiento media anual del 6,5%).[45] Para el año 2002 existían en Argentina 100 Universidades, de las cuales un 89% abarcaba la matricula en entidades estatales, mientras que un 11% correspondía a casas de estudios privadas[46], para el 2003 –es decir un año después- existe un alza al 14% de las matriculas en el ámbito privado[47]

Los datos demuestran la creciente explosión del ámbito privado, tanto en número de universidades cómo en captura de la matricula, al mismo tiempo que la tendencia al auto-financiamiento se hace más prevaleciente. El cobro de aranceles en ese caso es fundamental, al respecto Facundo Solanas sostiene: “en parte del diagnóstico realizado por el Banco Mundial (BM) en 1991 se anunciaba la necesidad de arancelar la universidad. El informe sostenía lo siguiente: Existe una conciencia creciente de la necesidad de proporcionar recursos adicionales a las universidades. Como lo ha indicado la experiencia habida en otros lugares, la única forma de generar fuentes de ingresos estables para las universidades estriba en la recuperación de los costos, al menos parcial, mediante el cobro de derechos de matrícula a los estudiantes (Banco Mundial, 1991)[48].

Además de lo anterior, se observa la desmedida creación de universidades tanto nacionales como provinciales, al mismo tiempo el Estado disminuye su inversión en la educación superior, privilegiando los sectores básicos y medios.

Esto en términos comparativos, bajo el eje financiamiento el caso argentino es altamente similar con el caso peruano: explosión universitaria, aumento de la matricula (cobertura) y disminución del Estado. La gran diferencia son los sistemas de cogobierno, que si bien en Perú aún existen, fueron desarticulados e intervenidos por Fujimori y en el caso de Menem se han mantenido.

· El caso Chileno

El 11 de septiembre de 1973 marcó el triunfo de la derecha chilena y el gran empresariado, Estados Unidos, sectores de la democracia cristiana y las Fuerzas Armadas. Tras el golpe militar si implementará una brutal y extensa dictadura (en comparación con los otros casos del Conosur), que hará una violación sistemática de los Derechos Humanos. Particularmente en el caso de las Universidades, se aplicará toda una enorme persecución de los académicos, estudiantes y funcionarios que tuvieran militancia o cercanía con los partidos de izquierda. También se suprimirá los ejercicios democráticos del cogobierno universitario conquistado con la reforma iniciada en 1967 en la Universidad Católica de Valparaíso, que incluyeron la participación triestamental.

Al mismo que se perpetraban los atroces crímenes, la dictadura triunfante implementará un proyecto global[49] de tipo neoliberal. Este proyecto, según Eduardo Silva ofreció al régimen restaurar el crecimiento económico (junto con una reforma general de la sociedad y una nueva institucionalidad), además de lograr una estabilidad política necesaria para el régimen (disciplinamiento de la clase alta, media y baja a quienes se les vislumbra como los responsables de la crisis política de 1973)[50].

Al igual que en los casos anteriores, se aplicaron medidas de liberalización de la economía, reducción del tamaño y papel del Estado, sustantiva disminución de los aranceles y de los controles cambiarios, apertura al exterior, etc. Además de esto, al mismo tiempo que se instalaba esta nueva forma de desarrollo, se constituyó un andamiaje jurídico que lo perpetuó y blindó, la Constitución de 1980.

Ahora bien, tras la crisis de la dictadura, según la tesis expuesta por Luis Corvalán Marquéz, luego de la derrota de la dictadura en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 -que obtuvo el triunfo la tendencia del NO con un 54,6% de los votos-, y entendiendo que las próximas elecciones presidenciales colocarían a Aylwin en La Moneda, “los asesores del general Pinochet, tuvieron que convencerlo de que, habría negociación, antes o después, para el régimen era mejor hacerlo mientras se encontraba en el poder”[51]. En este escenario se generó lo que se ha denominado como la salida pactada, en donde sus dos principales componentes serían: primero: “se avanzaría hacia el establecimiento de un marco constitucional mínimamente compartido, orientado a asegurar la estabilidad y gobernabilidad que la dictadura no habría podido garantizar”, y este a su vez, “se entendería como la superestructura del proyecto de modernización capitalista implantado por los militares, el cual no sería cuestionado”. Por otra parte y como segundo punto: “No se retornaría al esquema de los tres tercios. En su lugar el sistema político se estructuraría en torno a dos grandes bloques, en torno a consensos sustantivos respecto al proyecto global vigente… Concertación y Derecha”[52]

Finalmente, el proyecto neoliberal de los militares y la derecha terminaría su ciclo de instalación, hasta llegar a la aceptación fáctica por parte de la concertación, de ahí que Luis Corvalán Marquéz señale: “Ese proyecto, en las condiciones históricas entonces existentes en Chile, sólo podía instaurarse mediante un régimen dictatorial[53]”.

Cómo se puede apreciar, la configuración legal del sistema de educación superior chileno fue establecido bajo la dictadura militar. Esto posibilitó la implantación global de un modelo neoliberal para el ámbito educacional, con la menor resistencia posible. Al contrario de los dos casos anteriores, Pinochet gozó de una amplia potestad para aplicar al pie de la letra lo que los otros casos tuvieron que –en algunos momentos flexibilizar-. Los gobiernos de la concertación en una primera etapa (Patricio Aylwin y Eduardo Frei) heredarán las normas vigentes que posibilitaron la apertura hacia el mercado. Sin embargo bajo el período de Ricardo Lagos y Michel Bachelet, es decir, en la segunda etapa de la era concertacionista se aplicarán medidas en materia de educación superior que profundizaran el carácter neoliberal de este.

En cuanto a los pilares del sistema en la década de los noventa lo encontramos en la Constitución de 1980 impuesta bajo la dictadura.[54] En ella se otorga un nuevo carácter al Estado, denominado como subsidiario, muy a fin a las políticas neoliberales otorgando a las familias el deber de educar a sus hijos[55]. Con esto, se desliga el Estado del deber de otorgar educación y al igual que en el caso peruano se particulariza en la familia, llevándolo por ello al ámbito de lo privado.

Como segundo elemento legal del sistema de educación superior chileno, encontramos la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual publicada el 10 de marzo de 1990 fue el último refugio jurídico dejado por el dictador Pinochet antes de entregar el poder.

La L.O.C.E. abre el espacio para la creación de entidades de educación superior privadas, mediante corporaciones sin fines de lucro[56]. Sin embargo en la práctica este precepto no se cumple, generando enorme utilidades no declaradas en base a diversas empresas que asisten en el proceso educativo, como inmobiliarias, informáticas etc.[57] En relación al eje de análisis “gobierno universitario” no hay referencia alguna. Este ámbito se encuentra regulado en los Estatutos Orgánicos de cada una de las Universidades públicas de Chile, las cuales en ningún caso permitía el co-gobierno Universitario. Esta es una de las particularidades propias del caso chileno en relación con los otros dos países analizados, puesto que en los vecinos del Conosur se mantienen bajo la era neoliberal los gobiernos estudiantiles. En el caso peruano es mucho más cercenado que en el Argentino, pero no se suprimió en totalidad su existencia.

El autoritarismo chileno heredado de la dictadura es muy fuerte en comparación con nuestros vecinos, ya que bajo los gobiernos de la Concertación no habrá legislación alguna “desde arriba” a fin de retornar a los sistemas de cogobierno universitarios en el país. De hecho entre 1990 y el 2007, sólo una universidad tiene una especie de co-gobierno (Universidad de Chile) bajo la figura de un senado universitario que no tiene potestades deliberativas en las materias relevantes, como conducción y elección de figuras unipersonales.[58] Existen otros dos casos de universidades públicas chilenas que han empezado un proceso de reorganización con participación democrática. Una de ellas es la Universidad de Santiago de Chile, la otra es la Universidad de Valparaíso. Esta última ha funcionado de facto, de manera triestamental desde el 2007, luego de la expulsión del Rector Juan Riquelme por parte de las exitosas movilizaciones estudiantiles que conquistaron triestamentalidad, discusión de nuevos estatutos orgánicos y congelamiento de aranceles. La Universidad cuenta con un Consejo “académico” que incorpora a los estudiantes y funcionarios en porcentajes de 66%, 22%, 11%, en su seno. Además de esto han logrado votar en la designación de los Directores de los Institutos de la Facultad de Humanidades además del Decano de la misma. Aún no participando en la elección del Rector.

Tanto el caso de la USACH como el de la U. V. tienen la característica de haber sido movimientos generados desde las bases, que han logrado avanzar en los procesos de recuperación democrática. Lo que demuestra que bajo los gobiernos de la concertación, no se hicieron iniciativas “desde arriba” a fin de volver a los espacios democráticos previos a la dictadura militar.

Ahora bien, bajo la segunda etapa de los gobiernos de la concertación se terminará por consolidar el modelo neoliberal de educación superior chileno. Dicha etapa tuvo de la mano la aprobación de la Ley de Acreditación Universitaria, al igual que el caso Argentino y peruano[59] además de la ley de financiamiento de la educación superior. Ambas leyes provenientes de las recomendaciones de organismos internacionales como el F.M.I. y el B.M. Acelerarán la competencia y generaran una compleja red de requisitos para la obtención de recursos Estatales para las Universidades públicas y/o privadas, generando un sistema de crédito donde el Estado funciona como aval ante las entidades privadas con un interés anual promedio del 5,8%[60].

Según el economista Manuel Riesco, este perverso sistema ayuda a enriquecerse a entidades privadas financieras, y a endeudarse a costa del Estado.[61]

En cuanto al eje financiamiento, podemos decir que en el caso chileno no existe gratuidad en la enseñanza, ni en universidades públicas ni privadas. El Estado genera varios tipos de becas que no cubre todo el arancel de pregrado, obligando a los estudiantes a endeudarse con créditos estudiantiles o pagar en efectivo las diferencias.[62]

La datos chilenos para el 2008 establecen la existencia de 179 entidades de educación superior, de las cuales 59 son Universidades[63]. De estas, 26 son consideradas como tradicionales, de las cuales 16 son de propiedad del Estado, concentrando un 33% de total de la matrícula.[64] Por otra parte, Las Universidades autónomas tradicionales o derivadas que no pertenecen al Estado de Chile son 8 y comprenden el 29% del total de matrícula. Finalmente 28 universidades son de tipo privadas autónomas y corresponden a 37% del total de matrícula de Educación superior en Chile. Otro dato relevante es que según los datos del mineduc “entre 1990 y el 2005 la tasa de crecimiento de la matriculas en universidades privadas aumentó en más de mil por ciento. En cambio, las universidades públicas agrupadas en el Consejo de Rectores (CRUCH), creció 142,1% en el mismo lapso de tiempo.”[65]

Es decir, la tendencia del ámbito privado a concentrar la matrícula el mayor en Chile en relación con entidades públicas, al contrario de Argentina. Dicho sea de paso, esta última tiene una tendencia al alza mostrada con anterioridad.

Con respecto a la inversión directa del Estado para sus propias Universidades, podemos decir que en la actualidad es paupérrimo. Por ejemplo, en su presupuesto general del 2008, la Universidad de Valparaíso recibió un total de 7,9% de aporte fiscal directo, cerca de un 9% se generaban mediante prestación de servicios y el resto, vale decir el 83,1% del total es financiado con los aranceles de los propios estudiantes, es decir se ha trasladado el costo de la educación a las familias desligándose el Estado de este. Con este último ejemplo se muestra que en comparación con los dos casos anteriores, el chileno es el más neoliberalizado y crítico.

El Estado de Chile actualmente otorgó un 2,2% del PIB en educación superior, siendo considerablemente bajo, debido a que el promedio de los países de la OCDE aportan un 6,1%[66]. El gasto histórico más alto del PIB en educación fue en 1971 con un 7,1%, mientras que el 2007 fue de 3,6%[67]

Finalmente, el sistema neoliberal chileno muestra un ostensible crecimiento del sector privado, con cobro de aranceles a los estudiantes bajo un porcentaje enorme de endeudamiento y sin gobierno estudiantil. Este perverso sistema fue implantado en la dictadura militar y consolidado además de profundizado bajo los gobiernos democráticos. En síntesis tomando como eje de análisis “gobierno universitario”, podemos señalar que el elemento homogéneo en los tres casos estudiados es el crecimiento desregulado de la oferta universitaria privada y el desligamiento del Estado en sus aportes directos. Por otra parte, los elementos heterogéneos guardan relación con el eje “gobierno estudiantil”, manteniéndose en el caso Argentino, y suprimiéndose temporalmente en el caso peruano, y no existiendo en el caso chileno. Finalmente tano Argentina como Perú ha mantenido educación pública gratuita en tiempos neoliberales, al contrario de Chile.

NOTAS:

[1] Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Editorial Crítica, Barcelona.

[2] Ver: John, Crabtree, Alan García en el poder. Perú 1985-1990, Peisa, 1992.

[3] Ibídem.

[4] Para profundizar el tema de la debilidad del Estado peruano, recomendamos la lectura de: Marie Jo Burt, Violencia y autoritarismo en el Perú. Bajo la sombra de Sendero. Lima, IEP, 2007,

[5] Para este caso seguiremos la tesis de Kennet Robert, según el cual existiría la capacidad de adaptación del fenómeno del populismo para tiempos neoliberales, para profundizar esto ver: Kennet Robert, “El neoliberalismo y la transformación del populismo en América Latina. El caso peruano.”, en Maria Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone, Populismo y neopopulismo en América Latina, EUDEBA, 1998.

[6] Carlos Iván de Gregori y Carlos Meléndez, El nacimiento de los otorongos. El congreso de la República durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000), Editorial IEP, 2007.

[7] Ver: Cynthia McClintock y Fabián Vallas, La democracia negociada: las relaciones Perú-Estados Unidos (1980-2000), Lima, IEP, 2005.

[8] Ibídem.

[9] Para profundizar este tema ver: Moisés, Arce, El fujimorismo y la reforma del mercado en la sociedad peruana, Lima, IEP, 2010.

[10] Para profundizar esto ver, Ley de educación superior N° 23733, disponible en: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos.php.

[11] En la ley n° 23733 se establecen representaciones en los órganos colegiados en números

[12] Constitución de la República del Perú de 1979. Disponible en: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm

[13] Ibídem.

[14] Decreto legislativo n° 726

[15] Dentro de las casas de estudio intervenidas se encuentran: Universidad Nacional Federico Villarreal. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle "La Cantuta". Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco. Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lca.

[16] Para profundizar recomendamos la lectura de: Sandoval, Pablo, Juventud universitaria y violencia política en el Perú La matanza de estudiantes de La Cantuta y su memoria, 1992-2000. Disponible en: http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/introperu.pdf

[17] Ley n° 26439.

[18] Artículo n° 13 de la Constitución de la República del Perú. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf

[19] Disponible en: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos.php

[20] Op. Cit. Ongaro, Andrés, La legislación sobre educación superior en el Perú”, IESLAC/UNESCO, 2002.

[21] Porras Lavalle, Raúl E. “Notas para el estudio de la formación profesional en Perú”. En: Escenarios mundiales de la educación superior. Análisis global y estudios de casos. López Segrera, Francisco. CLACSO, disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/segrera/04PLavalle.pdf

[22] López, Marga, Aspectos económicos de la Universidad Peruana, disponible en: http://www.slideshare.net/margaysabel/aspectos-economicos-de-la-universidad-peruana

[23] Las Universidades peruanas generan recursos propios, mediante los aranceles de post-grado, por servicio de consultoría, laboratorio capacitación etc.

[24] Ibídem.

[25] Eugenia Aruguete, Lucha política y conflicto de clases en la postdictadra. Límites a la constitución de alianzas policlasistas durante la administración de Alfonsín, en Alfredo Pucciarelli (Coord.) Los años de Alfonsín, Siglo XXI, 2006.

[26] Steve Levitsky, Las transformaciones del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999, Editorial Siglo XXI, 2005.

[27] Carlos, Montaña; Esther Levy, “Reforma del Estado y políticas neoliberales”, en: Garcés, Mario, Democracia y ciudadanía en el MERCOSUR, Santiago, Lom, 2007.

[28] Constitución Nacional de la República de Argentina, 22 de agosto de 1994, disponible en: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Argentina/argen94.html#primerapartecap2

[29] Ibídem. Artículo 75, inciso 18.

[30] Ibídem, inciso 19.

[31] Ibídem.

[32] Ley N° 24.521, disponible en: http://www.me.gov.ar/consejo/cf_leysuperior.html#titulo

[33] Ibídem, artículo n° 13.

[34] Ibídem, artículo n° 30.

[35] Ibídem, artículo n° 44.

[36] Diaz, Claudio, Carta abierta a la comunidad académica de la Universidad de Valparaíso, disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tGbaGUNJXMsJ:hernanmontecinos.com/2008/03/31/acreditacion-universitaria/+banco+mundial+y+acreditacion+claudio+diaz&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=cl&source=www.google.cl

[37] Ibídem, artículo n° 52.

[38] Ibídem, artículo n° 54 y 55.

[39] Ibídem, artículo n° 59.

[40] Al respecto de esta tendencia, recomiendo la lectura de: Plotkin, Mariano Ben. Capítulo II: “El desarrollo de la educación superior privada en la Argentina”. En: La privatización de la educación superior y las ciencias sociales en Argentina. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/plotkin/Introduccion2.pdf carreras de Psicología y Economía. Mariano Ben Plotkin. Programa Regional de Becas, CLACSO, Buenos Aires, Argentina.

[41] Caillón, Adriana, La Educación Superior Universitaria Privada en Argentina, UNESCO-EISALC, disponible en: http://www.saidem.org.ar/docs/Textos/Caill%F3n%20A.%20La%20educaci%F3n%20superior%20universitaria%20privada%20en%20Argentina.pdf

[42] Susana Fernández Alfaro y Sara Fernández López, Financiación de la educación superior en América latina: Argentina, Méjico y Brasil. Disponible en: http://www.pagina-aede.org/Sansebastian/23.pdf

[43] Ibídem.

[44] Ibídem.

[45] Plotkin Op. Cit.

[46] García, Manuel, El Financiamiento de las instituciones de educación superior en Argentina. Disponible en: http://proyecto.unlam.edu.ar/espec/htdocs1/%5Cprogramas%5CFinanciamiento%5CInforme%20Financiamiento%20-%20Argentina.pdf

[47] Soriano de Castro, Edith, Formación del capital humano… disponible en: www.saece.org.ar/docs/congreso3/Soriano.doc

[48] Facundo Solanas, disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/604/60416041008.pdf

[49] Usamos el concepto global, según la tesis de Luis Corvalán Marquez, para ello ver: Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile, Editorial sudamericana, Santiago 2000.

[50] Silva, Eduardo, “La política económica del régimen militar chileno durante la transición: Del neoliberalismo radical al neoliberalismo pragmático”, en: Paul Drake e Iván Jaksic, El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982-1990, Santiago, FLACSO, 1993.

[51] Corvalán, Luis, “Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile”, Ed. Sudamericana, Santiago, 2001

[52] Ibídem.

[53] Ibídem.

[54] Esta constitución, fue aprobada con un fraudulento plebiscito que no contaba con registros electorales.

[55] Constitución de 1980. Capítulo III artículo 3.

[56] Ley L.O.C.E. artículo 30.

[57] Este hecho ha sido denunciado por las actuales movilizaciones en el 2011.

[58] Estatutos Universidad de Chile, disponible en: http://www.uchile.cl/portal/presentacion/normativa-y-reglamentos/13824/titulo-ii-organos-superiores-de-la-universidad

[59] En el caso peruano dicha ley será enmarcada bajo una nueva Ley de educación superior del Perú del 2003, bajo el gobierno de Toledo.

[60] Disponible en: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110606/pags/20110606171056.html

[61] Recomiendo el interesante análisis de Manuel Riesco sobre este problema. Ver: http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/06/03/%C2%A1cae/

[62] Ver: www.becasycreditos.cl

[63] Bustos, Herman, Jóvenes y educación superior, disponible en: http://www.slideshare.net/HermanBustos/educacion-superior-datos-de-chile

[64] Disponible en: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=77983

[65] Disponible en: http://www.reporte.cl/principal/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=41

[66] Disponible en: http://fech.cl/docs/documentos/comision-financiamiento/

[67] Mineduc, estadísticas de la educación, división de planificación y presupuesto del MINEDUC de Chile.

Anibal Pérez. Profesor de Historia y Ciencias Sociales.

 
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