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¿Quién nos salva de los jueces chilenos? por Luis Sepúlveda*

La independencia del poder judicial es una obviedad en un estado de derecho, pero esto no significa que la sociedad civil deba conformarse con que la opinión de un juez le arrebate la protección asegurada por tratados internacionales. Es bastante curioso que en Chile, una país que evidentemente avanza hacia la recuperación de la institucionalidad democrática, un solo juez, en este caso el magistrado Víctor Montiglio, de un monstruoso salto atrás y haga que el país retorne al negro pasado reciente de la impunidad concedida a los peores criminales y ladrones de nuestra historia.

Se supone que en una sociedad civil es esa misma sociedad la que dicta las leyes que han de ser impartidas por los jueces, y si las leyes no garantizan la seguridad ciudadana, aún en contra del criterio de los jueces, deben ser cambiadas. El nuevo gobierno esperanzador de Michelle Bachelet debería tomar en consideración el ejemplo argentino, país en el que, respetando el anhelo social de castigar a los responsables de las páginas más crueles de su historia, un gobierno responsable y sensible a las necesidades de una justicia confiable, derogó las leyes de impunidad que beneficiaban a cientos de asesinos. Vox Populi. ¿A qué chilena o chileno le caben dudas acerca de la responsabilidad criminal de Pinochet? ¿Quién se atreve a dudar de la condición de asesinos de los generales ® Sergio Arellano Stark y Odalier Mena? ¿Quién levanta una mano para defender la inocencia de miserables como Luis Carrera Bravo y René Bravo Llanos?

Según el peculiar juicio del juez Montiglio, en el caso llamado Caravana de la Muerte no es posible aplicar la Convención de Ginebra contra crímenes de guerra, firmada por el Estado chileno en 1950, que define la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de plena vigencia en Chile, porque los crímenes cometidos por canallas como Arellano Stark y compañía fueron perpetrados sin que mediara una declaración de guerra, y porque los opositores a la dictadura no se habían organizado como fuerzas armadas.

En lo último tiene razón: todos los asesinados en el caso Caravana de la Muerte no pertenecían a ninguna organización militar ni habían ocupado una porción del territorio. ¿Dónde estaba, dónde vivía, qué periódicos leía, qué televisión miraba el juez Montiglio, que nunca se enteró del “estamos en guerra señores” repetido una y otra vez por el sátrapa mayor?

Amnistiar a los responsables del caso Caravana de la Muerte, además de un nuevo insulto a las víctimas y sus familiares, es prevaricar mediante el acomodo más vil de la ley a los intereses de un grupo de criminales. ¿Quién nos defiende de estos jueces?

En Chile, con el nuevo gobierno limpia y esplendorosamente elegido por la voluntad ciudadana, se abre un bello proceso de formulación de ideas para llegar al imaginario colectivo acerca de qué país queremos. Se pueden sugerir miles de ideas, pero hay una sola de urgencia imprescindible: queremos un país justo y respetuoso de todos los convenios internacionales que garantizan el derecho a la vida y el castigo ejemplar a quienes lo violan. Mientras las heridas abiertas por la dictadura y sus asesinos permanezcan abiertas no habrá reconciliación posible. Para que el país se recupere del trauma que significa convivir con asesinos, toparse con ellos en la calle, verlos moverse al amparo de trucos legales adoptados por jueces venales, es absolutamente necesario derogar las leyes de amnistía que los benefician y tener el valor, el coraje civil y ciudadano de enfrentar el pasado reciente con energía.

Como escritor, en los países que visito suelo ser invitado a la embajada de mi país para una cena o almuerzo. Siempre agradezco esas gentilezas y confío en que algún día las fuerzas armadas chilenas se despojarán de la necia complicidad de un corporativismo anacrónico, y serán parte acusadora contra los criminales que enmierdaron y enmierdan su prestigio. Ese día aceptaré sentarme junto al agregado militar, naval o aéreo, sin el asco que siento cada vez que veo un uniforme.

*Escritor chileno, adherente de ATTAC y colaborador de Le Monde Diplomatique. Gijón, 14 de abril de 2006

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