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Conflicto mapuche y represión en Argentina. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Por Eduardo Giordano

En un reciente artículo advertíamos sobre la involución política que vive Argentina en cuestiones de derechos humanos desde que asumió el gobierno del presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2015.[1] Analizábamos detenidamente el caso de la dirigente social indígena Milagro Sala, diputada electa del Parlamento del Mercosur, presa desde hace 20 meses de manera “preventiva” en la provincia de Jujuy, sin condena alguna en este sentido y sin siquiera estar procesada, pero en cambio proscrita para ejercer la política. Señalábamos también que este no era un caso aislado, ya que otras comunidades indígenas están siendo hostigadas por el gobierno neoliberal de Cambiemos en defensa de los terratenientes, reprimiendo brutalmente sus protestas y deteniendo a sus dirigentes, como es el caso de los mapuches en la Patagonia, enfrentados por su derecho a la tierra con la multinacional Benetton, entre otros latifundios que ocupan sus tierras ancestrales. En lugar de atender sus reclamos, el gobierno reprime y criminaliza a los dirigentes de los pueblos indígenas que luchan por derechos legítimos, tales como la tierra o los cursos y espejos de agua, que a menudo ocupan esos latifundios impidiendo el acceso público, o que son puestos en peligro por las políticas extractivistas de las multinacionales mineras y petroleras.

El encarcelamiento del líder mapuche Facundo Jones Huala, reclamado por la justicia de Chile en un caso de dudosa transparencia y por el que ya fue sobreseído con anterioridad, encendió la mecha de los últimos conflictos sociales, con graves repercusiones a nivel nacional. Desde el 31 de julio de 2017 se produjo una escalada represiva descomunal, no por previsible menos alarmante en el contexto de un sistema democrático.

Ese día, al cumplirse un mes de la detención del lonko Facundo Jones Huala, la comunidad mapuche de Río Negro realizó una protesta ante los juzgados de Bariloche por su liberación, duramente reprimida por la policía provincial, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería, en un operativo dirigido in situ por Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Días antes, el propio líder mapuche definió así su situación: “Estoy preso de forma ilegal. El año pasado hubo un juicio por un pedido de extradición a Chile, que fue declarado nulo por diversas irregularidades, entre ellas por la tortura a testigos. Fui liberado y esa causa está ahora en la Corte Suprema. Pero me volvieron a detener en junio por la misma causa. Por lo cual no se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”.[2]

El mismo día de la protesta en Bariloche, unos pocos mapuches interrumpieron el paso por carretera frente a las estancias de Benetton para llamar la atención sobre sus reclamos. Tras la brutal represión, ejecutada por más de un centenar de efectivos de la Gendarmería contra siete mapuches que cortaban la ruta, se constató la desaparición de un artesano bonaerense que participaba en la protesta en solidaridad con la comunidad mapuche, el joven Santiago Maldonado. Desde el primer momento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo desconocer su suerte.[3] En lugar de enfocarse en localizar al joven desaparecido, la ministra aludió al accionar violento de un supuesto grupo guerrillero denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el que se intenta encuadrar al dirigente preso Facundo Jones Huala al mismo tiempo que se admite desconocer quiénes lo integran. A pesar de lo cual, la ministra afirmó categóricamente que “detrás de la RAM hay una organización inglesa, que es la principal aportante” de fondos, propagando así manipulaciones periodísticas atizadas por la derecha ultranacionalista.[4]

Desde la prensa conservadora se alienta esta fantasmagórica idea de una organización terrorista mapuche dispuesta a adueñarse de una parte de la Patagonia, que buscaría declarar una inverosímil república independiente en alguna provincia del sur de Argentina. Los periodistas más reaccionarios llegan a comparar la imaginaria situación con la estrategia del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) a mediados de la década de 1970, cuando esa organización guerrillera ocupó militarmente una porción de la provincia de Tucumán. Ahora bien, el ideario mapuche no es este, y el armamento que se exhibe de estas comunidades se compone de piedras y objetos de labranza, y el elemento más mortífero que podrían emplear es el fuego. No disponen ni se podrían permitir la obtención de otras armas, dada su pobreza.[5]

La implicación del Ministerio de Seguridad y de la Gendarmería en el caso es muy clara. Testimonios directos e indirectos, tanto de voceros mapuches como de candidatos de partidos de izquierda que viajaron a la zona, aseguran que Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, coordinó personalmente la operación que concluyó con la desaparición de Maldonado desde una base operativa ubicada en las estancias de Benetton. Noceti fue visto y fotografiado ese día por la mañana y a última hora de la tarde, saludando a los gendarmes, y tuvo un duro intercambio de palabras con mujeres mapuches detenidas en la zona que después testificaron al respecto. En estas circunstancias, el rechazo del presidente Macri y de su ministra de Seguridad a investigar a fondo a la Gendarmería y a su mano derecha, Pablo Noceti, puede tipificarse como delito de encubrimiento de un delito de lesa humanidad.

Este gravísimo caso de una persona desaparecida en la represión de una protesta social por primera vez en democracia mantiene movilizadas no solo a las organizaciones de derechos humanos y a los organismos internacionales que las apoyan, sino a la mayor parte de la sociedad argentina, dentro y fuera del país. A las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en primer lugar, que convocaron a una movilización masiva en todo el territorio. También a toda clase de grupos y sectores sociales, autoconvocados de forma espontánea para enfrentar el desafío y muy activos en las redes sociales. En muy poco tiempo, en el lapso de una semana, grupos de artistas, cineastas, actores… infinidad de personas de todos los sectores sociales produjeron una inmensa cantidad de material relevante -textos, fotografías, videos- que circuló a gran velocidad por las redes sociales con conexiones nacionales e internacionales.

Desde el exterior pronto se oyeron reclamaciones al gobierno de Mauricio Macri. Amnistía Internacional emprendió una campaña global sobre el caso Maldonado, y el Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió al gobierno argentino una respuesta urgente.[6] Al mismo tiempo, cientos de intelectuales y profesionales de renombre de todo el mundo, encabezados por Noam Chomsky en Estados Unidos, expresaron su repudio a la inacción del gobierno para esclarecer los hechos. En Europa algunos partidos de izquierda, como Podemos en España, denunciaron la desaparición forzada de Santiago Maldonado exhibiendo su foto en el Congreso.

La marcha convocada al cumplirse el primer mes de la desaparición fue multitudinaria. El clamor social se oyó en todo el país y también en el exterior. La Plaza de Mayo se vio ampliamente desbordada por la presencia de más de 250.000 personas, con las avenidas aledañas saturadas y mucha dificultad para abrirse paso entre los manifestantes para llegar a la plaza.[7] El único orador fue el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, en representación de la familia y acompañado de las organizaciones de derechos humanos. Sin poder contener la emoción, acusó directamente al gobierno: “Fuimos maltratados por la ministra de Seguridad”, aseguró, y lamentó estar siendo “hostigados por informaciones falsas". Afirmó categóricamente que la ministra mintió cuando habló de “falta de colaboración” de la familia y detalló los mecanismos que usó para proteger a la Gendarmería. "Le pido a la ministra que dé un paso al costado", dijo, una petición que encontró amplio eco favorable entre la multitud que lo escuchaba.[8]

No se trataba de señalamientos gratuitos. El Ministerio no investigó realmente a la Gendarmería, ni reconoció la intervención de Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, en el operativo, aunque estuvo presente en la zona y según muchos testigos fue el responsable directo de la represión y las detenciones del 31 de julio en Bariloche y de la represión y militarización en la comunidad mapuche de Cushamen ese mismo día y el 1 de agosto. En lugar de investigar estas denuncias, la ministra de Seguridad se adhirió a versiones difundidas por los medios oficialistas según las cuales Santiago Maldonado habría sido divisado a 2000 km de distancia del lugar, trasladado como ciclista mochilero por un camionero de la provincia de Entre Ríos, o más tarde haciendo dedo en la ciudad salteña de Tartagal, o en distintos lugares de Chile; o incluso se llegó a especular con que no pudo haber estado ese día, ya que previamente habría sido acuchillado por un trabajador mapuche en un asalto a la hacienda de Benetton.[9]

El acto en Plaza de Mayo transcurrió de manera pacífica entre las 17 y las 20 horas, con acompañamiento musical desde el escenario. Al finalizar los discursos, los asistentes comenzaron a desmovilizarse; pero dos horas más tarde, hacia las diez de la noche, cuando ya quedaba muy poca gente en la plaza y aledaños, se desencadenaron incidentes que según fuentes contrastadas fueron provocados por agentes de inteligencia infiltrados en la marcha con la consiguiente sobreactuación de las fuerzas de seguridad.[10] Las numerosas imágenes grabadas muestran la brutal arremetida de la policía contra los transeúntes, ya que no actuaron directamente contra manifestantes. Hubo 31 detenidos, que quedaron incomunicados durante dos días y luego fueron liberados por falta de mérito, ya que se trataba de fotógrafos, estudiantes de periodismo, o incluso personas que pasaban por ahí accidentalemente, pero que ni habían concurrido a la marcha (como en el caso de un informático que salía de su trabajo o el de un venezolano que estaba de paso). Algunos de estos detenidos sufrieron el impacto de balas de goma o presentaron otro tipo de lesiones causadas por la represión policial, no obstante lo cual se les mantuvo la incomunicación. Al quedar todos ellos en libertad, pudo comprobarse que en muchos casos la policía había falseado el lugar y la hora de detención para simular que se había producido en la plaza durante el horario de la marcha.[11] Estas víctimas de la represión fueron atrapadas al azar, en una azarosa cacería de despistados, además de todo aquel que tuviera una cámara visible: fotógrafos y hasta niños grabando con sus teléfonos móviles. Aunque estas personas hayan sido liberadas, seguirán acusadas por la policía de terribles cargos que no les competen, como la joven fotógrafa boliviana o el músico que tocaba el siku en la plaza, acusados al azar de pertenecer a un grupo que arrojaba piedras y bombas molotov.[12]

Una organización sindical de periodistas, Sipreba , declaró: “Entre las detenciones arbitrarias que efectuaron hay cuatro compañeros que se encontraban registrando los hechos”, dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, un fotógrafo y un reportero gráfico y estudiante de fotografía. Estos no fueron los únicos casos de ataque directo contra informadores:

“La brutalidad policial contra la prensa fue una constante durante la represión. El equipo del noticiero de la TV Pública también sufrió la violencia policial contra la prensa: dos trabajadores de prensa del canal recibieron gas pimienta en sus rostros. Y una operadora de Canal 13/TN también resultó afectada por el gas pimienta arrojado en sus ojos por la policía. Un fotógrafo de la Colectiva Fotografía a Pedal recibió por parte de la policía un balazo de goma en la nuca, mientras que a un compañero de la Agencia de Noticias Redacción (ANRed) le llenaron el cuerpo de balazos de goma y le arrojaron gas pimienta cuando preguntó a dónde trasladaban a los detenidos. Además, todos los trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo los hechos fueron filmados de forma intimidatoria por la policía.”.[13]

Indudablemente, las órdenes eran evitar que se grabara la brutalidad y la gratuidad de la represión policial. Todo es parte de una política de comunicación digitada desde las más altas esferas del gobierno, que crea acontecimientos disruptivos (disturbios nunca vistos en marchas similares) que alimentan direccionalmente el flujo informativo de los medios afines. Al mismo tiempo, el gobierno intenta legitimar su actuación evitando exhibir los detalles del procedimiento represivo, deteniendo a los periodistas no adscriptos, creando una escenografía para los medios oficialistas e imponiendo una primera definición del conflicto en términos de “manifestantes violentos”. El objetivo es demostrar a las audiencias los riesgos de manifestarse solidariamente e inculcar la imposibilidad de la protesta pacífica, justificar la represión incluso antes de que existan motivos para desplegarla, amedrentar a la población. Es la estrategia de infundir miedo a los desmanes y disturbios, que se presentan como inherentes a la protesta social.[14]

No pocos periodistas e intelectuales sospechan que la desaparición de Santiago Maldonado es en sí misma el punto culminante de esta estrategia de amedrentamiento, un ejercicio aleccionador de disciplinamiento social. Sobre el mismo hecho de su desaparición, la antropóloga Diana Lenton, especialista en genocidio y políticas indígenas y profesora de la Universidad de Buenos Aires, describió gráficamente el mecanismo por el que se propaga el miedo para quebrar la solidaridad con las protestas sociales de los desposeídos: "Yo no tengo ninguna duda de que cuando la Gendarmería ve al muchacho blanco, ven que está ahí y lo van a agarrar. Esto tiene que ver con la represión de la solidaridad; porque tenemos la represión de la protesta, del discurso público, pero también la represión de la solidaridad. La solidaridad no está siendo bien vista por este gobierno, en ningún nivel, y esto también es un ataque a los apoyos, como para decir: ’Cuidado, porque no solamente los mapuches van a pagar el pato, sino cualquiera que los esté apoyando’.".[15]

La represión de la solidaridad, el autoritarismo político que presupone este disciplinamiento a través del escarmiento que ensaya el gobierno de Cambiemos, y al que somete a toda manifestación solidaria con los sectores afectados por sus políticas -desde las fábricas hasta las escuelas, desde los pueblos originarios hasta los movimientos por los derechos humanos-, implica una agudización hasta profundidades de abismo de la grieta que ya separa en dos bloques a los ciudadanos y amenaza con ser un camino directo a un enfrentamiento violento de consecuencias imprevisibles.


[1] El Viejo Topo, n. 356, Barcelona, septiembre 2017.

[2] Página 12, 31/07/2017.

[3] Según un informe publicado por El País a una semana de los acontecimientos (07/08/2017): “Testigos afirmaron que el hombre de 28 años fue detenido por Gendarmería Nacional, pero la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich afirmó que ‘no hay ningún indicio de que se lo haya llevado la Gendarmería y no hay testigos que hayan declarado algo semejante’.”

[4] Ver “La teoría de conspiración de la RAM de Patricia Bullrich”: https://www.youtube.com/watch?v=50o8Q80-Qns

[5] Se han inventado otras teorías de apoyos internacionales: "Hay otros que dicen que los apoyan las FARC, que los apoya la ETA (...) y uno ve que cada vez que la Gendarmería quiere entrar, o la policía, entran, y están bastante indefensos. Las fuerzas de seguridad hacen lo que quieren cuando entran a las comunidades. ¿Dónde está el arsenal bélico inglés, chileno, de la ETA, de las FARC?, ¿dónde está?" (Entrevista con Diana Lenton, integrante de la Red Investigadores del Genocidio Indígena, emitida por Canal Abierto, 28/08/2017).

[6] https://www.pagina12.com.ar/55177-la-onu-reclama-una-respuesta-urgente

[7] Además de la manifestación en Buenos Aires, hubo otras equivalentes en las principales ciudades del país. Por ejemplo en Córdoba asistieron 80.000 personas, pese a un operativo policial disuasivo, realizado el día anterior, de allanamiento a organizaciones y sedes de partidos políticos de izquierda, en los que se incautaron objetos tan peligrosos como banderas y pancartas.

[8] https://www.pagina12.com.ar/60281-fuera-bullrich-fuera-bullrich

[9] El juez ordenó hacer pruebas de ADN sobre un cuchillo ensangrentado, que dieron resultado negativo.

[10] Aunque esta información fue anticipada al día siguiente de la marcha por periodistas críticos, citaremos a un cronista de la conservadora televisión del diario La Nación, poco sospechoso de manipular estos datos. Una semana después, Hugo Alconada Mon aseguraba en su programa del 07/09/2017 que hubo "una marcha mayoritaria pacífica, una minoría revoltosa, y que además la sensación es: ¿y quién tiró la primera piedra? Y la sospecha que hay es que en realidad la primera piedra la tiró la propia policía, o algunos muchachos que son servicios, o que le tienen demasiado cariño a los servicios porque actúan como servicios." Interpelado por una colega que reafirma “que había un interés en que se produjeran los disturbios”, concluye: "Y además en este tipo de manifestaciones es un clásico que tirás la primera mecha y después aparece el típico que aprovecha para hacer lo que quiera, o para romper una vidriera y llevarse lo que quiera".

[11] Algunos jóvenes detenidos después de las 22 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a casi un kilómetro de la Plaza de Mayo, se reportaron como apresados a las 20 horas en Plaza de Mayo.

[12] Según informes periodísticos no comprobados, cuatro de los 31 jóvenes detenidos habrían sido fotografiados arrojando piedras o cometiendo algún acto violento.

[13] http://www.sipreba.org/notas/el-sipreba-denuncia-represion-y-ataques-la-prensa-y-exige-libertad-los-detenidos (02/09/2017).

[14] Los titulares de portada de Clarín y La Nación dieron cuenta al día siguiente de lo providencial que resultó la carga policial para cambiar el eje político del discurso, sustituyendo el hecho principal de la movilización multitudinaria que exigió la renuncia de la ministra de Seguridad por un problema de orden público. La Nación tituló en portada: “Terminó con serios incidentes la marcha que reclamó por Maldonado”, mientras que la portada de Clarín no se quedó atrás: “La marcha por Maldonado terminó con violencia: 20 heridos y 23 detenidos”.

[15] Entrevista con Diana Lenton, Canal Abierto, 28/08/2017.

 
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