El presidente ecuatoriano Rafael Correa parece decidido a no renovar el Acuerdo, suscrito hace casi una década con Washington, sobre el uso estadounidense de la base aérea y del puerto de Manta en Ecuador. El “no” al establecimiento de un “Centro de Seguridad Cooperativa” se sustenta en razones jurídicas pero también de índole política.

Suscrito en noviembre de 1999 con diez años de duración, el Acuerdo permitió la instalación de un FOL con funciones antinarcóticos, una de las estructuras militares más grandes de América Latina. Ubicado a 20 minutos de vuelo de Colombia, el FOL está en conexión con la Fuerza de Tarea Inter-Agencial Conjunta del Sur con sede en Key West, Florida, en la que trabaja personal estadounidense y de otros 12 países –incluyendo a Ecuador– y proporciona apoyo a 14 países en sus operaciones contra el tráfico de drogas.

El “no” se sustenta en razones jurídicas, a las que se suman las políticas. El Acuerdo ha sido denunciado por inconstitucional, ya que fue suscrito por el canciller de Ecuador Benjamín Ortiz y el negociador especial de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Richard Brown, y no por el presidente de la República Jamil Mahuad, como corresponde a un tratado internacional. No fue aprobado por el Congreso como era debido –ya que se establecía una alianza militar– y no se generó documento alguno por parte del Tribunal Constitucional, al que le corresponde dictaminar sobre los tratados internacionales...

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