RED PLURINACIONAL DE JUECES Y JUEZAS DE LAS AMÉRICAS (RPJA)
La Red Plurinacional de Jueces y Juezas de Las Américas, con profundo estupor y sentido de urgencia, hace un llamado a la comunidad legal y a la opinión pública internacional, a denunciar y condenar de manera enérgica la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, dada a conocer el 25 de marzo de 2020, dirigida en contra de la legítima labor y de la propia persona del Juez de Garantía, Daniel Urrutia Laubreaux, mientras actuaba en estricto ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Siendo de público conocimiento, la pandemia COVID-19 constituye una grave amenaza para la humanidad.
En este dramático contexto, prestigiosas autoridades sanitarias y científicas mundiales (OMS, OPS, CDC), así como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han insistido en la urgente necesidad de evitar el hacinamiento de la población general, llamando a los gobiernos a proteger de igual manera la salud y derechos de las personas privadas de libertad, considerando para ello la aplicación de alternativas diferentes a la prisión, en particular para aquellas personas encarceladas por delitos menores y para quienes guardan prisión preventiva, en espera de juicio. Ante estas circunstancias excepcionales, de grave riesgo para la salud de quienes se encuentran confinados en prisión, y en cumplimiento estricto de sus funciones, el Juez Daniel Urrutia dictó una resolución que compete a trece jóvenes detenidos por desórdenes públicos en el contexto del estallido social reciente, modificando la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, de manera que aún cumpliesen medida cautelar equivalente, pero con menor riesgo para su salud. De manera injustificable, rayana en un despotismo que recuerda épocas pretéritas, la Corte de Apelaciones de Santiago, en pleno extraordinario y decisión más que apresurada, no solo impugnó y anuló la resolución dictada por el Magistrado Daniel Urrutia –ipso jure– sino que, además, ordenó iniciar un proceso disciplinario en su contra y la suspensión inmediata de sus funciones.
La Red Plurinacional de Jueces y Juezas de las Américas observa con consternación esta actuación de la Corte de Apelaciones de Santiago, dado que:
• Constituye un atentado inaceptable a la independencia interna de los jueces, puesto que el artículo 145 del Código Procesal Penal (CPP), permite al Juez de Garantía revisar de oficio –motu proprio– la cautelar de prisión preventiva que pesa sobre un imputado y modificarla de acuerdo a las disposiciones del párrafo 6o de ese título; o según indica el artículo 150 de este mismo instrumento legal, así como el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales (COT), estableciendo que el Juez de Garantía es el encargado de asegurar los derechos del imputado durante el proceso penal.
• Anula una resolución dictada por el Juez de Garantía, destinada a proteger los derechos humanos de los imputados, en particular el derecho a la salud, sabiendo que el artículo 150 del CPP establece que “el tribunal deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad física de los imputados”. En este caso, sustituir la prisión preventiva de los imputados por la cautelar de arresto domiciliario total, para minimizar el riesgo de contagio del COVID-19.
• Transgrede o hace caso omiso del principio universal de inocencia que asiste a todo imputado antes de ser sometido a juicio y condenado. En este caso, los imputados solo cumplen una medida cautelar y, por ende, tienen el derecho a recibir en todo momento el trato de una persona inocente, así como ser beneficiados por una sustitución de la cautelar, según lo establezca el Juez de Garantía.
• Su decisión de anular lo dictado por el Juez Daniel Urrutia, afecta a imputados que no tienen antecedentes penales previos, que fueron formalizados por un delito de desórdenes públicos y, por tanto, existe una más que razonable posibilidad que, de ser condenados, reciban penas a cumplir en libertad.
• Incurre en abuso de poder, al imponerse de manera arbitraria por sobre la investidura de un Juez de Garantía, cuyo actuar está tutelado y avalado por numerosos artículos del Código Procesal Penal, ya citados; e impone sanciones que no le competen, según queda establecido en el Acta no15-2018 de la Corte Suprema, artículo 4o: “... No procederá abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales, existan o no recursos procesales que permitan impugnarlas”; y porque la decisión sancionatoria de la Corte de Apelaciones, en contra del Juez Urrutia, ha preterido el fuero gremial que asiste al Magistrado, conforme lo señalado en el artículo 25 de la ley 19.216.
La Red Plurinacional de Jueces y Juezas de las Américas hace notar que el Juez Urrutia Laubreaux, miembro de la Red, cuenta con una notable trayectoria profesional como operador de justicia, destacando su labor proactiva de compromiso permanente e irrestricto en defensa de los derechos humanos, en general, así como de las personas privadas de libertad.
Es de denunciar que esta actuación apresurada y sin fundamento de la Corte de Apelaciones, en contra del Juez Urrutia, no es un hecho aislado. Se suma a otros eventos previos de amenaza y persecución, en los que ha sido necesaria la intervención de la CIDH, cuyo informe declaró al Estado chileno responsable por la violación de numerosos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo aquellos relacionados con la necesaria independencia de acción de la judicatura.
Por todo lo anterior, demandamos al Gobierno chileno y al Poder Judicial:
1. Tomar conciencia de la emergencia sanitaria que amenaza a la humanidad y no distingue razas, fronteras, ni estratos sociales y que, al respecto, las personas privadas de libertad son también sujetos de derecho.
2. Recordamos que el Poder Judicial tiene como mandato constitucional actuar en resguardo del derecho de las personas, que las y los encarcelados durante la protesta social lo son por motivaciones políticas y, por ende, son presos políticos. El eventual contagio y muerte de alguno de ellos, como consecuencia del hacinamiento innecesario en las cárceles, implicará una responsabilidad del Estado chileno ante la comunidad y el derecho internacional.
3. Cesar el hostigamiento en contra del Juez Daniel Urrutia Laubreaux y dejar sin efecto el expediente disciplinario abierto por la Corte de Apelaciones, así como reintegrarlo a sus funciones plenas, que él ha sabido cumplir siempre con excelencia.
RED PLURINACIONAL DE JUECES Y JUEZAS DE LAS AMÉRICAS (RPJA)
Toronto, 26 de marzo de 2020
Ante la última resolución del pleno extraordinario de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 25 de marzo del presente año que revoca las resoluciones del magistrado Daniel Urrutia del 7º Juzgado de Garantía de Santiago en los casos que ha conocido en el contexto de revuelta popular, y en particular respecto de los y las manifestantes de la primera línea, suspendiendo además las funciones del magistrado antes señalado; como Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo declaramos lo siguiente:
1- La Corte de Apelaciones de Santiago, siguiendo la funesta tradición que caracterizó a todos los Tribunales Superiores de justicia en la dictadura cívico militar de Pinochet, ha decidido una vez más ponerse al servicio de las clases dominantes y de todo su aparato estatal que hoy oprime al pueblo de manera descarada y sin pudor alguno. Es fácil recordar en este contexto cuando el presidente de la Corte Suprema Israel Bórquez señaló que "los desaparecidos lo tenían curco", negando las atrocidades que las fuerzas represivas cometían contra la gente más pobre de este país que de manera constante era torturada o desaparecida por su lucha por un país más justo y solidario. También recordamos en estos momentos cuando la Corte Suprema en su conjunto se reunió y apoyó de manera directa el golpe militar de Pinochet como lo reconoció su vocero Hugo Dolmech en el año 2013, o los dichos del ministro de de la Corte de Apelaciones de Santiago Alfredo Pfeiffer en 1994 relativizando el holocausto nazi. Podríamos llenar de ejemplos como estos esta declaración, los cuales develan la ideología reaccionaria y anti popular de las Cortes en nuestro país.
2- Durante todo el proceso de legítima revuelta popular iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019, las Cortes de Apelaciones se han empecinado por mantener la prisión preventiva de los y las manifestantes que han sido detenidos y detenidas en este contexto, sacando resoluciones aberrantes como la prisión preventiva del profesor de matemáticas Roberto Campos, los jóvenes lautarinos privados de libertad por supuestamente hacer una barricada, o los centenares de casos en el que la prisión preventiva ha sido concedida de manera fácil y desproporcionada, evidenciando su carácter político en este contexto.
3- La prisión preventiva de quienes participan en la primera línea de la ciudad de Santiago, es otro caso más en que dicha medida cautelar es utilizada de manera política como castigo social, vulnerando los principios básicos del derecho penal y procesal penal que supuestamente rige en nuestro país, lo que se agravaba mucho más con las sanciones aplicadas al magistrado Daniel Urrutia, que sólo ha velado de manera consecuente por el mínimo respeto de las garantías fundamentales de un Estado de Derecho que de manera acelerada se desvanece y se sustituye por un poder empresarial y militar del cual los Tribunales de Justicia son un engranaje más.
4- Hacemos un llamado abierto a todas las individualidades y organizaciones sociales, territoriales, feministas, indígenas y de derechos humanos, en especial a quienes somos trabajadores y trabajadoras del derecho, de repudiar de manera contundente el actuar funesto de los Tribunales Superiores que una vez más se anotan un punto negro en la historia. No podemos ser cómplices de todo lo que está pasando en nuestro país. En ese sentido, ha llegado el momento de señalar de manera clara quiénes son los enemigos de este proceso de liberación que se vive en estos días.
5- Expresamos nuestra solidaridad con el magistrado Daniel Urrutiua y con todos y todas la funcionarias del poder judicial que de manera honesta han intentado frenar este actuar represivo del Estado chileno que jamás será olvidado por quienes estamos decididos y decididas a combatir la injusticia social en nuestro país. No están solos ni solas, ya llegará un mañana de justicia en el que los y las responsables pagarán por tanto oprobio a nuestro pueblo.
¡A denunciar en todas partes el carácter reaccionario de los tribunales superiores de justicia!
¡Solidaridad activa y combativa con todos y todas las personas que luchan por un mañana mejor!
Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo
25 de marzo de 2020
