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El golpe de Estado permanente. Por Jaime Vieyra-Poseck

La Constitución política democrática de un país es la Ley Fundamental, la de más alta jerarquía. En ella se precisan los derechos y obligaciones de los ciudadanos y su relación con los poderes del Estado y éstos con ellos.

En una Constitución democrática se establece la autonomía e interdependencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, delimitando sus facultades. La Constitución, además, dota a estos tres poderes supremos del Estado democrático de mecanismos de control recíprocos fiscalizándose entre ellos e impidiendo, así, el quebrantamiento de sus facultades constitucionales autónomas.

La violación de una Constitución es el más grave delito criminal contra la convivencia democrática. Su abolición por acción violenta deja a los ciudadanos sin el marco constitucional que garantiza sus derechos exponiéndoles a todo tipo de abusos de poder.

Esto es lo que sucedió con el golpe de Estado de 1973.

Los tres generales de las Fuerzas Armadas y el de Carabineros invalidaron la Constitución democrática y se auto proclamaron los mandatarios y ejecutores de Poder Ejecutivo, Legislativo y, en rigor, del Judicial.

Sin embargo, por la aguda crisis de legitimidad de la dictadura se hizo necesaria la creación de su Constitución. Aprobada en un plebiscito, carente de garantía alguna de imparcialidad, se presentó como la autentificación institucional de la dictadura.

Creada à la carte para el poder dictatorial pinochetista, esta Constitución recoge la quintaesencia de la dictadura; y en ella se plasma el encaje autoritario del régimen con su proyecto socioeconómico ultraneoliberal.

La Constitución de Pinochet está impregnada de una ideología ultraconservadora; su génesis es autoritario y antidemocrático; está colmada de obligaciones y escasa en derechos sociales viables, consagrando una seudo democracia vigilada y tutelada que blinda su perpetuación al exigir quórums de 4/7 para modificar las Leyes Orgánicas Constitucionales y 2/3 para reformarla.

Concebida en dictadura irremisiblemente la vacía de legitimidad y credibilidad política y ciudadana por ser antidemocrática.

El porqué de esta dilatadísima convivencia postdictatorial de tres décadas con la Constitución de Pinochet, hay que buscarla en los albores de la Transición Chilena a la Democracia.

En efecto, para derrotar la dictadura la estrategia política de los demócratas fue usar su constitucionalidad. Ésta fue la pieza política maestra que permitió la derrota del dictador minimizando al máximo la violencia política y el trauma social: fue vencido usando sus propias reglas de juego.

Se ha requerido de una ingeniería política de enorme precisión quirúrgica para llevar adelante una transición a la democracia supeditada a la Constitución antidemocrática de Pinochet.

Un análisis desapasionado de este periodo arroja, paradojalmente, un resultado relativamente favorable: la gobernabilidad (cuasi) democrática ha sido posible; se ha intentado poner en práctica un “crecimiento económico con equidad” ―quintuplicando el poder económico y reduciendo la pobreza de un 45% en 1990 a un 11% actual―, y se ha instalado un discurso político que busca articular la justicia social.

Pero este intento de los 24 años de gobierno centroizquierdista (de los 30 postdictadura) ha sido una colisión permanente contra la pretensión de lograr la cuadratura del círculo que es en lo que se ha convertido la vigencia de la institucionalidad de la dictadura bajo un régimen democrático. El coste político por esta convivencia forzada con la Constitución de Pinochet, irremisiblemente, ha contribuido a desacreditar el sistema al impedir democratizar plenamente Chile, hasta cuajar en el estallido social.

A pesar de las modificaciones antiautoritarias (147) que se le ha aplicado, la Constitución de Pinochet continúa funcionando para lo que nació: ser una muralla china contra toda reforma estructural que intenta cambiar parámetros fundacionales del ancien régime dictatorial.

Así lo demostraron las enormes dificultades constitucionales que sufrió el gobierno de Michelle Bachelet, el más reformador de toda la postdictadura, y que fue el último intento de concertar un cambio estructural tranquilo y pacífico. Se lo impidió, en gran medida, la ya clásica campaña del terror de la derecha económica y política, dueños, literalmente, de Chile, apoyándose en las restricciones que impone una Constitución hecha a la medida para conservar en statu quo de la dictadura.

Las consecuencias por haber sembrado de minas esta última oportunidad de cambio estructural tranquilo que propuso Michelle Bachelet para mejorar la distribución de la riqueza y del ingreso y cambiar la institucionalidad autoritaria consagrada en la Constitución de la dictadura, han conducido al estallido social.

A la ciudadanía no le queda más que la calle en una revuelta ciudadana. El dictador ya ha muerto, pero la esencia de su dictadura plasmada en su Constitución que consagra cabalmente la ideología antidemocrática del golpe de Estado, está en plena vigencia: es un golpe de Estado permanente contra la plena democratización de Chile y contra la representación institucional de las grandes mayorías.

Que el proceso constituyente vaya a provocar el “caos” y la “desestabilización del país”, y que la constitucionalidad pinochetista “garantiza la estabilidad”, como plantea la penúltima campaña de terror de la derecha pinochetista, es una contradicción en sí misma: el estallido social lo produce la constitucionalidad pinochetista; es el proceso constituyente y su plasmación en una nueva Constitución la que otorgará las bases para la estabilidad, la cohesión y paz social.

La frustración de este proceso histórico sólo provocaría un desarrollo gigantesco del estallido social de consecuencias impredecibles. El golpe de Estado permanente que es la Constitución de Pinochet, debe ser superado sí o sí.

De lo contrario, tendremos un estallido social permanente.

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