Recientemente la Ministra de Educación Marcela Cubillos comunicó a la sociedad el deseo de impulsar un Proyecto de Ley contra el “adoctrinamiento político” en Establecimientos Educacionales. Esta iniciativa, junto a otras, buscaría investigar y sancionar el desarrollo de supuestas actividades de adoctrinamiento político a estudiantes desarrolladas por docentes en Establecimientos Educacionales en el contexto de la movilización social y política que se viene desarrollando en Chile en las últimas semanas. Sobre esto es interesante compartir algunas reflexiones.
La primera es que es necesario recordar que la Ministra de Educación se expresa en el espacio público después de un largo y profundo silencio. Esto es importante de destacar, puesto que en medio del más largo y complejo proceso de movilización social de la historia de Chile la Ministra de Educación ha guardado silencio, a pesar de la existencia de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de niñas, niños y jóvenes; a pesar del ataque de Carabineros a estudiantes al interior de Establecimientos Educacionales; a pesar de la incertidumbre de comunidades educativas a lo largo del país con respecto a las formas de llevar adelante las actividades en un contexto como el actual. Las pocas actuaciones del Ministerio de Educación han sido erráticas y preocupantes. Por ejemplo, el lunes 21 de octubre la Ministra fue interrogada por un periodista sobre cómo se le explicaría a un niño los dichos del Presidente de la República de que estábamos en guerra. Incapaz de responder, Marcela Cubillos optó por guardar silencio. Posteriormente, el Ministerio de Educación apoyó la decisión de la Agencia de Calidad de la Educación de aplicar la evaluación estandarizada SIMCE para Cuarto Año Básico los días 20 y 21 de noviembre a pesar de las diversas dificultades que enfrentan las comunidades educativas para su funcionamiento, como así también, a pesar de la recomendación de no hacerlo por parte de distintos actores, como estudiantes, apoderados, el Colegio de Profesores, Investigadoras e Investigadores Educacionales, entre otros. En este último caso primó el obcecamiento tecnócrata y legalista que señala que el SIMCE debe aplicarse anualmente según un calendario determinado, por sobre la reflexión pedagógica básica que indicaba que no existían las condiciones mínimas para someter a niñas y niños, docentes y familias a una evaluación de esta naturaleza.
En segundo lugar, es llamativo instalar el problema del supuesto adoctrinamiento político hoy día. Si se entiende el adoctrinamiento desde una perspectiva elemental como la acción de inculcar ideas o doctrinas políticas a otra persona, es ineludible señalar que aquello ya está considerado dentro de la legislación chilena, por lo mismo, no se entiende por qué ahora sería necesario profundizar en el entramado jurídico para esto. También es importante señalar que el anuncio no viene acompañado de evidencias sustantivas en torno a que situaciones de esta naturaleza estén ocurriendo. Lo que sí se hizo fue divulgar trechos pequeños de videos desprovistos de cualquier contexto y señalar la existencia de cerca de una treintena de denuncias vinculadas a esta materia en un universo de 11.574 Establecimientos Educacionales de Educación Básica y Media a nivel nacional . Ciertamente que lo recomendable en una situación de esta índole habría sido investigar de forma sería el mérito de las denuncias antes de realizar anuncios grandilocuentes y desproporcionados.
Como tercera reflexión, la educación en tanto instancia de humanización de las nuevas generaciones es profundamente política, puesto que supone proyectos de persona y sociedad a formar, optando por algunas vías y rechazando otras. La escuela en tanto espacio donde se lleva adelante el proyecto educacional en su versión institucionalizada es el escenario donde se encuentran diferentes sensibilidades y visiones de mundo. En sociedades que buscan organizarse de forma democrática estas sensibilidades y visiones de mundo sólo deberían conocer el límite de la dignidad humana en sus múltiples facetas. Considerando esto, es necesario resguardar el valor del pluralismo en los Establecimientos Educacionales, reconociéndolo como un valor a cultivar y proteger. Esto no se logra mediante la amputación de la dimensión política de las personas que integran las comunidades educativas, por el contrario, es deseable la puesta en escena de múltiples formas de comprender el mundo, camino fundamental para favorecer el pensamiento crítico, la deliberación informada y la construcción de proyectos personales en diálogo con proyectos colectivos. En esta tarea compleja que es la formación de las nuevas generaciones las y los docentes necesitan colaboración y confianza de la sociedad y especialmente del Estado, no necesitan amedrentamientos infundados.
Hay que considerar además que las niñas, niños y jóvenes son parte del mundo y actores protagonistas de las formas en que este se organiza. De forma especial la historia reciente de Chile nos muestra con claridad que las nuevas generaciones son capaces de dotarse de miradas y prácticas políticas propias, las que van más allá o incluso de contraponen a las de sus familias y comunidades educativas. De esta forma, la idea de las nuevas generaciones como masa irreflexiva fácil de maniobrar es profundamente discutible. Finalmente, hay que advertir que los anuncios ministeriales se comunican en un momento muy complejo del Gobierno de Sebastián Piñera. A las amplias y transversales críticas por el deficiente manejo político frente a la movilización ciudadana se ha sumado con fuerza la crítica a las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Esto último ha sido claramente refrendado por sendos informes de organismos de Derechos Humanos de prestigio internacional como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. De esta forma, los anuncios de la Ministra de Educación son del todo descontextualizados y parece más una decisión un tanto desesperada de instalar la imagen del desarrollo de “otras violencias” a las que la sociedad debería dar atención. Esto es interesante, puesto que en los mismos anuncios se señaló que a propósito de los supuestos casos de adoctrinamiento político se notificaría a la Defensoría de la Niñez y al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que tomen medidas en el asunto, justamente dos instituciones que han estado desarrollando un intenso trabajo en la defensa de los Derechos Humanos durante las últimas semanas en nuestro país.
Considerando lo anteriormente señalado, es muy importante poner freno a esta iniciativa, debido a que la misma iría en la línea de instalar pautas conservadoras que, más allá de abordar problemáticas urgentes de la vida en las comunidades educativas, persiguen criminalizar e intimidar a parte de sus actores. Pautas de este tipo pueden derivar en propuestas profundamente agresivas como lo es el “Proyecto Escuela sin Partido” en Brasil, que busca prohibir y sancionar a docentes por expresar opiniones de carácter político, religioso o valórico durante el desarrollo de su trabajo. Por lo menos en este caso, lo que se ha quedado claro es que con dicha propuesta se ha buscado finalmente perseguir a docentes de ideas contrarias a los grupos profundamente conservadores, católicos, evangélicos y militares que han levantado y propagado el mismo “Proyecto Escuela sin Partido”. En el Chile actual cuestiones de esta naturaleza no pueden ser permitidas, especialmente en un contexto donde docentes y estudiantes están convocadas y convocados a jugar un rol importante en la deliberación pública sobre el país a construir.
Felipe Zurita
Doctor en Educación y Magíster en Educación. Profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
