“Yo cumplía órdenes…”, respondió el General® Guillermo Letelier Skinner al ser interrogado por su participación en contrabandos de armas desde su cargo de Director de FAMAE.
El 1° de diciembre de 1991, en el aeropuerto de Budapest, se encontró un cargamento de 36 toneladas de armas enviadas a Croacia desde FAMAE Chile, disfrazadas de ayuda humanitaria a Srylanka. Después del hallazgo, el General siguió a cargo de la empresa hasta 1996, fecha en que pasó a retiro. Recién, en el año 2006, fue detenido con algunos de sus cómplices y con ellos comparte el spa VIP destinado a los militares, con teléfonos privados, música, internet, visitas irrestrictas y servidumbre pagada.
Pero, esta acción organizada, encubierta e ilegal, como señala la acusación, no es la primera ni la única del General Letelier, actual propietario de la empresa offshore Sociedad Extranjera Marchill Investment en la cual recibió depósitos de la Cornwall Overseas Corporation que a su vez recibía dineros de FAMAE. Algunos medios de la prensa escrita han señalado que cumplió el papel de “testaferro” del personaje que le “daba las órdenes”, creando empresas de papel que pudieran esconder sus latrocinios.
Tampoco la sucinta información que dio la prensa sobre sus actividades, ha comentado que el General, desde sus tiempos de Coronel, ya venía recibiendo órdenes de su Jefe. Órdenes muy bien cumplidas que dieron origen a su fortuna actual y que demostraron su habilidad para los negocios.
Como Coronel de Ejército, después de 1973, le ordenaron hacerse cargo de la privatización de empresas del Estado. Lo hizo acuciosamente, creando varias fortunas y encargándose de subastar las empresas estatales más potentes, rápida y sigilosamente primero, e intensa y masivamente después, cuando se avizoraba la llegada de la democracia y, por consiguiente, el término del festín.
Entre 1983 y 1987 fue Gerente General de la CORFO, entre 1987 y 1989 Vicepresidente de la institución y, durante todo el período hasta 1990, director de varias empresas en proceso de privatización. Entre 1988 y 1990, como miembro del Consejo, organismo máximo de la institución, junto a ministros del régimen como Sergio Melnick y Hernán Buchi, tomó decisiones que afectaron grandes cantidades de recursos públicos.
A su vez, al igual que los miembros de la Junta Militar incluido el General Fernando Mathei, en 1989 adquirió acciones de ENDESA (628.133 acciones), “porque ellos tenían el derecho como cualquier funcionario público”. Pero la forma de pago fue blanda, parte con su desahucio y parte con créditos y los dividendos que obtuvieron las mismas acciones el año previo a la compra.
Los chilenos tenemos mala memoria, pero también poco conocimiento de lo que realmente ocurre en nuestro país. Desconocemos muchas de las hazañas de los Generales durante la dictadura, pero también de personas que ahora son opinólogos, como Sergio Melnick, Ministro de ODEPLAN de la época.
Entre las decisiones que compartieron Letelier y Melnick puede recordarse la privatización de SOQUIMICH, empresa que prácticamente se llevó para su casa el yernísimo Ponce Lerou. La pérdida para el patrimonio público llegó a US$261.977.202, en dólares de diciembre de 1989.[1]
Sin embargo, el General Letelier Skinner cuando fue citado por la Comisión Investigadora de las Privatizaciones de la Cámara de Diputados, en 1991, al mismo tiempo que organizaba el contrabando de armas a Croacia, replicaba con orgullo que todas sus acciones desde la CORFO había sido legales:
“Estamos en la necesidad de concurrir a la Honorable Cámara de Diputados a informar de nuestra gestión en Corfo. Pero así, como estamos obligados a ello, tenemos el derecho inalienable, para que nuestra actuación sea apreciada en conformidad a la ley. Sin embargo, hubo expresiones en el seno de esta Comisión, en la oportunidad a que nos venimos refiriendo, como también, con anterioridad, en el sentido que la legalidad de nuestros actos, al parecer, carecería de importancia.
“En el seno del Poder Legislativo, exigimos que la legalidad sea fundamental en este análisis.
“También, este escenario requiere que se utilicen conceptos de la moderna ciencia económica y de la realidad política que vive a la sazón el mundo, y no conceptos hoy superados, que, como lo hemos indicado, a lo más, sólo podrían servir para calificar inadecuadas inversiones de un pasado que nos sobrepasa.
“Ahora bien, mediante las leyes especiales que se dictaron para que los empleados públicos y miembros de las Fuerzas Armadas en general pudieran adquirir acciones de empresas del Estado, de ENDESA y de la Compañía de Teléfonos, específicamente, es probable que haya habido directores de CORFO, que a su vez, mediante esta ley, hayan invertido su desahucio en la compra de acciones de ENDESA, y pasado a ser también accionistas o directores de ENDESA como parte del juego. No sé si hay algún caso especial que le interese.
“Los ejecutivos de las empresas tampoco estaban impedidos de comprar acciones; los trabajadores menos. Los únicos que estaban impedidos de comprar acciones era la gente de CORFO. Por ley los funcionarios de CORFO no podían comprar acciones. Ninguno. Salvo cuando se aprobó la ley, que hace un rato atrás Ud. mencionó, en la cual se autorizaba a los empleados públicos para aplicar sus desahucios a la compra de acciones de empresas CORFO y en esa ocasión, solamente, y con consulta previa a la Contraloría General de la República. Cuando la Contraloría lo aprobó los funcionarios de CORFO compraron acciones de ENDESA”
Un Diputado, miembro de la Comisión, le pregunta:
“Produciéndose en Chile en ese momento un cambio tan fundamental, tanto de Gobierno como de la Administración ¿cómo se justifica que en febrero de ese año, a pocos días de ese cambio, se efectuaran donaciones por un monto tan alto de $2.837 millones?”
El Coronel respondió:
“No voy a responder juicios de valor porque no me corresponde, pero sí puedo decirles que el Gobierno terminó el día 11 de marzo de 1989, y hasta ese día el Gobierno era legal y tenía que actuar de acuerdo al mandato constitucional. Si era lícito o no haberlo hecho, es algo sobre lo cual no me pronuncio.”
En el año 2006 tampoco se pronunció sobre la legalidad de sus acciones en FAMAE o en sus empresas de papel, sólo reclama haber cumplido órdenes…..
Pronto, seguramente olvidaremos, que desde 2010 un grupo de militares han estado desfalcando las arcas del Ejército, lo que ha llegado a 20 mil millones de dólares. Como se habla poco de eso, pocos hemos tenido oportunidad de enterarnos del reportaje de Mauricio Weibel y así es más fácil olvidar y que los chilenos continuemos teniendo la misma memoria de los peces.
[1] Toda esta información puede encontrarse en el Informe sobre las Privatizaciones de 1973-1990, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, con la oposición de la derecha en bloque, salvo las abstenciones de los Diputados Honorables de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, Roberto Sepúlveda y Marta Isasi. Uno de los anexos corresponde al Informe del Perito Judicial Rolando Godoy sobre Soquimich y otros fraudes similares. Ver www.privatizaciones.cl.
