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¿Necesitamos más justicia social? Por Pablo Aguayo Westwood

Por estos días terribles es común que los y las políticas especulen acerca de la necesidad de justicia social. Sin embargo, estas demandas no son siempre claras ¿Son igualmente condenables todas las desigualdades o hay algunas más relevantes que otras? Junto a lo anterior, cabe preguntarse si la justicia social ha de centrase solo en la distribución de recursos y oportunidades al interior de una sociedad o también requiere la creación de un particular tipo de sociedad mediante un cambio constitucional. Naturalmente una sociedad justa sería la antípoda a una en la que las distribuciones de cargas y beneficios de la cooperación social recayera en distinciones basadas en la raza, el género o la clase social a la que uno pertenece; pero la pregunta es hasta qué punto o en qué medida debemos ser iguales. En la actualidad existe un gran desacuerdo sobre todos los puntos anteriormente señalados y no contamos con una respuesta unívoca que responda a la pregunta sobre cómo es posible alcanzar justicia social.

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Por siglos muchas sociedades han tomado medidas para ofrecer apoyo a sus miembros más vulnerables. Lo anterior se ha hecho mediante acciones específicas para aliviar casos concretos, o a través de instituciones como las Poor Laws en el Reino Unido. Sin embargo, en el pasado tales acciones fueron consideradas como una cuestión de caridad o deber religioso. No fue sino hasta el siglo XX que estas medidas fueron entendidas como legítimas demandas de justicia y que las personas incapaces de sustentarse por sí solas tenían el derecho a reclamar al estado ciertos bienes sociales necesarios para llevar adelante sus vidas.

Frente a la cuestión de cómo alcanzar una sociedad justa en términos de la distribución de bienes y oportunidades, en general se ha entendido que la tarea de la filosofía moral y política es ofrecer ciertos principios (políticos), así como una adecuada justificación (moral) de los mismos. La empresa filosófica más reconocida de las últimas décadas ha sido sin lugar a duda la que John Rawls emprendió a mediados del siglo pasado. En su A Theory of Justice publicada en 1971 Rawls propuso dos principios de justicia social con los que pretendía organizar las principales instituciones sociales a cargo de la distribución de las cargas y beneficios de aquellos bienes que entre todos hemos producido. Cabe señalar que estos principios no fueron pensados como reglas técnicas para ser aplicados directamente a las instituciones que actualmente organizas nuestras sociedades, ni siquiera las más avanzadas en sentido democrático. La idea de Rawls fue ofrecer unos principios que en primer lugar encontraran justificación al interior de una sociedad ideal cuyas principales instituciones pudiesen adoptarlos[1].

Rawls presentó su teoría como una respuesta al utilitarismo cuyos principios recomendaban a los gobiernos maximizar la suma total de felicidad. Para Rawls la debilidad de la doctrina que buscaba el mayor bien para el mayor número fue que en dicha búsqueda las instituciones sociales estaban en principio –y al menos teóricamente– justificadas para sacrificar el bienestar de un individuo si esto iba en beneficio de la mayoría; por ejemplo la realización de trabajos forzados y muy mal pagados con tal de que estos produjesen mayor utilidad total. Por el contrario, la teoría de Rawls protege los derechos de todos los individuos a través de principios que garantizan las libertades básicas y una equitativa igualdad de oportunidades en el acceso a las diferentes posiciones sociales; todo lo anterior protegiendo siempre el bienestar del que está peor por medio de lo que denomina el principio de diferencia.

Para apoyar su propuesta Rawls diseña una estrategia argumentativa a partir de la cual la elección de los principios ha de realizarse detrás de un velo de la ignorancia. Resulta importante señalar que la idea del velo de la ignorancia no es que nosotros mismos reflexionemos detrás de él, sino más bien que imaginemos que personas representativas de grupos de interés –a las que Rawls llama las partes en la posición original– son las encargadas de determinar cuáles han de ser los principios que de manera más justa podrían estar guiando a las principales instituciones de la sociedad en la distribución de las cargas y beneficios de la cooperación social. De este modo, parece que en principio nadie quisiera vivir en una sociedad donde los principios que la regulan no satisficieran las condiciones mínimas para llevar adelante la vida. Rawls de hecho estresa el argumento y nos invita a pensar que habría que ponerse en la situación de que nuestro peor enemigo eligiera nuestra posición social, y que en dicha posición nosotros tratáramos de llevar adelante nuestro proyecto de vida bajo los principios acordados. Dicho lo anterior, ninguna de las partes –sabiendo que representan el interés de otros, pero sin saber de qué otro– elijarían unos principios que les impidieran tener los bienes básicos necesarios para vivir[2]. De este modo, al elegirse los principios en la posición original las partes deberán considerar que sus representados podrían ocupar cualquiera de las posiciones e intentarán, por tanto, elegir unos principios que, aún estando en la peor posición social, les permita llevar adelante su vida.

Cabe señalar que el mismo año en que Rawls publicaba A Theory of Justice (1971), en Chile bajo la presidencia de Salvador Allende fue modificado el artículo 10, Nº 10 de la CPR para expresar que “cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros bienes que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país”. Este proceso de estatización de la gran minería del cobre, junto a varias otras medidas tendientes a distribuir la propiedad de los medios de producción, fue llevada adelante por el gobierno de la Unidad Popular con la finalidad de realizar su ideal socialista. Como es sabido, estas medidas estuvieron en la mira de las grandes potencias internacionales. Años más tarde, y ya instaurada la dictadura civil-militar en nuestro país, una serie de políticas de desregularización del sector financiero, de flexibilización en el mercado laboral, de privatización de empresas públicas y reducción del poder de los sindicatos, permitieron a Augusto Pinochet instaurar las bases para el actual sistema económico y social. Pero al igual que las políticas económico-sociales llevadas adelante en los años ochenta por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, las políticas de Pinochet tenían un sustento teórico claramente identificable.

El origen de esta línea de pensamiento fue desarrollado originalmente por Friedrich von Hayek en Camino de servidumbre (1944) y posteriormente en Los fundamentos de la libertad (1960), donde expuesto su programa filosófico que consistía básicamente en privatizar y disminuir los programas contra el desempleo, eliminar las subvenciones a la vivienda, reducir los gastos de la seguridad social y finalmente limitar el poder de los sindicatos[3]. Para Hayek el estado no tenía responsabilidad en asegurar ningún tipo de redistribución, menos en función de un criterio de justicia social.

Para resaltar la importancia del pensamiento filosófico en el establecimiento del modelo que hoy está en crisis, es importante señalar que Hayek visitó en dos oportunidades nuestro país (1977 y 1981), en la primera se reunió con Pinochet y en la segunda fue condecorado como Presidente Honorario de Centro de Estudios Públicos[4]. No es el lugar aquí para valorar la calidad de la filosofía que uno puede encontrar en los textos de Hayek, ni tampoco en los del Friedman, Nozick u otros pensadores libertarios. Lo innegable es que no solo sus teorías y modelos económicos han sido los que han llevado a la crisis social que estamos padeciendo, sino que sus ideas filosóficas están a la base de los centros de pensamiento con los que la derecha neoliberal ha esparcido su dogma de la libertad y el progreso.

Lo anterior es muy relevante. Cuando una situación similar –aunque mucho menos profunda– ocurrió en el Reino Unido después del gobierno de la dama de hierro, el Partido Laborista bajo la conducción de John Smith estableció The Commission on Social Justice. Dicha comisión incluyó a intelectuales notables como la académica y teórica política Ruth Lister y al filósofo Bernard Williams. Asimismo, recordemos que el Primer Ministro Tony Blair le escribió a Isahia Berlin para que este le ayudase con la distinción entre libertad positiva y libertad negativa tal como lo cuenta Adam Swiftt en su libro Political Philosophy. A Beginner’s Guide for Student and Politicians. Mi punto aquí es que las ideas se combaten con otras ideas y todos sabemos que Nozick, Hayeck y Friedman están en los estantes de todos los centros de pensamiento de la derecha chilena. Lo que no es claro para mí, es que más allá de los eslogan o de los libros autoeditados, no tengo claro qué ideas son las que nos moverán para alcanzar más justicia social y para que la podamos hacer real la frase “el neoliberalismo nació y morirá en Chile”.

 


[1] De aquí surge la expresión utopía realista que ilustra la idea de que dichos principios deberían ser contrastados en primer lugar al interior de una sociedad en las que las personas pudiesen querer que sus instituciones fueran organizadas a partir de ellos. Su teoría sería realista en la medida en que refleja la moralidad y psicología humana tal como se expresan normalmente, y utópica en el sentido de que imagina una sociedad no como existe actualmente, sino más bien como podría ser. Según Rawls, una utopía realista es un marco político que extiende lo que generalmente se consideran los límites prácticos de la política, pero lo hace de una manera compatible con nuestra condición política y social existente. Para una crítica a la aproximación ideal a los problemas de justicia social véase Farrelly “Justice in Ideal Theory: A Refutation” (2007) y Sen The Idea of Justice (2009).

[2] He intentado no usar la expresión “una vida digna” ya que Rawls evita usar la idea de dignidad como parte de su batería de nociones morales. Quizás la razón de lo anterior es el reconocimiento de que esta noción pertenece y tiene un significado muy potente al interior de una determinada doctrina comprehensiva.

[3] El libro Derecho, legislación y libertad apareció en tres volúmenes los años 1973, 1976 y 1979. No es una obra de economía sino más bien de filosofía social. En ellos desarrolla principalmente el tema de la aparición espontánea de las normas morales y legales.

[4] Hayek visitó en dos oportunidades nuestro país (1977 y 1981), en la primera se reunió con Pinochet y en la segunda fue condecorado como Presidente

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