Siempre será oportuno revisar y difundir qué sucede en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet, así como las reacciones de los diversos sectores de la sociedad.
Un suceso reciente es que, a propósito del reciente procesamiento del ex alcalde derechista Cristian Labbé por su responsabilidad penal como autor del delito de torturas, se levantaron de inmediato las voces de representantes del pinochetismo que sostuvieron indignados que era simple persecución política venir a juzgar al representante de la UDI – y ex coronel de ejército – tantos años después de ocurridos los hechos.
Esto es solamente “venganza” dijo el senador Juan Antonio Coloma dolido por la resolución de tribunales y denunció la excesiva tardanza.
Lo sucedido es que –sin perjuicio de otros casos en que se encuentra procesado igualmente por el delito de torturas y por los que será sin duda condenado– Cristian Labbé recibió sentencia condenatoria de apenas 3 años de presidio. Se trata de la sentencia 37 del proceso criminal rol N° 5–2013 del tribunal de la ciudad de Temuco que condena al reo Cristian Labbé Galilea, cédula de identidad 5.398.114–3, coronel de ejército en retiro, de 70 años de edad, a la pena de 3 años de presidio por haber sido autor de la aplicación de tormentos a Harry Cohen Vera.
Originalmente el procesamiento era más amplio e incluía además las torturas inferidas por Labbé a Jaime Rojas, Bernardo Santibáñez y Juan Horacio Rosales, hechos ocurridos en la ciudad de Pangipulli en el mes de noviembre de 1973; sin embargo la Corte Suprema, acogiendo un amparo redujo el caso sólo a las torturas que Labbé aplicó a Cohen Vera.
Interesante la lectura del expediente. El entonces joven coronel Labbé actuaba con el rostro pintado para impresionar a sus víctimas y se paseaba entre ellas a grandes pasos profiriendo toda clase de insultos y amenazas en contra de prisioneros atados, indefensos. Así actuaron en esos años nuestros “valientes” militares… Recordemos de paso que Labbé ha sido signado como uno de los fundadores de la siniestra DINA, policía secreta de Pinochet y formadora de torturadores y asesinos.
La sentencia por apremios ilegítimos (torturas) tiene 152 páginas, es de fecha 30 de septiembre de 2019 y fue dictada por el Ministro en Visita señor Álvaro Mesa.
Entre sus fundamentos jurídicos se encuentran, además de las normas del Código Penal chileno aplicable en la especie, normas y principios del Derecho nacional e internacional contenidos especialmente en la Convención Americana de Derechos Humanos y en las Cortes tanto Internacional como Americana de Derechos Humanos.
Pero el reclamo de la derecha se funda ante todo en la tardanza en hacer justicia. Y en eso coincidimos. En nuestro país la Justicia ha tardado demasiado. Pero es preciso revisar y conocer ¿ quién o quiénes son precisamente los responsables de esta tardanza? ¿Porqué ante crímenes tan feroces como miles y miles de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de torturados, de prisioneros sin causa cometidos a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el fin de la dictadura, no actuó en su momento del Poder Judicial?
La respuesta histórica es que ha sido responsabilidad no sólo de los tribunales sino en primer término de la propia dictadura y, concluida aquella, fue también responsabilidad de los gobiernos democráticos que le sucedieron.
Recordemos, brevemente, qué pasó en todos estos años. Desde luego debe reconocerse que desde 1973 y hasta 1998, hacer justicia en estos casos era imposible. Que nadie olvide que la Corte Suprema de la época, declaró a mediados de 1973 que el gobierno del presidente Allende era inconstitucional.
Aquello fue parte de la estrategia diseñada en Washington a fines de 1970 tras la reunión de Agustín Edwards con Richard Nixon y el director de la CIA de la época. Por supuesto, la Corte carecía absolutamente de facultades jurídicas para un pronunciamiento de tal naturaleza. Pero era el golpe en marcha. Luego de producido, Pinochet promulgó una ley de autoamnistía y contó por muchos años con el servilismo de la Corte Suprema, cuyo presidente Israel Bórquez respondió con una burla infame a quienes buscaban a sus familiares: “¡Los desaparecidos ya me tienen curco!”. Así pasaron esos años. Pero el fin de la dictadura no cambió las cosas. La amnistía seguía vigente, Pinochet continuaba como jefe del Ejército y su discurso era concreto : “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho”.. Sus hombres no fueron tocados por los gobiernos de la Concertación y así pasaron los años.
Hasta que el 12 de enero de 1998, la querella presentada en nombre del Partido Comunista de Chile por un grupo de abogados que tuve el honor de encabezar y acompañados de la dirigente Gladys Marín, fue aceptada a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago la que designó como juez investigador a don Juan Guzmán Tapia. Un hecho histórico que cambió el curso de los acontecimientos ante la sorpresa de todos. Coincidentemente, meses más tarde Pinochet era arrestado en el Reino Unido por solicitud del juez español Baltasar Garzón en el proceso iniciado en el exterior tiempo antes. La historia cambiaba. Comenzaron los procesos y a la querella de enero del 98 se sumaban cientos y cientos.
Pero no debe olvidarse que la llamada Concertación de partidos por la Democracia había premiado a Pinochet con el cargo de Senador Vitalicio. Y fue esa misma fuerza política, supuestamente democrática, la que salvó al dictador de su segura prisión en Europa: Un político “socialista”, José Miguel Insulza, fue el encargado de viajar al rescate del tirano. La fragilidad de la memoria no debe borrar jamás esta asquerosa maniobra en contra de los derechos humanos.
Reiteramos : hasta la querella de enero del 98 un manto de impunidad había cubierto la historia del país. Olvido para los miles de víctimas y en cambio jubilaciones multimillonarias y privilegios de fantasía para los oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Llegó a llamarse al general Juan Emilio del Corazón de Jesús Cheyre como el del “Nunca más” Hoy está procesado criminalmente.
Fue sólo a partir de fines del 2009 que los tribunales se abrieron a investigar también los casos de ejecutados políticos y de torturados ; hasta entonces sólo se llevaba los casos de detenidos desaparecidos. Esto obligó a la designación de jueces de dedicación exclusiva en diferentes puntos del país. Son más de mil quinientos juicios en desarrollo. Y una parte de ellos ha estado dedicada a los casos de oficiales y suboficiales de las propias FFAA que en su momento se opusieron a asesinar o a torturar a sus indefensos prisioneros por lo que ellos mismos fueron sometidos a torturas y a Consejos de Guerra. Su caso, al igual que otros de civiles, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy nuestro país muestra una situación que en esta materia registra más avances que en otros países que igualmente sufrieron dictaduras como son los casos de Uruguay y Brasil y se puede equiparar a lo avanzado en Argentina.
Pero por una parte lo obrado sigue siendo insuficiente y por otra aparecen además señales peligrosas como por ejemplo que las sentencias condenatorias que están dictando los jueces especiales en los últimos años son a penas bajísimas, presidios de muy corto plazo. Por otra parte se hace exigencias desmedidas a las víctimas para acreditar que sufrieron, como si las torturas o las balas hubiesen sido juguetes de niños, lo que además alarga por muchos años los procesos. Y debe agregarse el extraño comportamiento en estas materias del llamado tribunal constitucional que interfiere dudosamente.
El tema del tratamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrado por la dictadura de la derecha chilena en 1973 sigue siendo tema pendiente en Chile. No abordarlo decididamente es contribuír al irrespeto de los derechos esenciales de la persona humana.
