Marisol Garcés Vergara
30 de julio de 2021, territorio mundo
Tanto Chile como Colombia han sido posicionados y promocionados como países con modelos exitosos y estables de crecimiento económico. Sin embargo, han generado enormes niveles de desigualdad en la población, especialmente en el acceso a servicios de educación, salud y pensiones dignas, y más recientes a cuestiones esenciales como el agua. Por otra parte, también son países en los cuales las policías están altamente militarizadas, no se respeta el derecho a la movilización o protesta ciudadana, y existen violaciones masivas y constantes a los derechos humanos de la población, especialmente la indígena. Por medio de este artículo, se pretende realizar una breve descripción del complejo panorama que enfrentan ambos países. Chile: modelo económico, desigualdad y violaciones a los derechos humanos: Después del retorno a la democracia, a inicios de los años 90, Chile es reconocido como un modelo exitoso en cuanto a la reducción de la pobreza y mejoramiento de los niveles de vida de la población, siendo clasificado con ingresos medios altos por organismos internacionales como la CEPAL y PNUD. De acuerdo al informe del PNUD, Chile tiene una tasa de pobreza muy por debajo del promedio de América Latina y ocupa el primer lugar en la región en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que:
Los buenos indicadores socioeconómicos esconden sin embargo una realidad menos auspiciosa: en Chile los frutos y las oportunidades del progreso no alcanzan a todos por igual. En efecto, cuando el IDH se ajusta por la desigualdad, Chile retrocede doce puestos en el ranking mundial... la desigualdad socioeconómica en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la población rural y de las regiones retrasadas, los pueblos originarios, y a personas de diversas minorías. (PNUD, 2017)
De acuerdo al informe “Desiguales” del año 2020, la encuesta Casen (1) del año 2000 señalaba que los hogares del decil 1 (el 10% más pobre) tenían en promedio un ingreso de $20.040 per cápita, mientras que el ingreso del decil más alto era de $801.000. Entre 2000 y 2015 los ingresos del decil 1 crecieron en un 145% real y los del decil 10 en un 30%, por lo tanto, se asumía que la desigualdad de ingresos entre ambos grupos disminuyó. Sin embargo, en términos absolutos, los hogares chilenos del decil 1 aumentaron su ingreso real solamente en $29.000 (145% de $20.040), mientras que los de los hogares del decil 10 crecieron en $239.000 per cápita (30% de $801.000), es decir, casi nueve veces más. Además plantea que 51,5% del ingreso está concentrado en el 5% más rico (PNUD, 2017)
Un rasgo central de la desigualdad en el país es la concentración de ingreso y riqueza en el 1% más rico. Es una dimensión que no mide la encuesta Casen, puesto que las encuestas de hogares subestiman o no logran registrar los ingresos de la población más acomodada. Para su medición se usan los registros tributarios, y para Chile estos datos muestran que el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población. A su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico. (PNUD, 2017)
Por otra parte, a pesar del retorno a la democracia en los años 90, los mecanismos formales de representación política, tienen distorsiones que han implicado que algunos sectores políticos minoritarios estén sobrerrepresentados y tengan capacidad de veto, y que otros más numerosos hayan quedado sistemáticamente excluidos. El informe del PNUD “Auditoría a la democracia (2014: 43) plantea que:
Existen deficiencias en el diseño institucional y en el marco normativo que generan un conjunto de incentivos que afectan los resultados de representación que tienden a reproducir desigualdad y exclusión. Las mujeres, los jóvenes, las personas de regiones y quienes pertenecen a pueblos indígenas están subrepresentados en instituciones formales de representación u otras que juegan un rol ejecutivo pero que inciden fuertemente en las decisiones públicas. La manera en que se estructuran los espacios de poder político y económico, como los directorios de empresas públicas, los consejos directivos de órganos autónomos del Estado y los cargos de alta dirección pública, también sigue la lógica de representación exclusiva. (PNUD, 2016)
El estado de la democracia en Chile contrasta con la imagen de la transición ejemplar o de los primeros puestos en los rankings de democracia que circulan en organismos y estudios internacionales. La encuesta PNUD-DES 2016, muestra que el 41% de la población encuestada ha sufrido alguna forma de malos tratos en el último año, a causa de su clase social (43%), ser mujer (41%) o por le lugar donde vive (28%). Además, la encuesta señala que en una escala del 1 al 10, alrededor del 67% de la población declara que le molesta mucho (9-10) la desigualdad en la salud (68%), educación (67%) y trato respetuoso (66%).
Asimismo, en los últimos 20 años, han sido el sistema electoral binominal, los cuórum supra-mayoritarios y el Tribunal Constitucional, los que en buena medida han determinado quiénes tienen mayor poder en la toma de decisiones del país. Esta institucionalidad ha permitido que numerosas iniciativas que contaban con amplio apoyo de la ciudadanía y con una mayoría en Congreso, no fueran aprobadas o se implementaran con un contenido muy desviado de las demandas sociales que las originaron. (Sierra & Mac-Clure, 2011).
Estas serían parte de las causas que desencadenan el estallido social en octubre de 2019, y que han deslegitimado al gobierno actual, a los sectores económicos poderosos, a la derecha política y a los partidos de la ex Concertación, y han desembocado en un proceso constituyente paritario y plurinacional.
Colombia: conflicto armado, desigualdad y violación a los derechos humanos. En Colombia, después de un conflicto armado interno de casi 60 años, es un país que enfrenta enormes retos relacionados con la democracia. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano del año 2019 para Colombia (PNUD, 2019) se encuentra en el puesto 79 entre 189 países, lo cual ubica al país en la categoría de Desarrollo Humano Alto, debido a que entre 1990 y 2018, el IDH del país pasó de 0.600 a 0.761, con un aumento notable del 26.9%. No obstante, cuando este índice se ajusta por desigualdad, Colombia es el segundo país más desigual del continente, después de Brasil.
en la actualidad el 1 % de la población más rica del país, junto con las compañías transnacionales, son dueñas del 81 % de las tierras. El 62 % de los jóvenes colombianos que viven en el ámbito rural no se inscriben en la educación secundaria y solo un 2 % accede a la universidad. (García, 2019) En el años 2002, el 40% más pobre de la población colombiana (los cuatro deciles con más bajos ingresos) concentraba el 9 por ciento del ingreso total, mientras que el decil más rico (10% con mayores ingresos) agrupaba el 46% por ciento del ingreso, que evidenciaba una desigualdad muy alta. Para 2018, a pesar de que se ha reducido el índice de Gini, no se ve reflejado en los ingresos, ya que el 40% de la población más pobre (los 4 deciles más pobres) sólo concentran el 12% del ingreso total; y el 10% más pobre apenas obtienen el 1,2% del ingreso nacional. (PNUD, 2019)
Sin embargo, al igual que en Chile, las encuestas de hogares, no incluye a las personas millonarias del país, debido a que no viven en Colombia, rechazan el cuestionario o no son seleccionados por la muestra. Por tanto, el grado de desigualdad real en ingresos es mucho mayor de lo que se ve en las cifras oficiales. El régimen político colombiano es fundamentalmente excluyente, limitado y formal, y así lo ha sido a lo largo de su historia. En la coyuntura de la transición a la democracia por la vía pactada, el del Frente Nacional (1956 y 1960) promovió un cambio de régimen político dando vida a un régimen democrático limitado y excluyente de las fuerzas políticas no bipartidistas. El Proceso Constituyente de 1991, también por la vía pactada, fue un cambio en el régimen político hacia una democracia más competitiva y sin barreras explícitas a la inclusión., que implicó una transformación de fondo en las condiciones de la competencia política (Dávila, 2002).
El modo de hacer política que se ejerció durante todo el siglo XX, y funcionó hasta entrado el siglo XXI, no ayudó a configurar una democracia sustancial o a profundizar la democracia, ya que se desarrollaron prácticas clientelistas que sirvieron solamente para mantener la estabilidad y el control del poder, especialmente a nivel regional y local, pero inmerso en una creciente crisis de legitimidad, sin ser capaz de solucionar los problemas de violencia y desigualdad social presentes en la estructura socioeconómica. Este tipo de régimen excluyente ha consistido en la configuración de un terreno relativamente autónomo y aislado de funcionamiento de la política, que no sólo no ha permitido la búsqueda de nuevas salidas que tiendan a cerrar la brecha existente entre la sociedad y el Estado, sino que ha bloqueado y obstaculizado los pocos esfuerzos en tal dirección. (Dávila, 2002)
Esta desarticulación entre Estado y sociedad, y la cooptación que ha hecho el gobierno de los órganos de control y la Fiscalía, ha ido profundizando la crisis política y social, y profundizando la violencia, la pobreza y la desigualdad. En medio de esta precarización, sin garantías de educación, con universidades públicas desfinanciadas, brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad con niveles alarmantes producto, y más de 7 millones de víctimas sin reparación, el Estado Colombiano no está respondiendo a la crisis de forma adecuada. La reforma tributaria, que el gobierno denominó contradictoriamente “Ley de Solidaridad Sostenible”, pretendía financiar el déficit con impuestos a la clase media, gravando elementos de la canasta básica familiar y las pensiones de vejez. Esto fue el desencadenante del Paro Nacional del 28 de abril de 2021, que lleva más de 3 meses de movilizaciones populares, en pleno incremento de la tercera ola del Covid-19.
La democracia colombiana se debate entre dos polos: uno requiere mantener la institucionalidad, el establecimiento, la familia, la patria y lo privado. El otro responde a las nuevas éticas políticas: las luchas feministas y de la diversidad sexual, la defensa del medioambiente, el respaldo a la paz en los territorios, las reivindicaciones de las culturas afro e indígenas, la búsqueda de lo público en una sociedad que ha privatizado la salud, la educación, la vida colectiva. (Omar, 2021)
Democracias incompletas y violaciones a los DDHH en Chile y Colombia: Teóricamente, la democracia y los derechos humanos deberían estar estrechamente vinculados, sin embargo, la experiencia de América Latina tras varias décadas después de las dictaduras oligárquico- militares del siglo XX, denotan que no ha sido la norma. Pareciera que en nuestra región no terminan de construirse o consolidarse democracias que respondan a los intereses de las poblaciones y respeten de forma integral los derechos humanos. Bovero (2000), señala que existen Estados cuyo reconocimiento como regímenes democráticos se hace solamente por la existencia de elecciones limpias y periódicas a las que denomina “democracias formales o procedimentales”. Además, plantea que existen otras “democracias sustanciales” que no sólo cumplen con este criterio, sino que además buscan cumplir con contenidos ético-políticos o ideales, como el respeto a los derechos humanos, generar acceso a derechos y servicios básico, reducir la desigualdad socioeconómica, y generar oportunidades para la población.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), como un ordenamiento supranacional, impone límites a los Estados. Los límites que impone el DIDH a los Estados, principalmente a través de convenciones y tribunales regionales de derechos humanos, tienen muchas consecuencias para la relación democracia-derechos humanos. Los países democráticos, además de tener que cumplir con las distintas obligaciones de los derechos humanos, ya no se limitan a la configuración Estado céntrica que entiende a la soberanía nacional como la total libertad de acción por parte del Estado o incluso como un escudo de impunidad para el mismo, sino que este nuevo ordenamiento los obliga a rendir cuentas a organismos supranacionales sobre su accionar con respecto a los individuos bajo su jurisdicción.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos -DIDH- hace más estrecha la relación entre democracia y derechos humanos, ya que, aunado a la legitimidad demandada en la arena internacional para la formación de Estados democráticos, se demanda que dichos Estados tengan un compromiso serio con los derechos humanos. Esta fusión de derechos humanos y democracia constituye el nuevo paradigma del Estado constitucional de derecho (Ferrajoli, 1996)
En este marco, Chile y Colombia son países en donde ha predominado la democracia formal o procedimental, pero no se han logrado construir democracias sustanciales, en donde los derechos humanos estén garantizados.
En Chile, el debate alrededor del tipo de democracia existente después del fin de la dictadura todavía es arduo, y desde la sociología y la ciencia política se han empleado diversas categorías que intentan explicarlo: democracia protegida, democracia restringida, democracia incompleta o democracia tutelada, han sido algunas de estas formas, siendo el concepto de democracia tutelada el que cuenta con mayor aceptación, debido a que describe que los gobiernos posteriores a la dictadura, han aceptado seguir gobernando con las reglas del juego impuestas por la Constitución de Pinochet del año 1980.
Estas reglas, imponen un modelo económico voraz; otorgan un poder e influencia enorme a los actores acaudalados en la definición de la política pública; las fuerzas armadas y carabineros no aceptan la sujeción al poder civil; se instauró un pacto de silencio e impunidad sobre las graves violaciones a derechos humanos que se dieron en la dictadura; y se ha militarizado y reprimido a las poblaciones que exigían cambios, especialmente a los pueblos originarios y estudiantado.
En Colombia, la situación de la democracia también es compleja. Es reconocido como el país de América Latina con la democracia mas antigua o estable, debido a no ha tenido golpes de estado o dictaduras desde 1957. Sin embargo, ha estado sumido en una guerra civil interna de casi 60 años, se han violado de manera sistemática los DDHH y el narcotráfico y militarismo se ha convertido en un poder real dentro de todas las instancias del Estado. Las ciencias sociales y políticas identifican que la democracia colombiana no puede ser nombrada sin adjetivos y diversos análisis han utilizado denominaciones como democracia oligárquica (Wilde, 1978; Leal, 1988), democracia restringida (Pizarro, 1981), democracia limitada (Santana, 1989), democracia asaltada (Kline, 1995), democracia sitiada (Archer, 1995; Pizarro y Bejarano, 2006), democracia mafiosa (Observatorio de Derechos Humanos, 2005) y hasta paracracia (Botero, 2007). Los más recientes análisis la ubican como una subpoliarquía o una democracia de baja calidad o democracias deficitaria (Duque J. , 2012)
El Estado ha sido incapaz de regular y garantizar la realización de elecciones limpias en todo el país, la corrupción en el sector público ha alcanzado grandes dimensiones (incluyendo las instituciones electorales) y la alta impunidad opera como un incentivo a la delincuencia organizada y a la violación de las libertades y derechos fundamentales de la población. Asimismo, ante la no provisión de bienes y servicios por el Estado a amplios sectores de la población, sectores políticos asumen un papel de intermediación particularista creando redes de clientela que se han traslapado con los actores ilegales (Duque 2014, citando a Duncan, 2006; García y Revelo, 2010; Duque, 2011).
En este contexto, Chile y Colombia, vienen enfrentando graves violaciones a los DDHH, derivado del actuar de las fuerza armadas y policiales, que cuentan con un marco de impunidad que otorgan los gobiernos de turno y por el deficiente sistema judicial.
En Chile, desde la salida política que se negoció con Pinochet a fines de los 80, se había instituido que la demanda por verdad y justicia significaba un riesgo para la estabilidad de la naciente democracia, se obligó a las víctimas a callarse, imponiendo un pacto de silencio e impunidad. Esto ha significado que en la actualidad se utilicen las mismas estrategias para negar, manipular y ocultar las violaciones a los DDHH, y se criminalice a la población por hacer uso de su derecho a la manifestación.
En Colombia, las violaciones a los derechos humanos han sido constantes y sistemáticas, y es reconocido como uno de los países en donde la violencia estatal, a través de las FFAA y policías, la violencia paramilitar y la violencia de la guerrilla, han tenido un fuerte impacto en los derechos de la población. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas, al igual que la impunidad por ese tipo de delitos es otro crimen que se ha normalizado.
En los últimos 5 años, los crímenes de derecho internacional y los abusos y violaciones de derechos humanos aumentaron en las zonas rurales donde estaba en disputa el control de los territorios anteriormente dominados por las FARC-EP. Las principales víctimas han sido personas de comunidades rurales, defensores indígenas y ex integrantes de la guerrilla. Desde hace más de 2 décadas, Colombia ha sido reconocido como el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Desde el año 2016 al 8 de junio de 2020, han sido asesinados 269 lideres indígenas, de los cuales 242 fueron asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz (24 de noviembre de 2016) y 167 durante la presidencia de Iván Duque, y también hubo muertos en las manifestaciones de años anteriores. Sin embargo, el estado de violencia y represión que se ha vivido desde el 28 de abril de 2021 en el marco del Paro Nacional, ha sido enorme. Hasta el 15 de mayo, 49 personas han sido asesinadas en manos de presuntos actores estatales y/o “civiles” sin identificar, y una joven menor de edad quien decidió suicidarse luego de ser agredida sexualmente por la fuerza pública; hay 578 heridos por la Policía Nacional y el ESMAD-; 37 personas con pérdida ocular; 87 víctimas de violencias basadas en género; y 1460 detenciones, denuncias de tortura y sometimiento de tratos crueles, inhumanos y degradantes; 12 allanamientos, incluyendo capturas a defensores de DDHH; y un registro de 379 personas desaparecidas. (Espinosa & Rojas, Mayo 2021)
En una sociedad que, tras años de conflicto interno, se encuentra inmersa en un proceso de justicia transicional cuyo lema es el de «no repetición», el escenario resulta aterrador. Colombia ya ha padecido ciclos muy fuertes de conflicto interno como para ignorar que más violencia evoca aún más violencia, en un espiral que parece no tener fin. (Birke & Valdés, 2021) Violación a los DDHH de los pueblos indígenas y originarios en Chile y Colombia:
En Chile y Colombia, la relación de los Estados con los pueblos indígenas u originarios ha estado plagada de racismo y violencia. Desde la creación de los Estados nacionales, la historia muestra que las violaciones a los derechos humanos han sido permanentes. Estas violaciones han abarcado todas las esferas de la vida, y se les han negado desde el acceso a medios de vida y derechos sociales básicos, hasta los derechos culturales, identitarios y colectivos como pueblos. La militarización, el tratamiento como enemigos internos y contrarios al desarrollo, el genocidio y asesinato selectivo han sido la piedra angular de la actuación de los estos estados en los territorios indígenas.
El discurso de odio racista y la estigmatización de los pueblos indígenas, se evidencia en la situación de violaciones a los DDHH que enfrenta el pueblo mapuche en Chile, o los pueblos indígenas organizados bajo la figura de la Minga colombiana, a los que históricamente les han sido negados sus derechos, y siguen siendo comunidades sometidas a la sistematicidad de la violencia y el despojo de sus territorios. En Chile, la relación entre el estado de Chile y los pueblos indígenas ha estado marcada por el despojo de las tierras ancestrales y la pérdida de los recursos naturales existentes en esos espacios territoriales. Además, la falta de reconocimiento acorde a los estándares internacionales de derechos políticos, como la libre autodeterminación, la autonomía y los sistemas de justicia indígena, y los derechos territoriales, y sobre los recursos naturales, han generado una exclusión política y económica de los pueblos indígenas. En el caso del pueblo mapuche, en el sur del país, sus comunidades se han visto seriamente afectadas por la expansión forestal hacia su territorio, la construcción por privados, con el aval del Estado, de centrales hidroeléctricas, la instalación por privados de cultivos de salmón en los lagos y espacios marinos aledaños a sus comunidades, la instalación de vertederos y de plantas de tratamiento de aguas servidas en sus tierras. (Silva, 2017)
En Colombia, los impactos de la violencia, el empobrecimiento estructural, la amenaza de despojo de sus territorios ancestrales, la búsqueda de satisfacción de sus derechos fundamentales como víctimas del conflicto armado, la afirmación de su autonomía y la decisión de permanecer en sus territorios como condición esencial para garantizar su pervivencia, el incumplimiento flagrante a los Acuerdos de Paz, la inminente reactivación de las fumigaciones aéreas con el glifosato, la imposición de modelos de desarrollo contrarias al Buen Vivir, el desconocimiento de la libre determinación y consulta y consentimiento previa, libre e informada, son algunos de los ejes centrales en la agenda del Movimiento Indígena. Una declaración de la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC- en 2019 evidencia esta problemática.
... de los más de 102 Pueblos Indígenas que existen el Colombia, al menos 39 están declarados en inminente riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado interno; 35 enfrentan alto riesgo por disminución demográfica. (ONIC, 2019)
Violación a los DDHH en el marco del estallido social chileno y el paro nacional colombiano:
En Chile a partir del estallido social de octubre de 2019, las violaciones a los DDHH se han potenciado. Estas violaciones, que se han producido durante toda la posdictadura contra comuneros mapuches, y jóvenes de sectores populares y estudiantes, adquirieron una dimensión enorme de brutalidad policial. Desde el 18 de octubre del año 2019 hasta el 30 de noviembre del año 2020, 8.827 personas denunciaron en la Fiscalía (2) ser víctimas del accionar represivo del Estado, con torturas (217), apremios ilegítimos (6.291) y abusos contra particulares (217). El Instituto de Derechos Humanos (INDH) interpuso 2.864 querellas y acciones de amparo o protección, que corresponden a 3.383 personas que denunciaron ser víctimas de violación a los DDHH (INDH, 2021). Dentro de estas violaciones, destacan mutilaciones oculares masivas (463 personas afectadas), abusos sexuales en recintos policiales (274 casos denunciados), asesinatos en su mayoría con intervención de agentes del Estado (31 casos).
Además en relacionado con prisión política, de acuerdo a datos del 4 de enero de 2021 entregados por la Fiscalía a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hasta el 30 de noviembre de 2020 ingresaron 38.427 casos, siendo formalizados 5.084, con 948 prisiones preventivas. En estos casos, se ha empleado la Ley de Seguridad Interior del Estado y el uso malicioso de la prisión preventiva contra jóvenes manifestantes, de los cuales 648 estuvieron más de un año en prisión, 77 aún permanecen en prisión preventiva y 120 en arresto domiciliario. Las cifras anteriores demuestran que para el Chile actual, los DDHH nunca fueron un elemento clave de la “democracia”.
En Colombia, A partir del paro nacional del 28 de abril de 2021 las violaciones a los Derechos Humanos, han sido enormes. Hasta el 15 de mayo, 49 personas han sido asesinadas en manos de presuntos actores estatales y/o “civiles” sin identificar, y una joven menor de edad quien decidió suicidarse luego de ser agredida sexualmente por la fuerza pública; hay 578 heridos por la Policía Nacional y el ESMAD-; 37 personas con pérdida ocular; 87 víctimas de violencias basadas en género; y 1460 detenciones, denuncias de tortura y sometimiento de tratos crueles, inhumanos y degradantes; 12 allanamientos, incluyendo capturas a defensores de DDHH; y un registro de 379 personas desaparecidas. (Espinosa & Rojas, Mayo 2021)
Tanto en Chile como en Colombia, los gobiernos han declarado públicamente que las manifestaciones tienen fines “terroristas”, “subversivos”, “enemigos” o “delincuentes”, que están siendo alentados por fuerzas externas “comunistas” que responden a la “agenda de la izquierda”. De esta forma han tratado de justificar la represión lanzada contra los amplios sectores de la población que han salido a protestar, en su gran mayoría, de forma pacífica. La utilización de estrategias militares, y paramilitares en Colombia; el uso excesivo de la fuerza contra la población; las actuaciones arbitrarias, violentas y desproporcionadas de Carabineros, militares y marina en el caso chileno, y del ESMAD y fuerzas militares para el caso colombiano; el discurso de odio y apología al denominado enemigo interno; el desprecio mostrado de los sectores gobernantes y privilegiados económicamente hacia quienes protestan, y especialmente contra los pueblos originarios o afrodescendientes; han implicado que ambos registren una cantidad de enorme de violaciones a los derechos humanos, bajo acceso a la justicia y criminalización de las víctimas y un manto de posible impunidad preocupante para las frágiles democracias que habitan.
Todas estas violaciones a los DDHH son contrarias a protocolos, normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el accionar de la fuerza pública en contextos de protesta social pacífica, se relacionan con la lectura autoritaria y antidemocrática que emplean los gobiernos y otros poderes del Estado, propiciando escenarios de confrontación, criminalización, discriminación y odio, para imponer por la fuerza su concepción de seguridad fundamentada en el miedo generalizado de ciertos sectores privilegiados de la población y que justifica el tratamiento represivo de la protesta.
El discurso de odio es un aspecto clave para analizar la criminalización de la protesta social, y que busca crear imaginarios de enemigos internos y externos para justificar la represión. Ambos gobiernos han realizado declaraciones con las que, de manera intencionada, consciente y voluntaria, intentan proyectar una imagen parcializada y desvirtuada de las manifestaciones, e invocan una apología de la violencia y exterminio de los que piensan distinto. En ambos países, inclusive, se han dado pronunciamientos de las FFAA y policiacas, violando la esencia no beligerante que les asignan las leyes respectivas.
Las violaciones a los DDHH han sido denunciadas públicamente por diversas organizaciones de derechos humanos a nivel de cada país, y se han elaborado diversos informes que alertan sobre la gravedad de estas violaciones tanto por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros.
La democracia es la promesa de poder para todas y todos y el respeto a todos los derechos humanos con alta dignidad, y de eso se trata este estallido social en Chile y el paro nacional en Colombia: poder para las mujeres, los pueblos originarios o indígenas y afros, las sexualidades divergentes, la juventud, las los pobres, las y los trabajadores. Es una lucha política que demanda el derecho a la existencia de una democracia más diversa e inclusiva: hecha desde abajo por las y los ciudadanos. En Chile se abre un horizonte con el proceso constituyente y en Colombia aún faltan luces para un salid. Queda el desafío de ver si ambos países tienen la capacidad de construir una sociedad respetuosa de los derechos humanos.
1 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
2) Ministerio Público de Chile.
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