La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha vuelto a poner a prueba uno de los pilares más delicados de la política exterior chilena: la coherencia entre la defensa de la democracia y el respeto irrestricto al Derecho Internacional. En este contexto, la declaración del Presidente Gabriel Boric no solo marca una posición frente a Venezuela, sino que reafirma una línea histórica que Chile haría mal en abandonar.
“Esto no se trata de apoyar ni justificar dictaduras”, señaló el mandatario, estableciendo un punto de partida ineludible. Chile no defiende al régimen de Maduro, cuya deriva autoritaria, corrupción estructural y responsabilidad en una crisis humanitaria de dimensiones continentales están suficientemente documentadas. Pero el problema central no es ese diagnóstico compartido, sino quién decide y con qué legitimidad sobre el futuro de un país. Cuando esa decisión se arroga unilateralmente una potencia extranjera, incluso el objetivo declarado más noble queda contaminado por el método utilizado.
Frente a esta complejidad, resulta revelador —y preocupante— el entusiasmo con que el presidente electo José Antonio Kast calificó la detención de Maduro como “una gran noticia para la región”. Su declaración condensa una lógica peligrosa: la idea de que la ilegitimidad de un régimen autoritario habilita automáticamente cualquier forma de intervención externa. Esa premisa, sin embargo, no solo es jurídicamente falsa, sino históricamente desastrosa.
Kast sostiene que Maduro encabeza un “narcorégimen” que amenaza la seguridad regional y que, por tanto, su captura abriría el camino para “asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder”. Este lenguaje no es nuevo. Es el mismo que, bajo distintas etiquetas —comunismo, terrorismo, narcotráfico— ha servido para justificar intervenciones militares que prometían democracia y entregaron caos. Irak, Libia y Afganistán son ejemplos recientes; Chile, Guatemala o Nicaragua lo son en nuestra propia (…)
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