Desobediencia civil frente al genocidio

Desde 2020, Palestine Action sabotea fábricas de armas británicas que abastecen a Israel. Tras años de absoluciones judiciales, el gobierno laborista proscribió el movimiento como organización terrorista, convirtiendo la protesta en delito. Hoy, ocho presos están en huelga de hambre.

En julio de 2020, dos ciudadanos británicos fundaron la red de protesta Palestine Action. Huda Ammori (cuya familia paterna fue desplazada a la fuerza durante la guerra de los Seis Días en 1967) y Richard Barnard (ex miembro del movimiento ecologista Extiction Rebellion) llegaron a la misma conclusión: desde la “Gran Marcha del Retorno” palestina en 2018, y la subsecuente represión por parte de francotiradores israelíes armados con rifles que Reino Unido había vendido a Israel, las protestas se han sucedido una tras otra en el Reino Unido sin lograr ningún avance tangible. Por lo tanto, hacían falta nuevos modos de oposición más eficaces.

Desde el principio, la organización emprendió operaciones que apuntan directamente a los proveedores de armas de Israel. Su principal objetivo es Elbit Systems, un gigante industrial que produce drones de vigilancia y de combate, los pone a prueba contra los palestinos y luego los vende al resto del mundo con la etiqueta “combat proven” (“probado en combate”). “En vez de pedirle a un político que cierre las fábricas de armamentos, podíamos ir a cerrarlas nosotros mismos”, resume la voz en off de To Kill a War Machine (Hannan Majid y Richard York, 2025), un documental centrado en el movimiento Palestine Action y prohibido en el Reino Unido en 2025.

Palestine Action se desarrolló mediante grupos locales y autónomos. Empezaron atacando, con cierto éxito, varias instalaciones de Elbit en el país, así como la fábrica de la empresa APPH en la localidad de Runcorn, que fabrica los trenes de aterrizaje de los drones de Elbit. Destruyeron material necesario para la fabricación, y lograron frenar la producción durante varios días. Al final, Elbit tuvo que cerrar sus fábricas de Oldham y Bristol.

Mientras que los responsables israelíes presionaban para intensificar la represión, las autoridades británicas detuvieron a varios militantes, a algunos los liberaron por falta de pruebas, a otros los procesaron por vandalismo o robo. Pero Palestine Action no cejó en su empeño. En mayo de 2021, en Leicester, la organización ocupó la fábrica UAV Tactical Systems, una filial de Elbit. Los manifestantes permanecieron en el techo durante seis días con el apoyo de los habitantes de la región, que instalaron un campamento solidario en frente de la fábrica, y bloquearon el paso cuando la policía intentó desalojar a los activistas.

En diciembre de 2021, tuvo lugar un primer juicio en el tribunal de Newcastle-under-Lyme contra tres activistas que habían cerrado con cadenas las puertas de la fábrica de drones de UAV, situada en la localidad de Shenstone, y cubierto el edificio con pintura rojo sangre. Los abogados de los llamados “tres de Elbit” lograron que los absolvieran de los cargos de “delito de daños”, alegando la “lawful excuse” (“excusa legítima”), una disposición del derecho británico que permite justificar actos ilegales si están destinados a prevenir un mal mayor: en este caso, crímenes de guerra contra los palestinos.

En este contexto, el 2 de marzo de 2022, Martin Fausset, el director de Elbit Systems, se reunió con Priti Patel, entonces ministra del Interior. Patel aseguró que “el gobierno se está tomando muy en serio los actos de protesta delictivos contra Elbit Systems UK”, y ya está “en contacto con la policía por este (…)