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Un sistema que les deja un importante margen de maniobra a los gobiernos locales

Estados desunidos de América

En noviembre de 2020, mientras una buena parte del mundo tenía los ojos puestos en la carrera a la presidencia entre Joseph Biden y Donald Trump, los estadounidenses, por su parte, sabían que las distintas elecciones (congreso, condados, referendos, etc.) que se desarrollaban al mismo tiempo en cada uno de los cincuenta estados de la federación para determinar la coloración del poder local tenían una importancia política igual de grande. Cuando las instituciones nacionales están divididas -es decir que la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia no están controladas por el mismo partido-, como es el caso desde hace varios años, la máquina legislativa federal se encuentra bloqueada: es difícil, si no imposible, adoptar leyes sobre temas que dividen a demócratas y republicanos. Los estados entonces llenan el vacío que deja Washington -al menos en las cuestiones que no atañen a la defensa o a la política exterior-.

En los estados de mayor vanguardia en materia de innovaciones legislativas, el gabinete del gobernador, la Cámara de Representantes y el Senado locales están generalmente del mismo lado -una situación conocida como “trifecta”-. En la actualidad, hay treinta y ocho: veintitrés de los republicanos y quince de los demócratas. Los doce restantes corren el riesgo, al igual que el poder federal, de atravesar una parálisis política. Este paisaje ofrece un contraste sorprendente con el del siglo pasado. En 1992, solo diecinueve miembros de la Unión se encontraban en situación de “trifecta”. En los treinta y uno restantes, el gobernador tenía que enfrentar al menos una legislatura controlada por el bando contrario. Desde entonces, la polarización se acentuó considerablemente: tanto los demócratas como los republicanos se fortalecieron aun más allí donde ya dominaban, favoreciendo la parálisis a nivel federal.

Frente a la imposibilidad de hacer aprobar leyes en Washington, los partidos y quienes los apoyan movilizan su dinero y sus ideas a nivel local. Según la décima enmienda de la Constitución, todos los poderes que no están específicamente atribuidos al escalón federal recaen en los estados. Dado que estos últimos en teoría no pueden tomar medidas que infrinjan la legislación nacional, los textos que adoptan corren el riesgo de ser invalidados. Pero, en los hechos, gozan de un amplio margen de interpretación, sobre todo en cuestiones en las que el Congreso y la Casa Blanca no son del todo precisos. Muchos así se pronunciaron acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya sea para autorizarlo o para prohibirlo. Entre 2009 y 2015, unos quince estados (Iowa, Vermont, Maryland, Nueva Jersey…) decidieron legalizarlo, antes que la Corte Suprema decidiera hacer lo mismo para todo el país (fallo Obergefell v. Hodges, del 26 de junio de 2015).

Aborto y cambio climático
Desde hace unos cincuenta años, el poder federal también fracasó en la legislación del uso del cannabis. No se resolvió acerca de temas que pudieron emerger a partir de la ley de 1970 (Controlled Substance Act), como el cannabis medicinal, que California, seguida al poco tiempo por otros (Oregón, Alaska, Nevada, Florida...), decidió autorizar a partir de 1996 (proposición 215) -una disposición vigente hoy en día en treinta y seis de los cincuenta estados estadounidenses-. Desde 2012, otros quince autorizaron el uso recreativo de esta sustancia, que sin embargo sigue siendo técnicamente ilegal por el bloqueo de Washington (1).

Otro expediente: el aborto. Después de ser legalizado por la Corte Suprema en 1973 (fallo (...)

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Richard Keiser

Profesor de Estudios Americanos y de Ciencia Política en la Universidad Carleton de Minesota.

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