La democracia de los parias

A fines del siglo XIX, los Estados latinoamericanos aprendieron a distinguir entre el inmigrante útil y el indeseable. Esa clasificación inauguró una matriz política que aún permanece activa, y que da cuenta de la continuidad de prácticas históricas de destierro expresadas en el interés por seleccionar, vigilar y expulsar, hoy naturalizadas como técnicas ordinarias de gobierno. La producción de la figura del delincuente extranjero, ampliamente trabajada por la historiografía, permite observar con claridad el giro que va desde la imagen inicial del inmigrante como sujeto civilizador, vinculado con la promesa modernizadora, hacia la del extranjero peligroso y primitivo, percibido como una amenaza para el orden social. Este cambio está presente en la literatura de la época que entendió los movimientos poblacionales como un problema y estableció un límite entre la inmigración anhelada y aquella que debía ser repudiada por considerarse lesiva para la construcción de las repúblicas.

La figura inicial del migrante como portador de civilización remite al colonialismo de poblamiento, a través de la cual las poblaciones colonas ocuparon y se apropiaron de tierras indígenas. Desde sus orígenes, las políticas migratorias, y sus reversos antimigratorios, han actuado mediante un programa racial explícito. En la Argentina de 1910, estas concepciones encontraron una formulación descarnada en la obra del sociólogo y médico Lucas Ayarragaray (1861-1917), quien declaró sin ambages: “No necesitamos inmigración amarilla, sino padres y madres europeas, de raza blanca, para superiorizar los elementos híbridos y mestizos que constituyen la base de la población de este país” (p. 326). Este caso no fue excepcional, forma parte de un proceso más amplio de institucionalización del racismo científico que dio sustento a marcos legales como las leyes Jim Crow en Estados Unidos o el régimen de pases del apartheid en Sudáfrica.

Fijar un lugar

Desde fines del siglo XIX, la criminalización de la movilidad y la construcción del migrante peligroso definen una estrategia de gobierno que entrelaza colonialismo de poblamiento, capitalismo periférico y racismo científico. Antes de que Chile hablara de “crisis migratoria”, ya existía una forma estatal destinada a graduar derechos en relación a parámetros económicos, raciales y de orden público. Esto fijó el lugar del paria. La frontera norte, la “autodenuncia” y la narrativa que convierte la migración en un riesgo forman parte de una historia más larga de gobierno fronterizo.

Las repúblicas latinoamericanas organizaron tempranamente esta lógica. Chile desarrolló su propio dispositivo. La Ley de Colonización de 1845 ofreció incentivos y garantías a colonos europeos destinados a poblar territorios del sur, construidos jurídicamente como “baldíos”, y a reforzar la presencia estatal en zonas donde la soberanía republicana se encontraba en disputa. Ese modelo articuló poblamiento, autoridad estatal y jerarquización racial. El inmigrante imaginado era europeo, cristiano y laborioso. La política migratoria pasó así a integrarse al mecanismo de colonización interna y a la reorganización territorial que acompañó la expansión del Estado.

En Argentina, como ha señalado Diego Galeano (2016), la Ley de Inmigración y Colonización de 1876 configuró la categoría de “inmigrante” como trabajador integrado, moralmente apto y económicamente útil. En paralelo, la figura del “extranjero” emergió en los debates como un tipo social móvil, errante, desprovisto de arraigo, disponible para ser expulsado (…)