¿Presos políticos en Francia?

Durante el transcurso de un ardiente mes de junio de 2025, la justicia parisina fue llamada a pronunciarse en tres casos de naturaleza bastante similar. El 12, la Corte de Apelación confirmó la liberación de cinco independentistas kanak, entre ellos el presidente del Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista (FLNKS), Christian Tein, procesados por robos con arma y destrucción en banda organizada. Aun cuando, el 18, la 24a sala del Tribunal Correccional debía juzgar a dos militantes del movimiento trotskista Revolución Permanente (RP) por haber denunciado la participación europea en el genocidio en Gaza, la audiencia fue postergada. Y al día siguiente, la 16a sala de la Corte de Apelación tenía que pronunciarse sobre la salida de prisión de Georges Ibrahim Abdallah, condenado por complicidad en el asesinato en París en 1982 de un diplomático estadounidense y de un agente del Mossad por parte de las Fracciones Armadas Revolucionarias Libanesas (FARL). Si bien, nuevamente, la decisión fue aplazada, unas semanas más tarde el militante comunista libanés fue, por fin, liberado. Abdallah vivió 41 años de encarcelamiento. Una duración extraordinaria en el Viejo Continente para un preso político. ¿Pero a qué remite exactamente esta categoría? ¿Realmente está de regreso, como el delito de opinión, reprochado a RP, o la criminalización de la lucha anticolonial, llevada a cabo por el FLNKS?

Proceso de penalización

¿Cómo determinar la dimensión política de una privación de libertad? Un primer abordaje consiste en analizar la decisión en su origen, o las condiciones de su ejecución. De 1792 a 1798, la Convención y luego el Directorio deportaron a los condenados políticos al presidio de Guayana (1). Desde la Cámara Ardiente del Antiguo Régimen hasta el Tribunal Revolucionario, desde las Cortes prebostales de la Restauración hasta las secciones especiales de Vichy, Francia tuvo varias jurisdicciones destinadas a “pronunciar penas, si no dictadas, al menos inspiradas en las necesidades de la política”, según las palabras de Maurice Garçon (Le Monde, 29 de abril de 1961). En plena guerra de Argelia, el abogado se oponía a la creación, a iniciativa del presidente Charles de Gaulle, de tribunales especiales que juzgarían a los miembros de la Organización del Ejército Secreto (OAS, por su sigla en francés). La Corte de Seguridad del Estado los reemplazó en 1963. Como lo recuerda Vanessa Codaccioni, esta cambió de objetivo a partir de mayo de 1968 para “abocarse a la represión del izquierdismo, del independentismo o del terrorismo de Acción Directa”. Entonces, subraya la politóloga, el poder dominaba todo el proceso de penalización: movilizado por cerca de veinte años contra miles de activistas, “el Ministerio Público no era más que una sala para registrar las voluntades políticas y el trabajo del juez de instrucción se limitaba a la creación del expediente personal. Los jueces que integraban la formación del tribunal eran nombrados temporalmente y se les ‘agradecía’ rápidamente si no aplicaban las órdenes represivas” (2).

Tras su elección, François Mitterrand eliminó varios sistemas de excepción, entre ellos la Corte de Seguridad. “Con un golpe de varita mágica, la izquierda borró a los presos políticos”, dice divertido Antoine Comte. Pero, por una parte, las ventajas unidas al estatus especial de los condenados por esa jurisdicción también desaparecieron, mitiga Vanessa Codaccioni, particularmente la posibilidad de “ser encarcelados separadamente de los otros detenidos (en un establecimiento o un sector específico), [de] no ser obligados a trabajar o a llevar el uniforme, de reunirse más fácilmente entre ellos, y de beneficiarse con visitas más sistemáticas” (3). Por otra parte, la izquierda estableció en 1982 un tribunal penal especial —porque estaba especialmente compuesto por magistrados, sin jurados populares— cuya competencia fue ampliada en 1986 por la derecha para los crímenes de terrorismo. Ahora bien, en febrero de 1987, los jueces de este tribunal condenaron a Abdallah a una pena de reclusión perpetua tras haber afirmado su apoyo a las FARL pero proclamado su inocencia —y aun cuando el fiscal había solicitado una pena de prisión inferior a diez años (4)—.

Abdallah es liberable desde 1999. Entre 2004 y 2020, presentó nueve solicitudes de liberación. La autoridad judicial rechazó ocho de ellas antes de condicionar la aceptación de la novena en 2012 a una orden de expulsión hacia su país, que el entonces ministro del Interior, Manuel Valls, no emitió. Hace dos años, Abdallah presentó una nueva solicitud. En noviembre de 2024, el tribunal de ejecución de las penas convalidó su liberación con la condición de que “se vaya del territorio francés y no reaparezca”. Según los magistrados, el detenido, con 74 años de edad, ya no representaba un “riesgo grave” de reincidencia. El Líbano se comprometió a repatriarlo. Pero una vez más, el fiscal apeló, para satisfacción de Estados Unidos, cuyo gobierno se constituyó como parte civil. Aun cuando la decisión debía tomarse el pasado 20 de febrero, la Corte de Apelación la postergó. Los jueces exigían del militante que pagara una parte de los daños e intereses reclamados por las partes civiles. “Una mezquindad jurídica”, según su abogado, Jean-Louis Chalanset. Previo a su liberación en julio.

Ensañamiento

En una resolución votada el 3 de octubre de 2012 relativa a la definición de la noción de preso político, el Consejo de Europa mantuvo como criterio una detención cuya duración o condiciones, por razones políticas, “son manifiestamente desproporcionadas con relación al delito por el cual se reconoció culpable a la persona o que se supone que cometió” (5). El libanés habrá sufrido tal obstinación durante cerca de cuatro décadas. Hoy, en Francia —más que las condiciones extraordinarias del juicio o del encarcelamiento, también mantenidos como criterios por el Consejo de Europa en su resolución de 2012—, el nivel de ensañamiento permite apreciar las prioridades de la represión política. Ya no hay miembros de Acción Directa encarcelados. Ya no hay más que cuatro militantes vascos: Javier Abaunza Martinez, Iñaki Esparza Luri y Mikel Karrera Sarobe, quienes compartieron el segundo piso de la prisión de Lannemezan (así como muchas horas de conversaciones) con Abdallah. Euskadi ta Askatasuna (“País Vasco y Libertad”, ETA) anunció el abandono de la lucha armada en octubre de 2011, previo a formalizar su disolución en mayo de 2018. El Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC), por su parte, comenzó un proceso de desmilitarización en junio de 2014 (6). Los militantes insulares encarcelados se encuentran en prisión preventiva. Uno de ellos, Stéphane Ori —miembro de Core in Fronte (“El Corazón al Frente”), un movimiento nacionalista creado en el 2018, que cuenta con seis representantes en la Asamblea de Córcega—, fue acusado en marzo de 2024, entre otros, de “asociación terrorista de delincuentes”. Se sospecha que participó en una conferencia de prensa clandestina que anunció la creación de un nuevo grupo armado. Tras quince meses de encarcelamiento de Cori en la prisión La Santé en París, Core in Fronte denunció a través de X “una acusación bajo el habitual pretexto comodín de ‘asociación de delincuentes en vínculo con una empresa terrorista’”.

Otro tipo de preso político

Esta calificación figura en el artículo 421-2-1 del Código Penal. Una segunda manera de concebir la categoría de preso político —más precisa, pero mucho más conservadora— podría consistir en no clasificar como tales más que a los detenidos condenados por haber cometido un delito político en el sentido de ese mismo Código. La lista se encuentra en el Libro IV. Su Título I, (…)