Sujetos de “no derecho”

Con la excusa de que hay “zonas de no derecho”, es decir territorios donde no se respeta la ley, el gobierno francés aumenta la presencia policial en los barrios populares. Estas respuestas represivas a sujetos que ya de por sí ven vulnerados sus derechos sólo acentúa los problemas de desigualdad en el acceso a la justicia.

En 2018, el gobierno francés puso en marcha un dispositivo llamado “barrios de reconquista republicana”, que apunta a concentrar los recursos policiales en ciertos sectores desfavorecidos, considerados más propicios al delito. Esta medida ratifica el discurso de las “zonas de no derecho”, es decir, territorios que supuestamente se han convertido en áreas sin ley, en tanto la mayor parte de la población local se niega a respetar el marco legal. Las ciencias sociales llevan mucho tiempo refutando esas representaciones. Los historiadores y los sociólogos señalan que persiste una postura moralista o securitaria al abordar la cuestión de los barrios populares. Este discurso camufla las dinámicas institucionales, sociales y económicas que explican no solo la delincuencia en estos barrios, sino también la atención que le conceden los poderes públicos (1).

Tres áreas de vulnerabilidad

Sin embargo, la expresión “zona de no derecho” no es del todo inadecuada para describir la situación de las clases populares que, si bien no manifiestan ninguna disposición particular a infringir la ley, sí padecen un nivel efectivo de protección jurídica mucho menor al del resto de la población. Nuestras instituciones no permiten que aquellos que no tienen los recursos para contratar un abogado, el apoyo de una red de contactos o un mínimo conocimiento del ordenamiento jurídico puedan hacer valer correctamente sus derechos. Pese a que son justamente estas poblaciones las que más necesitan aplicar la ley para defender sus intereses, sobre todo frente a actores más poderosos que ellas.

Esta vulnerabilidad se manifiesta en tres ámbitos. Aunque el derecho laboral lleva décadas siendo víctima de un ataque sistemático, al menos ofrece garantías mínimas contra cualquier posible arbitrariedad por parte del empleador, sobre todo en cuestiones de remuneración, jornada laboral, salud y seguridad o extinción del contrato. Pero, entre 2015 y 2021, se redujo más de un 15% el número de funcionarios encargados de controlar que las empresas respeten la legislación social, de modo que ascendió a más de 10.000 la cantidad de trabajadores por cada inspector de trabajo (2). Esta proporción hace que sea imposible atender a tiempo todas las situaciones reportadas a la administración laboral. Y si el empleado prefiere acudir directamente a la justicia, la respuesta tampoco es más rápida: hoy el plazo promedio para que los Tribunales laborales franceses dicten sentencia de primera instancia supera los dieciséis meses; además, en un 60% de los casos, esas resoluciones son objeto de apelación, lo que aplaza aun más el eventual restablecimiento de los derechos de la persona (3). Si en la práctica hay que esperar varios años para conseguir la anulación de una sanción disciplinaria ilícita, el pago de horas extras o la reparación por un despido abusivo, ¿hasta qué punto es realmente posible sentirse protegido por la ley? ¿Hasta qué punto la ley garantiza la seguridad de los individuos?

En segundo lugar, las clases populares ocupan una posición (…)