Al conmemorar los 100 años de la seguridad social en Chile, resulta fundamental detenernos a reflexionar sobre la evolución de un sistema que ha sido el pilar para la protección de los derechos sociales de nuestros trabajadores y trabajadoras. A lo largo de un siglo, hemos visto cómo este concepto ha ido moldeándose, no solo por el avance legislativo, sino también por los contextos políticos y económicos que han definido su alcance y sus limitaciones. Este aniversario nos invita a mirar hacia atrás, pero sobre todo a proyectar los desafíos que el futuro nos impone.
La seguridad social, como la conocemos hoy, nace de una necesidad básica: proteger a las personas de los riesgos inherentes a la vida laboral y al envejecimiento. El primer gran paso en Chile fue la promulgación de la Ley 4.054 en 1924, que estableció el seguro de enfermedad, invalidez y accidentes del trabajo. Este hito colocó a nuestro país como pionero en América Latina en la creación de un sistema de seguridad para los trabajadores. Sin embargo, este logro no surgió en un vacío político, fue el resultado de intensas tensiones sociales y la presión ejercida por diversos sectores, como quedó demostrado con el famoso “ruido de sables” en el Senado.
Desde entonces, la evolución de nuestro sistema ha sido un reflejo del contexto socioeconómico. A mediados del siglo XX, la consolidación del Estado de Bienestar permitió la expansión de la protección social, integrando a más sectores a través de las diversas cajas de previsión. No obstante, el carácter fragmentado de este sistema trajo consigo desigualdades estructurales, haciendo que los beneficios variaran significativamente según el grupo ocupacional. Este modelo, aunque garantizó ciertos avances, evidenció su inviabilidad a medida que la población envejecía y los recursos para financiar el sistema se volvían insuficientes.
La llegada de la dictadura en 1973 significó un cambio radical. En 1980, con la creación de las AFP, se reemplazó el sistema de reparto por uno de capitalización individual. Este modelo, inspirado en la eficiencia del mercado y la responsabilidad individual, excluyó la solidaridad como principio rector de la seguridad social. Aunque generó un robusto mercado de capitales, las pensiones de los afiliados no alcanzaron a cubrir las necesidades básicas de la vejez, especialmente entre aquellos con trayectorias laborales irregulares o afectadas por las brechas de género.
Hoy, tras más de 30 años de democracia, enfrentamos un desafío similar: cómo reformar un sistema que ha sido fuente de desigualdades y frustración social. Las reformas impulsadas por los gobiernos de la Concertación, como la creación del Pilar Solidario en 2008, han tratado de paliar las deficiencias más severas del sistema. Sin embargo, estas reformas no han logrado resolver completamente las profundas inequidades estructurales. La reciente Pensión Garantizada Universal (PGU), implementada en 2022, representa un avance, pero es claro que necesitamos una reforma más integral y solidaria.
En este centenario, Chile se enfrenta nuevamente a una encrucijada histórica en materia de seguridad social. Al igual que hace 100 años, el país necesita consolidar un sistema que no solo responda a las demandas sociales, sino que también ponga el bienestar colectivo en el centro. La propuesta de reforma previsional del gobierno del presidente Gabriel Boric tiene como eje la revalorización del principio de solidaridad, un valor que ha sido clave en la evolución de la seguridad social desde sus inicios. Busca subir pensiones hoy y en el futuro.
Como se menciona en este libro, la solidaridad fue fundamental cuando Chile, en 1924, se convirtió en pionero al crear un sistema de protección para los trabajadores con la Ley del Seguro Obrero. Hoy, esa solidaridad debe volver a ser el corazón de nuestro sistema previsional, asegurando que quienes más lo necesitan no queden desprotegidos, y garantizando que la seguridad social sea una herramienta para la equidad y la cohesión social.
La historia de la seguridad social en Chile nos enseña que los avances han sido posibles gracias a la presión social y al contexto político adecuado. Hoy, estamos ante un nuevo momento clave. La reforma previsional que actualmente se debate en el Congreso no solo determinará el bienestar de las generaciones futuras, sino que también será un testimonio de nuestra capacidad para aprender de los errores del pasado y construir un sistema más justo, inclusivo y sostenible.
La seguridad social no es solo un mecanismo de protección económica, es un pilar de la cohesión social. Dejar a una parte de la población desprotegida no solo es injusto, es insostenible para cualquier sociedad que aspire a ser más equitativa. En este sentido, no debemos olvidar que la seguridad social, en su esencia, es un reflejo de los valores que queremos promover como país. Si algo nos ha enseñado este siglo de historia, es que las grandes reformas se logran cuando el bienestar común se pone por encima de los intereses particulares.
Esperemos que el próximo capítulo de la historia de la seguridad social en Chile sea uno que celebre una reforma previsional que asegure pensiones dignas para todas y todos, y que restablezca el principio de solidaridad como eje fundamental de nuestra convivencia social. Porque al final del día, un país que cuida de sus trabajadores y trabajadoras es un país que se cuida a sí mismo.
Claudio Reyes Barrientos. Subsecretario de Previsión Social