Actualmente se ha hecho una costumbre discursiva que la derecha y la extrema derecha, aludiendo a su rechazo por la violencia, equipare la dictadura con el estallido social, abriendo no solo una herida social, sino una contradicción peligrosa de neutralización ética y justificación sin justicia; una distorsión que erosiona la arquitectura moral que separa a una democracia de un régimen que hizo del terror su gramática. Esa distorsión ya no es solo retórica: hoy se ha convertido en política pública de Estado. Hace un tiempo se ha venido instalando en la narrativa política una suerte de cómoda e injustificable comparación: poner en la misma balanza la violencia ejercida por el Estado durante la dictadura iniciada en 1973 y la violencia que emergió en las calles durante el estallido social de 2019. Esa paridad retórica promete cerrar debates complejos con una ecuación simple; pero precisamente por eso constituye un atentado contra la memoria ética: queremos recordar con justicia, situando los hechos en su escala, su estructura y su asimetría de poder. La dictadura (1973-1990) no fue un episodio caótico de violencias equivalentes entre bandos; fue un régimen de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, perpetradas desde el aparato estatal. El Informe Rettig lo expresa con claridad: "Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos (...) y recomendar las medidas de reparación o reivindicación que estimara de justicia" (Informe Rettig, pág. 1). El mismo informe concluye: "En total 2.279 personas perdieron la vida en este período, de los cuales 164 los clasifica como víctimas de la violencia política y 2.115 de violaciones a los derechos humanos" (Informe Rettig, síntesis). Diez años después, la Comisión Valech reveló la magnitud del horror oculto: "La prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época" (Informe Valech, 2004). El informe recogió 35.868 testimonios y calificó a 27.255 personas como víctimas, un 94% de las cuales dijo haber sido objeto de apremios. Y advierte: "Más del 60% de los casos de tortura denunciados ocurrieron entre el 11 de septiembre y diciembre de 1973" (Informe Valech, síntesis). El estallido social de octubre de 2019 exhibió también violencias: daños a la propiedad, saqueos, agresiones -y, del otro lado, un uso abusivo de la fuerza estatal, con miles de heridos y centenares de traumas oculares-. El INDH informó más de 3.500 lesionados y 359 lesiones oculares en pocas semanas. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron violaciones generalizadas al derecho a la integridad personal y subrayaron responsabilidades de mando en Carabineros. ¿Esto vuelve "equivalentes" 1973 y 2019? No. La memoria ética obliga a diferenciar: la violencia estatal en dictadura fue sistemática, centralizada y planificada como tecnología de gobierno; en 2019, la violencia social fue fragmentaria y no institucional, y cuando provino de agentes del Estado, aconteció en el marco de un régimen democrático que debe investigarla y sancionarla.
El indulto como instrumento ideológico
Lo que hasta hace poco era apenas una retórica de equivalencia moral se ha vuelto, en los primeros días del gobierno del presidente José Antonio Kast, una política deliberada: el uso del indulto presidencial no como acto de clemencia jurídica, sino como afirmación ideológica. El criterio no es la reinserción, ni la proporcionalidad de la pena, ni consideraciones humanitarias de salud o edad: es la identidad política de quien recibe el beneficio. Kast lo dijo sin ambages al anunciar su decisión: usará el indulto para quienes, en sus palabras, "defendieron la patria". La frase no es inocente. Define quién es digno de perdón antes de revisar ningún expediente: no el que cometió el delito más leve, sino el que actuó del lado correcto de la historia según la cosmología política del gobierno. El primer caso en evaluación es el del capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años de presidio por el homicidio de Romario Wladimir Veloz Cortés y por lesiones graves a otras dos personas el 20 de octubre de 2019 en La Serena. Kast había manifestado también interés en el caso del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas contra quien hoy es la senadora Fabiola Campillai. Ambos casos comparten un elemento definitorio: son agentes del Estado condenados por tribunales independientes, en procedimientos reglados, por actos cometidos en el ejercicio de la fuerza pública durante un régimen democrático. El indulto ideologizado los sustrae de esa condena no porque los hechos sean dudosos, sino porque el nuevo gobierno considera que el uso de la fuerza estatal en ese contexto fue, en el fondo, legítimo. La dimensión más inquietante de esta operación se revela cuando se extiende la mirada hacia los condenados por crímenes cometidos durante la dictadura. A lo largo de toda la campaña presidencial, la pregunta sobre si Kast indultaría al exagente de la DINA Miguel Krassnoff -condenado a más de 1.000 años por ejecuciones, torturas y desapariciones- nunca recibió un no claro. Su aliado Johannes Kaiser fue más directo: declaró que estaría dispuesto a indultarlo. Al mismo tiempo, el bloque de gobierno impulsó en el Senado un proyecto de "cumplimiento alternativo de penas" por edad o estado de salud que, según el exfiscal Carlos Gajardo, podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad. El abogado de derechos humanos Néllson Caucoto calificó la propuesta como "una burla y un menoscabo". El Congreso anterior intentó frenar ese escenario con una reforma constitucional que prohibiera explícitamente los indultos a condenados por lesa humanidad, pero la norma no alcanzó a tramitarse antes del cambio de mando. El indulto ideologizado no es, entonces, un acto de reconciliación: es un juicio político sobre qué violencia merece ser borrada y cuál merece ser recordada. Y en ese juicio opera exactamente la misma lógica que esta columna denuncia: la pretensión de que el signo político de quien comete un acto cambia su naturaleza ética. Un homicidio cometido "defendiendo la patria" no es, en esta cosmología, un homicidio que deba purgarse con la misma intensidad que cualquier otro. Esa premisa no es jurídica ni humanitaria: es la sedimentación del mismo relato que igualaba a víctimas con victimarios en dictadura. Ahora ese relato gobierna.
Por qué la paridad es insostenible
Rechazar la idea de paridad que hoy se instala en ciertos discursos políticos exige una reflexión más profunda que la mera apelación a la igualdad formal. Hay, al menos, tres razones sustantivas: (1) la escala y sistematicidad del daño, pues los Informes Rettig y Valech no describen hechos aislados, sino la operación prolongada de una maquinaria estatal que convirtió la muerte, la desaparición y la tortura en prácticas normalizadas; (2) la estructura de poder, donde el Estado, al monopolizar la fuerza legítima, asume un deber de cuidado superior, lo que hace que sus abusos sean ontológicamente más gravosos que los de cualquier actor privado; y (3) la finalidad política, porque la dictadura no fue un accidente histórico, sino un proyecto deliberado para perpetuar un orden mediante el miedo. En contraste, las protestas de 2019 no buscaron imponer terror, sino abrir un horizonte de justicia social frente a la persistencia de privilegios y abusos de la élite. Equiparar ambos fenómenos no solo es conceptualmente erróneo: es éticamente peligroso, pues diluye la responsabilidad estructural y trivializa la violencia como herramienta de dominación. Cuando la derecha traza una paridad entre 1973 y octubre de 2019, lo que se erosiona no es un relato "progresista", sino la arquitectura moral que separa a una democracia de un régimen que hizo del terror su gramática. Recordar con justicia no es repetir consignas, sino mirar de frente las asimetrías que importan: quién hizo qué, desde qué poder, con qué diseño, y bajo qué deberes. El Estado es una organización política soberana que ejerce autoridad sobre un territorio y su población, detentando el monopolio legítimo de la fuerza para garantizar el orden jurídico, la protección de derechos y la orientación hacia el bien común. Ese es el núcleo de una memoria ética: impedir que la historia se vuelva indiferente a la diferencia entre un Estado que protege y un Estado que hiere.
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Fernando Vergara Henríquez es Director de Vida Universitaria y Vinculación con el Medio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
