El ataque militar unilateral contra Irak por parte de una coalición estadounidense-británica no encuentra fundamentos ni para buena parte de la opinión pública mundial que ha manifestado su repulsa a la guerra, ni para los criterios jurídicos internacionales, desde los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas a la evaluación del Consejo de Seguridad de ese organismo y a la estimación de la Comisión Internacional de Juristas. Por el contrario, la decisión coloca a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña en el rubro de Estados delincuentes.
La Carta de las Naciones Unidas, ley común para todo el planeta, afirma solemnemente en su preámbulo: “Nosotros, pueblo de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra (…) y a instaurar métodos que garanticen que no se recurrirá a la fuerza de las armas salvo en aras del interés común (…) hemos decidido asociar nuestros esfuerzos para realizar estos designios”. Desde su artículo inicial, la Carta subraya que el objetivo primordial de la ONU es “mantener la paz y la seguridad internacionales” y “reprimir todo acto de agresión u otra ruptura de la paz”.
Al lanzar en la madrugada del 20 de marzo una “guerra preventiva” contra Irak y al invadir ese país sin mandato de la ONU, Estados Unidos y sus aliados británicos violaron la legalidad internacional, pisotearon los principios fundamentales de las Naciones Unidas, se colocaron fuera de la ley y se comportaron inequívocamente como agresores.
Ante este crimen contra la paz, la comunidad mundial se ve enfrentada a una situación inédita. Desde la creación de la ONU en 1945, nunca dos Estados fundadores, miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que se cuentan entre las democracias más antiguas del mundo, habían transgredido tan brutalmente la legalidad internacional para convertirse ante sus ojos en lo que habría que denominar con acierto “Estados delincuentes”.
El orden del mundo resultó trastocado. No en términos de jerarquía del poder. Puesto que el de Washington sigue siendo indiscutible. Sino en términos de valores políticos. La protesta de (…)
Texto completo en la edición impresa del mes de abril 2003
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