Desguace de las libertades públicas

"Ellos son vuestro espanto y ustedes son su temor." Victor Hugo

Las espectaculares restricciones impuestas a las libertades públicas por la instauración del estado de emergencia en Francia, el 8 de noviembre de 2005, en realidad no son más que la continuación de una larga serie de ataques a los derechos fundamentales. Iniciada hace veinte años, esta desviación se aceleró con el pretexto de los acontecimientos del 11 de setiembre de 2001: siguiendo a la Patriot Act estadounidense, la ley Vaillant del 15 de noviembre de 2001, elaborada durante el gobierno de Jospin, fue la piedra inicial de un edificio de seguridad que ahora Nicolás Sarkozy se apresta a fortificar.

Todos estas normas aumentan los poderes de policía y limitan los controles judiciales, especialmente a través de la generalización de las incriminaciones de contorno impreciso, como la de criminalidad "organizada". Con el correr de los años, sin que mediara un verdadero debate, se volvieron legales: los controles de identidad en las más amplias circunstancias, los interrogatorios a distancia por video-conferencia, la revisión de vehículos durante una simple investigación preliminar, la conservación de los datos de las conexiones a internet durante un año, la posibilidad del anonimato de los testigos, los centros cerrados para menores, las sanciones correccionales desde la edad de diez años, la remuneración de los informantes de la policía... Además, se extendieron las posibilidades de indagaciones y de escuchas telefónicas. Algunas de estas medidas recuerdan y superan a la ley de "seguridad y libertad" de 1981, que suscitó vastas manifestaciones de protesta. A estas medidas que restringen los derechos fundamentales se agregan los textos que endurecen las condiciones de entrada y permanencia de los extranjeros en Francia, limitando su derecho al recurso judicial y a la protección judicial.

Por otra parte, no se puede soslayar la función económica de estas leyes, que (...)