La protección social es hoy un tema obligado de las campañas electorales en África. En Costa de Marfil y en la República Democrática del Congo, la Constitución o la ley prescriben como objetivo prioritario el seguro de enfermedad. Pero el crecimiento de la economía informal y la debilidad política y financiera de los Estados dificultan su concreción. Ello no impide a expertos y asociaciones buscar vías de acción.
Al concluir el primer referéndum democrático realizado en ese país en casi cuarenta años, el 15 de diciembre de 2005, la República Democrática del Congo (RDC) inscribió “la garantía de salud y seguridad alimentaria” en su nueva Constitución. Antes del referéndum, en octubre de 2001, el presidente Laurent Gbagbo había hecho aprobar por el Parlamento marfileño la creación de un sistema de seguro de enfermedad universal (AMU). Tan sólo un año después, Costa de Marfil se hundió en un conflicto de larga duración y la implementación del AMU se postergó por tiempo indeterminado.
Ruanda fue el segundo país africano que tomó este camino. Pero si bien el AMU ruandés se aprobó en el Parlamento, todavía no rige, porque las autoridades están consultando a sus socios del exterior, en particular a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el “derecho de todo ser humano a la seguridad social” indica, efectivamente, que las obligaciones de los Estados en materia social requieren del “esfuerzo nacional”, pero también de la “cooperación internacional”.
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