Aunque la presidenta filipina, Gloria Magapagal Arroyo, haya decidido suspender la pena de muerte, conmutándola por prisión perpetua, mantiene limitadas y muy controladas las libertades públicas, bajo el pretexto de prevenir eventuales golpes de Estado. La corrupción, los asesinatos políticos, el aumento de la delincuencia y especialmente la miseria minan a este país de débil democracia.
Mediante un decreto presidencial, Gloria Macapagal Arroyo, jefe de Estado de Filipinas, declaró el 24 de febrero de 2006 el estado de urgencia. Oficialmente, para frustrar la amenaza de un golpe de Estado fomentado por “activistas de izquierda y aventureros militares de derecha”. El gobierno afirmaba haber descubierto que oficiales descontentos preparaban un golpe de Estado, con el nombre en código de “Oplan Hackle”, previsto para el fin de semana siguiente, en ocasión de las manifestaciones de protesta contra la presidenta, a las cuales se iban a unir los militares. Seis parlamentarios de izquierda amenazados con arresto se resguardaron en el recinto del Congreso, mientras las autoridades elaboraban una lista de militantes acusados de rebelión, entre los cuales se encontraba el dirigente del Frente Democrático Nacional, Luis Jalandoni.
Un motín de marinos fue rápidamente reprimido. Con escenas que recordaban la fallida revuelta de julio de 2003, durante la cual 300 soldados de otra unidad de elite cercaron durante varias horas un centro comercial del barrio financiero de Makati, los soldados que protestaban fueron reprendidos y enviados de vuelta a sus cuarteles. Dos oficiales de alto rango, el general de brigada Danilo Lim, de los Scout Rangers (unidad de elite de reconocimiento), y el coronel Ariel Queriubin, ambos marinos, fueron puestos bajo arresto, acusados de ser “delincuentes varias veces reincidentes”: ambos habían participado en un intento de golpe de Estado en 1989. Una semana más tarde, el 3 de marzo, Arroyo se comprometió a abrir un diálogo con los militares de (…)
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