Estado de emergencia permanente

Tribunales de excepción, tortura, cárceles secretas, parlamentos fagocitados por los ejecutivos, escuchas ilegales: en nombre de los imperativos de seguridad, las conquistas de la democracia liberal son corroídas una a una en Estados Unidos y en el Reino Unido. La “guerra contra el terrorismo” y el estado de excepción amplifican el doble movimiento de autonomización y concentración del ejecutivo.

Rara vez fue tan grande la distancia entre democracia real y democracia formal. En todas partes –o en casi todas–, poderes ejecutivos débilmente legitimados gobiernan desde hace años sin -y a menudo contra- el consentimiento popular en países democráticos “avanzados”. En Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares, el Poder Ejecutivo se autonomizó de la sociedad, imponiéndole, en su ciego avance neoliberal y neoconservador, “reformas” sociales regresivas y medidas disciplinarias y securitarias cada vez más represivas.

Al mismo tiempo, asistimos a una concentración del Poder Ejecutivo y a una marginalización de los contrapoderes, e incluso a veces, como en el caso de Reino Unido y Estados Unidos, a un cuestionamiento fundamental de los equilibrios institucionales que fundan desde sus orígenes el proyecto liberal-democrático. Este doble movimiento de autonomización y concentración de poder fue poderosamente amplificado por la “guerra contra el terrorismo” y el estado de excepción que, desde 2001, sobredeterminan los campos de lo real: en Francia, el plan Vigipirate está en vigor hace diez años.