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Bajo la mirada interesada de las multinacionales

Engañosa evaluación de los organismos genéticamente modificados

Los internautas que consulten el sitio interministerial que el gobierno francés dedicó a los organismos genéticamente modificados (OGM), podrán descubrir, en el capítulo titulado “Evaluar un OGM antes de autorizar su comercialización”, el siguiente párrafo. “El análisis de los riesgos sanitarios y ambientales es el elemento fundamental y la condición previa para autorizar cualquier comercialización de OGM. Ese análisis se basa en elementos científicos pertinentes y multidisciplinarios, y está a cargo de comités de expertos independientes”. Si esa página fuera sometida al detector de mentiras, las computadoras comenzarían inmediatamente a hacer sonar sus alarmas. En efecto, ese discurso choca con la realidad de la evaluación de los OGM, que históricamente sólo sirvió –en el mejor de los casos– para ocultar la verdad.

La transgénesis, que apareció en la segunda mitad del siglo XX, es una tecnología totalmente nueva pues permite, por primera vez, introducir artificialmente en una célula una construcción genética extraña. Pero ese tipo de aplicaciones sobre seres vivos plantea problemas sanitarios y ambientales, sin hablar de consideraciones éticas, que obligan a realizar una evaluación específica de su impacto. Cosa que sin embargo nunca se hizo.

En Estados Unidos, país pionero en materia de manipulaciones genéticas, los proyectos de ley destinados a controlar políticamente el desarrollo de las biotecnologías surgieron a fines de la década de 1970. Algunos de esos proyector proponían crear comisiones reguladoras ad hoc. Pero el Congreso adoptó rápidamente una primera decisión de gran importancia: las agencias federales existentes, en el marco de la reglamentación en vigor, serían suficientes para organizar la regulación. El 26 de junio de 1986, el presidente Ronald Reagan firmó un conjunto de reglas conocidas bajo el nombre de “Coordinated Framework for Regulation on Biotechnology Policy” (Marco de coordinación para la reglamentación de la política sobre (...)

Artículo completo: 419 palabras.

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Aurélien Bernier

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