Gobierno de izquierda, versión uruguaya

Más de veinte años después, las cenizas de la dictadura uruguaya están aún calientes. Por haberlo olvidado, el 18 de octubre de 2006, le fue mal al general Carlos Díaz, comandante en jefe del ejército. Sin informar al Poder Ejecutivo, tal como lo exige la Constitución, invitó a un asado a dos personalidades de la oposición de derecha en la sede del Batallón 14, en los suburbios de Montevideo. Dos generales lo acompañaban. Al leer la información publicada el día siguiente en el semanario Búsqueda, la ministra de Defensa Azucena Berrutti llamó de inmediato por teléfono al presidente (de izquierda) Tabaré Vázquez. Con su acuerdo, se apresuró a comunicar al general Díaz que era relevado de su mando “por falta grave”.

¿Esbozo de una conspiración? Desde que se cerró la tenaza alrededor de los responsables de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), la oposición de derecha comenzó a reaccionar. Porque ya no son sólo militares y ex-policías los que se encuentran en el banquillo de los acusados. En el curso de los últimos meses, se acumularon algunas pruebas abrumadoras contra el ex presidente Juan María Bordaberry, hoy de 77 años. En 1971 fue electo para ocupar el cargo, y dos años más tarde disolvió el Congreso y suspendió todas las libertades constitucionales dando pleno poder al ejército “para restablecer el orden”, que estaba amenazado por el descontento popular y las acciones guerrilleras de los Tupamaros.

El 16 de noviembre de 2006, el juez Roberto Timbal lanzó una orden de detención contra Bordaberry y su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, por el asesinato de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, así como de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, cuyos cuerpos acribillados a balazos fueron encontrados en un coche abandonado en Buenos Aires, el 18 de mayo de 1976. Detenidos en Montevideo, los ex gobernantes recibieron penas de diez a treinta años de prisión. (...)