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Fuerte embestida contra los movimientos sociales en Perú

La política represiva de Alan García

A tres años de su asunción, el presidente peruano Alan García ha endurecido fuertemente la represión contra los movimientos sociales, indígenas, ambientalistas y la izquierda, que se oponen a su política “modernizadora”. El gobierno pretende legalizar la impunidad de las fuerzas armadas, en momentos en que Perú reviste una importancia estratégica como freno ante la consolidación de los gobiernos progresistas de la región.

En febrero de 2008, dos campesinos fueron ejecutados por miembros de la policía que reprimía el bloqueo de rutas durante un paro nacional agrario en la región de Ayacucho. Algunos días más tarde, el presidente peruano Alan García declaraba: “La policía ha actuado con mucha convicción y decisión, y yo felicito a la policía, está muy bien que defienda al Perú (…) Que sirva de lección a los que promueven públicamente el paro y a la agitación; que sepan a dónde conduce esto”.

Estas amenazas se sustentan en un aparato legal creado bajo el gobierno de Alberto Fujimori, después endurecido por el gobierno de García, que permite la criminalización de los movimientos sociales y la impunidad de las fuerzas armadas en sus acciones represivas. Los militares, igual que la policía, se sienten autorizados a utilizar libremente sus armas contra los que protestan, sin tener que responder ante la justicia por las heridas o las muertes causadas. Calificados de “extorsionadores”, los manifestantes se exponen a veinticinco años de prisión. Las autoridades que sostienen las huelgas son condenadas también por “extorsión”. Cualquier persona puede ser arrestada sin orden judicial y quedar incomunicada durante diez días. La policía puede intervenir en la investigación sin el aval del (...)

Artículo completo: 300 palabras.

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Monica Bruckman

Socióloga e investigadora en Ciencias Políticas, red Unesco, Universidad de las Naciones Unidas sobre la Economía Global y el Desarrollo Sostenible, Río de Janeiro.

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