La actual crisis internacional ha hecho evidente los límites de un modelo económico basado en la desregulación de los mercados, el crecimiento ilimitado y la reducción del Estado a funciones mínimas. Las consecuencias de estas políticas se están haciendo sentir en la vida de las personas, especialmente de las más empobrecidas y excluidas. Se trata de una crisis sistémica de gran profundidad, con dimensiones económicas, alimentarias, energéticas, ambientales y sociales. De acuerdo a la OIT, 200 millones de trabajadoras y trabajadores en países desarrollados podrían verse empujados a la pobreza y, según la OCDE en América Latina 39 millones de personas volverían a caer por debajo de los umbrales de pobreza. Esta crisis también ha evidenciado la debilidad de los Estados en nuestras naciones tanto europeas como latinoamericanas y el poder de las transnacionales. Es urgente rediseñar la arquitectura de la gobernanza mundial y reforzar el carácter democrático y participativo de nuestras instituciones públicas multilaterales, nacionales y regionales.
A esta situación se suma el fracaso de la Cumbre de Copenhague, ya que los gobiernos no han cumplido su rol de alcanzar compromisos concretos, diferenciados y compartidos, de reducción de las emisiones de carbono y no llegaron a acuerdos financieros vinculantes para las políticas de mitigación y adaptación en los países con menos recursos. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad del planeta, lo que exige una acción urgente, eficaz y concertada durante la próxima cumbre de Cancún.
Observamos con preocupación en ambos continentes retrocesos democráticos, violación de derechos humanos, aumento de la violencia contra las mujeres, aumento de la impunidad, militarización y escalamiento de conflictos sociales, culturales y ambientales. Particularmente recordamos el golpe de Estado en Honduras como una situación inadmisible que establece un precedente intolerable, que exige una respuesta contundente y el no reconocimiento del actual gobierno hondureño por parte de la comunidad internacional. También nos preocupa la situación de las personas migrantes en Europa y especialmente la violencia organizada que viven en ciertos países. Al mismo tiempo, nos solidarizamos ante el desastre humanitario que viven Haití y que evidencia la urgencia de cambiar las políticas de desarrollo, cooperación y ayuda humanitaria, evitando la militarización y un mayor endeudamiento de este país (...)
La crisis ha evidenciado que se requiere mayor coraje, voluntad política y capacidad de propuesta de parte de los gobiernos. Por ello planteamos a los gobiernos de la Unión Europea (UE) y de América Latina y el Caribe (ALC), las siguientes consideraciones y propuestas sobre algunos temas que nos resultan de particular importancia: 1. Construir un modelo de relaciones entre ALC y UE en donde el diálogo político y la cooperación sean el núcleo principal de genuinos vínculos que promuevan la justicia social y los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales a partir de un profundo análisis y respeto de los modelos de desarrollo de nuestros países, de sus debilidades y ventajas.
2. Mantener y aumentar los presupuestos públicos destinados a bienestar social, priorizando: seguro de empleo, salud, educación pública, protección medio ambiental, vivienda, igualdad de género y desarrollo infantil. Los gobiernos deben comprometerse a generar trabajo decente, comenzando por aplicar el Pacto Mundial por el Empleo, y haciendo participar a la sociedad civil en la aplicación y seguimiento del mismo. A su vez, el incremento de los ingresos de los Estados, debe estar basado en reformas fiscales directas y progresivas.
3. Desarrollar una nueva arquitectura de gobernanza mundial que contribuya a alcanzar la equidad por medio de la implementación de mecanismos de justicia tributaria y comercial a nivel global.
4. Introducir medidas urgentes de regulación financiera tanto al interior de los Estados como internacionalmente, para proteger el ahorro, impulsar la producción y combatir la especulación a través de controles de cambio y de movimientos de capitales así como la prohibición del secreto bancario, de los centros bancarios extraterritoriales (OFCs) y de los llamados paraísos fiscales. Implementar impuestos a las transacciones financieras internacionales que sean mecanismos tanto de regulación financiera como de financiamiento adicional del desarrollo y combatir la impunidad de los crímenes económicos y financieros (...)
5. Detener la negociación de acuerdos de asociación entre la Unión Europea y los bloques regionales y países de América Latina y el (…)
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