Un alza de impuestos directos a las empresas pero acotada en el tiempo, un aumento “voluntario” al royalty a las empresas mineras y mayores contribuciones a las propiedades de alto valor, forman parte del paquete tributario que adoptó el gobierno de Sebastián Piñera para financiar el plan de reconstrucción de la zonas chilenas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado. Aunque inicialmente el alza de impuestos provocó resistencias en los sectores más fundamentalistas de la propia coalición derechista que gobierna, así como entre los grandes empresarios, Piñera consiguió imponer su plan y, de paso, tomar la iniciativa política que no lograba retener a poco más de un mes de asumir el sillón presidencial.
Para el gobernante, el plan difundido el 16 de abril para hacer frente a la devastación que dejó el terremoto y el tsunami de febrero es su nueva carta de navegación, que no sólo le permite manejar la agenda política, comunicacional y legislativa sino además desplazar y arrinconar a una oposición parlamentaria que no logra armarse. Los tiempos políticos de más corto plazo corren a favor del mandatario, cuyo plan de reconstrucción será financiado casi en un 40 por ciento por su propuesta de reforma tributaria.
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