¿Quién paga la cuenta?

El desastre ha sido de envergadura. Paralización de la producción, en particular en las regiones del Maule y Bío-Bío; destrucción directa de actividades económicas, viviendas, infraestructura vial, puertos, astilleros, caletas, puentes y pasos de nivel; y serio deterioro de escuelas, hospitales y edificios de la Administración Pública. Los costos públicos para la reconstrucción han sido estimados en US$10.000 millones, pero la existencia de algunos seguros comprometidos y el auto-elogio de Piñera respecto a que su accionar será muy eficiente, lo reduce a US$ 8.431 millones.

La propuesta de financiamiento para la reconstrucción tiene orígenes diversos: impuestos (ampliamente cubierto por otros artículos en esta misma edición), donaciones, reasignaciones presupuestarias, enajenación de activos del Estado, deuda externa, deuda interna y la utilización del fondo de recursos que se ha acumulado en el exterior (FEES), gracias al alto precio del cobre. No podía ser de otro modo considerando la envergadura de la catástrofe.