El nudo crítico no está en quienes se visibilizan socialmente como mapuche, anarquistas, sindicalistas o estudiantes, sino en cómo el Estado reacciona frente a la efervescencia social que busca reivindicaciones; las herramientas legales usadas por los encargados de la persecución penal parecieran no cumplir con los mencionados estándares de derechos humanos en un complejo contexto de criminalización de la protesta social.
El pasado lunes 2 de mayo debía comenzar la audiencia de preparación de juicio oral en el llamado “caso bombas”, la que tiene por objetivo depurar la prueba que conocerá el tribunal oral en lo penal, el que determinará si las personas acusadas tuvieron alguna participación criminal en los hechos imputados por el ex fiscal Alejandro Peña. Cuando decimos “depurar”, significa en la práctica, que las partes intervinientes deberán debatir si las pruebas presentadas por el órgano persecutor fueron obtenidas en buena lid o, derechamente, hubo inobservancia de garantías constitucionales en esta larga y controvertida investigación. La prueba consiste en 6.744 evidencias, 794 testigos y 221 peritos...
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