El pueblo contra las dos derechas

Está terminando una etapa de la historia del país. Se inició hace más de veinte años y ha abarcado cinco gobiernos. Comenzó llena de esperanzas cuando los chilenos, a través de movilizaciones populares, valerosas luchas y un histórico plebiscito, pusieron fin en 1988 a una dictadura signada por la crueldad, el abuso y la codicia. Más allá de sus logros, la etapa postdictatorial acumuló desesperanza y frustración. La razón es simple: las promesas no realizadas que han consolidado una sociedad profundamente injusta.

Durante estos decenios las principales fuerzas político-electorales del país -la Concertación y la Alianza derechista- construyeron acuerdos, explícitos o tácitos, y los enmascararon tras disputas retóricas y formales. El resultado fue el que conocemos: la mantención de la estructura fundamental del modelo neoliberal heredado de la dictadura.

La Concertación perdió gradualmente su energía transformadora original, confundió la necesidad de ciertos acuerdos indispensables con la falsa virtud de los “consensos”, prefirió proclamar supuestos éxitos que informar transparentemente a los ciudadanos y pedir su apoyo para superar las dificultades y obstáculos que la dictadura dejó sembrados en las instituciones surgidas de la Constitución de 1980 y progresivamente se rindió al eje de poderes de la derecha. Por eso hoy, en pleno año 2011, existen en Chile menos trabajadores sindicalizados y menos trabajadores cubiertos por contratos colectivos que en el año 1989. Por esa razón, la educación pública ha perdido terreno ante el avance privado y el sistema educacional ha acentuado su rol de reproductor de desigualdades sociales que hasta la derecha extrema no se atreve a negar. Con razón nuestro sistema escolar ha sido calificado por la OCDE como uno de los más discriminatorios y segregados del mundo.

Ha sido una etapa en que para una familia pobre o de clase media se ha convertido en un drama que uno o más hijos queden aceptados en universidades o instituciones de educación superior, porque lo más probable es que deban hipotecar sus bienes y su futuro para solventar costos. Ha alcanzado límites inadmisibles el carácter mercantil y lucrativo de la educación superior.

Una etapa en que continuó el empeño privatizador de la dictadura y se traspasaron a control privado todas las empresas sanitarias, todos los puertos en los que hubo interés de particulares, y otras unidades productoras de bienes y servicios públicos. El tamaño del Estado se redujo a niveles anteriores a la crisis del los años 30 del siglo pasado.

Ha sido un tiempo de creciente precarización del trabajo en la que hasta a los funcionarios públicos se les ha empujado a niveles de inestabilidad laboral no conocidos, al punto que más de la mitad se encuentran en la precaria condición de “contratas” u “honorarios”. Un período en que el derecho a la salud, a pesar del Plan Auge, ha quedado sujeto a la rentabilidad de las Isapres y (...)