Las contradicciones de la revolución boliviana

Pocos son los intelectuales enfrentados a los rigores que impone la realidad y pocos son los líderes políticos que analizan las implicancias teóricas de su acción. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, analiza las dificultades que enfrenta la revolución boliviana y las tensiones propias de todo movimiento de transformación social.

l revelar las dificultades que encuentra una colectividad dada –un pueblo, un Estado–, las contradicciones catalizan el surgimiento de soluciones. A través de estas tensiones, las sociedades se desarrollan, tejen alianzas entre grupos sociales y superan (parcial o completamente) los obstáculos que traban su progreso.

Entre el año 2000, fecha de las primeras movilizaciones sociales masivas que denunciaron la privatización del agua, y 2009, fecha de la reelección del sindicalista campesino Evo Morales para la Presidencia, Bolivia vivió un conflicto fundamental que opuso al pueblo boliviano y al imperio estadounidense y sus aliados de la burguesía local, apegados al neoliberalismo.

La elección de 2009, de la que el gobierno de Morales salió fortalecido (1), atenuó esas amenazas externas. Surgieron entonces nuevas contradicciones, en el seno del bloque nacional popular, entre los diferentes sectores que conducen el proceso de cambio, relativas a las modalidades de su liderazgo. Cuatro de esas tensiones, secundarias respecto del conflicto central contra el imperialismo, se sitúan no obstante en el corazón del proceso revolucionario boliviano: por una parte, amenazan su prosecución; por otra, permiten imaginar las formas para pasar a la etapa posterior.

El “Estado integral”

La primera se refiere a la relación entre el Estado y los movimientos sociales. La población espera acciones rápidas del gobierno, que aporten respuestas concretas a sus necesidades materiales. Pero esto exige una centralización eficaz de la toma de decisiones y nuestro gobierno está constituido por representantes de organizaciones sociales indígenas, obreras, campesinas y populares, cuya dinámica propia requiere “tomarse tiempo”. Tiempo para el debate, la deliberación y el análisis de propuestas diversas. El funcionamiento de estos movimientos implica también el incremento del número de participantes en la toma de decisiones. El gobierno del presidente Evo Morales –un “gobierno de los movimientos sociales” (2)– es el lugar donde se enfrentan y se liberan las dinámicas de concentración y de descentralización de las decisiones, de monopolización y de socialización de las acciones ejecutivas, entre la rapidez de los resultados y la lentitud de las deliberaciones.

Para intentar resolver esta contradicción, propusimos el concepto de “Estado integral”: el momento en que la sociedad se apropia progresivamente de los procesos de arbitraje, para así superar la oposición entre el Estado (como máquina de centralizar las decisiones) y el movimiento social (como máquina de descentralizarlas y democratizarlas).

Un objetivo de este tipo no se plantea para el corto plazo. Es el resultado de un movimiento histórico hecho de avances y de retrocesos, de desequilibrios que inclinan la aguja de la balanza tanto hacia un lado como hacia el otro, según se ponga en juego la eficacia del gobierno o la democratización de las decisiones. La lucha (y sólo ella) permitirá mantener el equilibrio entre estos dos polos durante el tiempo necesario para la resolución histórica de esta contradicción.

Hegemonía indígena y popular

La segunda tensión creativa opone la amplitud del proceso revolucionario –que deriva de la creciente incorporación de diferentes grupos sociales y de la búsqueda de alianzas amplias– y la necesidad de consolidar la dirección indígena, campesina, obrera y popular, que garantiza la orientación política.

La hegemonía del bloque nacional-revolucionario exige la cohesión de las clases trabajadoras. También implica la proyección de su liderazgo (histórico, material, pedagógico y moral) al resto de la población, a fin de asegurar su apoyo.

Por supuesto, siempre habrá un sector reacio a la hegemonía indígena y popular, que en ocasiones actuará como correa de transmisión de los poderes extranjeros. Pero la consolidación de la dirección plebeya exige que el conjunto de la sociedad considere que su situación progresa cuando las clases trabajadoras dirigen el país. Esta necesidad obliga a un poder de izquierda a tener en cuenta una parte de las necesidades de sus adversarios.

No existe receta ni modelo para salir de esta situación: sólo el debate y la educación pueden permitir que esta contradicción se despliegue y canalizarla para convertirla en una fuerza motriz de la dinámica de transformación social.

Un proyecto universal

Una tercera tensión creativa de nuestro proceso de cambio se ha manifestado con mucha intensidad desde hace un año. Surge en el choque entre el interés general y el particular, de un grupo, de un sector o de un individuo. Entre la lucha social, común y comunista y las conquistas individuales, sectoriales y privadas.

El amplio ciclo de movilizaciones que se inició en el año 2000, con la guerra del agua, comenzó con una movilización local. Pero ésta concernía directamente al conjunto del país, también amenazado por los proyectos de privatización del agua. Luego vinieron la guerra del gas, la lucha por una Asamblea Constituyente y la construcción de una democracia plurinacional: todas reivindicaciones sostenidas de manera sectorial por indígenas y obreros, que sin embargo afectaban al conjunto de los oprimidos e incluso a la nación toda.

La emergencia de estas exigencias –concebidas en las barricadas, en los cortes de rutas, en las manifestaciones y durante las insurrecciones populares– permitió construir un programa de toma del poder capaz de movilizar y unificar progresivamente a la mayoría del pueblo boliviano. Después de la victoria, en 2005, el gobierno se dedicó a implementarlo. Para empezar, se llevó a cabo la Asamblea Constituyente, que, por primera vez en la historia, permitió que la Constitución política del Estado fuera redactada por los representantes directos de todos los sectores sociales del país. Luego, procedimos a nacionalizar grandes empresas, facilitando así la redistribución de una parte del excedente económico a través de los programas Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy (3).

Si estudiamos el ciclo de la movilización como una curva ascendente que, de acuerdo con la experiencia histórica, se estabiliza y luego declina poco a poco, comprobamos que la primera etapa –o fase ascendente– se caracteriza por la inclusión creciente de los sectores sociales, la construcción de un programa general y la aparición, por parte de las clases “subalternas”, de una voluntad organizada y concreta de toma del poder.

La estabilización de la movilización, en el punto más alto de la curva, corresponde a la vez al momento de la puesta en marcha de los primeros objetivos universales y al de las resistencias más fuertes de los grupos sociales que apoyan el poder neoliberal saliente: desestabilizaciones, intento de golpe de Estado, movimientos (...)