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Cuando Sísifo se volvió latinoamericano

¿Y ahora Perú? Constituida en laboratorio del neoliberalismo a partir de mediados de los años 70, América Latina cambió de cara en los últimos tiempos. Desde hace unos diez años, una gran parte de la región “se pasó a la izquierda”, un fenómeno a menudo descrito como una oleada. Ahora bien, sucede que la ola arrastra consigo un nuevo bastión de la derecha. La tarde de la elección presidencial peruana de junio de 2011, el candidato triunfante –Ollanta Humala, un hombre de izquierda– proclamaba: “Nunca más el gobierno servirá a los intereses de la elite que vende las riquezas mineras del Perú a las multinacionales. Todo esto debe cambiar”. ¿Ruptura? En el mismo discurso, Humala prometía, con la misma firmeza, no cambiar nada en el modelo económico peruano.

La ola progresista que se ha producido en América Latina, suele ser calificada de “rosa” [“marea rosa”], debido a las diferentes corrientes que la atraviesan. A tal punto que algunos gobiernos de la región, que habían logrado la mayoría electoral movilizando a las clases populares, ahora se ven confrontados a una doble amenaza: por una parte, el resurgimiento de la derecha (a través de las urnas, como en Chile en 2010, o por la fuerza, como en Honduras en 2009); por la otra, movimientos de protesta alimentados por los ánimos frustrados de una parte de la población. Dos factores que, combinados, revelan ciertos límites internos y externos de los procesos políticos en América Latina.

La mañana del 30 de septiembre de 2010, tratando de negociar con agentes de policía que ocupaban los locales administrativos en el centro de Quito para protestar contra una ley que preveía la reducción de sus beneficios salariales, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue atacado, secuestrado y luego retenido en un hospital militar antes de ser finalmente socorrido por medio de una operación de armas pesadas llevada a cabo por un comando de fuerzas especiales (1). Descartando la eventualidad de un golpe de Estado, algunos observadores analizaron entonces el acontecimiento como un “movimiento social”, desencadenado por el enojo de una parte de las fuerzas policiales. La acción, sin embargo, había estado coordinada: en todo el país, otras unidades de la policía y del ejército bloquearon tanto las autopistas como los aeropuertos internacionales de Quito y de Guayaquil, ocuparon el Parlamento y tomaron por asalto los locales de la televisión nacional, TV Ecuador. Entonces, ¿arranque de ira o golpe abortado en razón del débil apoyo del ejército…?

Que la derecha ecuatoriana y los halcones de Washington hubieran querido ver a Correa apartado del poder no sorprende: al cerrar la base aérea estadounidense de Manta, en el territorio de su país, en octubre de 2007, el presidente había declarado que “la presencia de semejante base sólo sería considerable el día en que Estados Unidos permitiera la instalación de una base ecuatoriana en Miami”. Además, desde su ascenso al poder, consiguió reducir en 3.200 millones de dólares el peso de la deuda extranjera, al demostrar que esta se contrajo ilegalmente. En fin, no contento con prometer la construcción del “socialismo del siglo XXI”, Correa hizo ingresar a Ecuador a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), una iniciativa de integración regional impulsada por Venezuela y Cuba.

Pero esta administración no incomoda únicamente a las elites. Desde su elección, el presidente ecuatoriano poco a poco tomó distancia de las organizaciones indígenas, los sindicatos y las asociaciones populares que lo llevaron al poder, y que constituyen todavía la base de su electorado. Al mismo tiempo que dirigía públicamente la tentativa del golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010 (y señalando con el dedo a “las fuerzas imperialistas” y los movimientos de derecha que lo habrían fomentado), la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), la tarde del acontecimiento, declaraba en un comunicado publicado: “Un proceso de cambio, por tímido que sea, corre siempre el riesgo de ser contrarrestado, e incluso recuperado por la derecha, si el gobierno no establece o no refuerza progresivamente la alianza con las organizaciones constituidas y la sociedad civil”. Agregaba que la política de Correa, demasiado complaciente respecto “de los sectores más reaccionarios y de los intereses financieros emergentes”, los había dejado lo suficientemente poderosos como para tratar de derrocarlo. Por su parte, Cléver Jimenez –miembro de Pachakutik, el brazo político de la CONAIE – ordenaba “al movimiento indígena y a los movimientos sociales constituir un solo frente nacional para exigir la partida del presidente Correa (2)”. A riesgo de quedar asociado, de hecho, a la tentativa de golpe.

En Venezuela, la oposición registró un avance espectacular al momento de las elecciones legislativas de 2010, al juntar cerca del 50% de los sufragios (3). Aunque el partido del presidente Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consiguió mantenerse, no logró conservar la mayoría de los dos tercios en la Asamblea Nacional. Este éxito de la derecha no es totalmente ajeno a la incesante campaña de desestabilización que lleva adelante Estados Unidos a través de todo el país: el periodista Jeremy Bigwood reveló recientemente que entre 2007 y 2009, el Departamento de Estado estadounidense había pagado varios millones de dólares a periodistas latinoamericanos, especialmente en Venezuela (4). Pero el resultado del escrutinio de 2010 refleja también la desmovilización de una parte de los partidarios de la “revolución bolivariana”. Las razones son múltiples: dificultades económicas (debidas en particular al descenso de los ingresos del petróleo), inseguridad (5), corrupción endémica, oportunismo dentro de las elites “revolucionarias”, lentitud del proceso de transformación de la sociedad, etc. En ese contexto, el anuncio oficial según el cual el presidente Chávez sufría de cáncer, el 30 de junio de 2011, puso de manifiesto otra de las debilidades del proceso venezolano: la concentración de poder en torno a la figura del jefe de Estado, que hunde a la izquierda en la duda respecto de los potenciales sucesores del dirigente actual.

En Bolivia, el presidente Evo Morales está confrontado desde principios del año 2010 a una ola casi ininterrumpida de huelgas y de movimientos de movilización conducidos por sindicatos, comunidades indígenas y diversas organizaciones populares. Las más recientes, que denuncian la construcción de una ruta en medio de un parque nacional protegido en territorio indígena, fueron severamente reprimidas por las fuerzas del orden en el mes de septiembre de 2011 y condujeron a varios miembros del gobierno a presentar sus renuncias. Las reivindicaciones tienen que ver principalmente con los salarios, las medidas de austeridad y la falta de escucha por parte del gobierno respecto de los concejales y de la población, especialmente en el tema de la explotación de los recursos naturales. “¿Qué es lo que cambió en el curso de estos últimos años?”, se preguntaba recientemente, en tono de burla, el célebre intelectual neoliberal boliviano Roberto Laserna. “Mucho, si observamos el proceso en términos de discurso y de símbolos en una perspectiva a corto plazo. Pero muy poco, desde el punto de vista estructural o de las tendencias (...)

Artículo completo: 3 630 palabras.

Texto completo en la edición impresa del mes de noviembre 2011
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William I. Robinson

Profesor de sociología y de estudios internacionales en la Universidad de California (Santa Bárbara). Autor de America and Global Capitalism: A critical Globalization Perspective, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2010.

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