El futuro político de Francia

Difícilmente un eventual cambio de presidente en Francia pueda abrir el camino de una política distinta. Para ello sería preciso romper con todos los tratados europeos, elaborados para servir a los intereses de la banca y opuestos frontalmente a los derechos conquistados por los trabajadores tras un siglo de lucha.

¿Podrán las elecciones francesas conducir a un cambio de presidente sin que ello signifique terminar con los principales objetivos del período abierto en 2007? La alternancia política constituiría un alivio para los franceses porque, más allá de los reveses más ostensibles del presidente saliente –su omnipresencia, su exhibicionismo, su capacidad para decir una cosa y después la contraria, la fascinación que le inspiran los ricos, casi igual a su disposición para transformar en chivos emisarios de todos sus arranques a los desocupados, los inmigrantes, los musulmanes o los funcionarios–, los cinco años transcurridos marcaron el retroceso de la democracia política y de la soberanía popular.

Después del referéndum de mayo de 2005, los candidatos al Palacio del Elíseo de los dos principales partidos representados en el Parlamento ignoraron la oposición de una gran cantidad de franceses a una creación europea cuyos errores conceptuales se revelan en la actualidad. El escrutinio del referéndum se había realizado, sin embargo, a través de un voto inapelable, al cabo de un debate nacional de un nivel superior a la actual campaña electoral. Y la presidencia de Nicolas Sarkozy, que debía marcar la recuperación de prestigio del voluntarismo político, termina en una serie de declaraciones desconcertantes. Mientras que el conjunto de los candidatos de izquierda reprochan a los bancos, François Baroin, ministro francés de Economía, pretende que “enojarse con las finanzas es tan idiota como decir ‘estoy en contra de la lluvia’, ‘estoy en contra del frío’ o ‘estoy en contra de la niebla’”. Por su lado, el primer ministro François Fillon recomienda al candidato socialista François Hollande “someter su programa electoral a Standard & Poor’s”. (1). La subordinación de los círculos dirigentes franceses a la “democracia conforme al mercado” –credo sostenido por una derecha alemana cada vez más arrogante–, erosiona también la soberanía popular. El levantamiento de esta hipoteca es cuestión primordial en las elecciones actuales. Y obliga a plantear sin vueltas los términos del debate europeo. Nadie ignora que los programas de austeridad puestos en marcha con encarnizamiento desde hace dos años no han aportado –ni aportarán– ninguna mejoría a los problemas del endeudamiento que ellos pretenden resolver. Por consiguiente, una estrategia de izquierda que no cuestione este garrote financiero está condenada de entrada. Ahora bien, el entorno político europeo impide imaginar que esto pueda ser conseguido sin pelea.

Hoy por hoy, el estancamiento general está contenido por un flujo de dinero que el instituto emisor libra a bajo precio a los bancos privados, que se encargan de volver a prestarlo más caro a los Estados. Pero este respiro no depende más que de la buena voluntad del Banco Central Europeo (BCE), sostenida en una “independencia” que los tratados consagraron imprudentemente. A más largo plazo, la mayoría de los países miembros de la Unión se comprometieron dócilmente, conforme a las exigencias alemanas refrendadas por París, a endurecer sus políticas de rigor y a someter a los eventuales contraventores a un mecanismo de sanción draconiana, el Tratado sobre la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernancia (TSCG), en curso de ratificación.

Una prioridad absoluta
El castigo infligido a Grecia amenaza ahora a España, conminada a reducir en un tercio su déficit presupuestario aun cuando su tasa de desocupación alcanza ya el 22,8%. No lejos está Portugal, que debe disminuir su gasto público, aunque la tasa de interés de sus préstamos estalle (el 14% en marzo) y el país se hunda en la recesión (-3% de crecimiento en 2011). Infligir una vuelta de tuerca presupuestaria a los Estados amenazados por la desocupación en masa no es una situación inédita; fue la gran receta económica y social de los años 1930 en Francia... Los socialistas decían entonces: “La deflación agrava la crisis, disminuye la producción y disminuye el pago de impuestos” (2).

La estupidez de las políticas actuales no es sin embargo sorprendente, sino para quien piense todavía que éstas tienen vocación de servir al interés general y no a la oligarquía rentista enganchada a (...)