La persecución, represión y criminalización a los sectores movilizados del pueblo mapuche ha entrado en una espiral peligrosa. El gobierno de Sebastián Piñera ha profundizado una política, que se arrastra por más de dos décadas, que tiene su énfasis en una renovada “pacificación” de la Araucanía, en vez de buscar y estimular soluciones a los problemas históricos y de fondo que viven los pueblos originarios.
La llamada “cumbre de seguridad” realizada en La Moneda el pasado 24 de julio, encabezada por el propio presidente Piñera, en la que participaron los máximos jefes policiales, fiscales y organismos de inteligencia concluyó con el diseño de nueve medidas que entrarán a operar en menos de 30 días. Salvo una breve mención a que serán apuradas las medidas para la “conformación del Área de Desarrollo Indígena” en Ercilla y Collipulli, todas las iniciativas apuntan a fortalecer la acción represiva.
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