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El paro de octubre de 1972

La impresionante reacción popular

Apenas iniciada la asonada contra el gobierno de Salvador Allende el 9 de octubre de 1972, la base popular que lo apoya comprende que la confrontación es decisiva y que afronta un desafío inédito: mantener el país en marcha contra el intento patronal de paralizarlo. Lo conseguirá gracias a una movilización colosal e imaginativa.

Preparado durante casi un año por los gremios patronales, el “paro de octubre” toma rápidamente los ribetes de una insurrección que busca la dimisión del gobierno de Allende, o la fabricación de una crisis tal que provoque una “intervención” militar. La Democracia Cristiana y el derechista Partido Nacional, ahora unidos en la “Confederación Democrática”, se movilizan y manifiestan. La justicia, la Contraloría y la mayoría parlamentaria usan sus poderes para entrabar la acción del Ejecutivo, mientras grupos fascistas sabotean las infraestructuras y atacan a los camiones activos. En resumen –afirma Mattelart– la burguesía chilena se da el lujo de un mayo del 68, a la inversa.

Medidas gubernamentales
Tres semanas antes, el 14 de septiembre, el presidente Allende había denunciado un Plan Septiembre: “Se pretende paralizar el país, promoviendo un conflicto en el gremio del rodado… creando dificultades a barcos que traían trigo… y grupos fascistas tienen preparadas asonadas callejeras”. Días después llama a retiro al general Alfredo Canales, implicado en el proyecto de golpe. La conjura pierde así su principal apoyo militar, por entonces exiguo.

Iniciada la huelga, Allende habla al país. Recuerda que hace sólo 20 días había alcanzado un acuerdo con los transportistas: alza de 120% de sus tarifas y la estabilización de los precios del carburante y de los repuestos. Por lo tanto –explica– el paro del transporte es completamente ilegal y ocasiona dificultades increíbles en el abastecimiento de alimentos, gas y combustibles. Pide a los partidarios de la UP que se atengan a las instrucciones del Gobierno, “hay que impedir lo que ellos quieren; meter una cuña entre el gobierno y las Fuerzas Armadas”. Y reitera, con énfasis, que hará todo lo que esté a su alcance para evitar un enfrentamiento entre chilenos. Decreta “Estado de Emergencia” en 12 de las 25 provincias, extendido luego a 20 (2).

Éstas quedan a cargo de militares facultados para restringir el derecho de reunión y modificar el funcionamiento del transporte. Instauran el patrullaje callejero y algunos aplican los decretos de apertura a comercios cerrados. Incluso clausuran radios de derecha que infringen las restricciones impuestas por los militares jefes de zona. En Santiago, el general Bravo impone un toque de queda de las 00h a las 6h.

El ministro del Interior Jaime Suárez (PS) anuncia la caducidad de los acuerdos con los dueños de camiones; anula la entrega de 1.500 camiones Fiat, retiene otros 160, y advierte que todo camión parado o que obstaculice carreteras puede ser requisado. Empadrona a los choferes de los servicios públicos para conducir los vehículos disponibles. Aplica la Ley de seguridad del Estado a los dirigentes de la huelga y un juez ordena su detención durante algunos días y establece prioridades para distribuir el combustible: primero hospitales, (...)

Artículo completo: 1 526 palabras.

Texto completo en la edición impresa del mes de noviembre 2012
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Jorge Magasich

Historiador.

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