Las instituciones no funcionan

Casi veinte días después de que estallara el escándalo por sobreprecios pagados por el Ministerio del Interior en equipos tecnológicos para el combate al tráfico de drogas, el Consejo de Defensa del Estado intervino para dilucidar y eventualmente buscar penalidades en una notoria irregularidad que golpea un pilar clave del gobierno de Sebastián Piñera: la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico. La entidad estatal tuvo una inexplicable demora en hacerse parte de un caso que, con cada detalle que se ha ido conociendo, produce inquietud en la ciudadanía.

Una investigación periodística de Ciper-Chile develó a inicios de octubre que el gobierno había favorecido la licitación de una empresa que ofrecía equipos e insumos a precios hasta en un 400 por ciento más del valor de mercado. Ante la contundencia de las pruebas aportadas por la investigación, cuatro personeros de la repartición que tiene como misión diseñar las políticas públicas de combate al crimen organizado fueron destituidos de sus cargos, entre ellos el conocido ex fiscal Alejandro Peña y sus más cercanos colaboradores. Las renuncias fueron en cascadas y todas suficientemente explicadas con el objetivo de blindar al responsable político de los funcionarios involucrados en la operación comercial: el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, un destacado operador político de Renovación Nacional, el partido del presidente y del ministro Rodrigo Hinzpeter, jefe directo de quien visó y firmó los documentos de aprobación de la compra de los equipos e implementos tecnológicos para combatir el tráfico de drogas...