Defensa de la educación superior pública y estatal

La reciente discusión del proyecto de ley de presupuesto 2013, especialmente en lo referido a los fondos destinados al plan de mejoramiento de la educación superior, reactualiza un tema que, siendo de gran relevancia, sufre las distracciones que provocan las polémicas coyunturales donde lo fugaz se confunde con lo sustantivo.

El asunto es (re)actualizar el rol de la educación pública y estatal en un contexto de permanente amenaza de desnaturalización de su misión fundamental. Es decir, nos asiste la convicción de revalidar la consideración general que la educación ante todo es un bien público y un derecho. Y la provisión de este bien público debe estar garantizada por el Estado, por tanto, la formación terciaria no puede estar ajena a esta definición constitutiva del consenso social instituido, cuya evolución tiene un punto de quiebre y desvío -o reinicio- en los profundos cambios impuestos bajo dictadura.

Los procesos de profunda transformación que se han sucedido desde 1981 en que se liberaliza el mercado de la educación superior y, concomitantemente, el de la educación básica y media en Chile han sido significativos y vertiginosos en sus consecuencias positivas y negativas. Desde sus inicios el modelo de educación fue impulsado con la exclusión de actores que a todas luces debieran estar llamados a participar protagónicamente en las definiciones. Así, académicos y estudiantes han sido más bien espectadores de la remoción del antiguo sistema y de la instalación de las nuevas condiciones y estructuras que sin tapujos planteó una profunda revolución al sistema de educación y, específicamente, a la educación superior que decididamente inició la dictadura a comienzos de la década de los años 80. Esta omisión de actores relevantes y de prácticamente toda la sociedad civil es explicable por la imposición de un sistema de educación de mercado asimilable al modelo económico de manera inconsulta e impuesto de espaldas a la sociedad. Esta condición de origen es determinante del derrotero de los últimos 30 años en que la actitud de política pública de los gobiernos democráticos se limitó a administrar y corregir disfuncionalidades flagrantes de un modelo de educación abierto y desregulado ya establecido desde los últimos dos lustros del siglo pasado. La política pública en educación superior fue pasiva, complaciente y permisiva frente a los avances del mercado. La pregunta pertinente es porqué las nuevas autoridades democráticas del momento avalaron estos procesos sin mayores (...)