El código de conducta de los diputados

En 2005, en pleno debate sobre el derecho de autor, la presencia en el Palacio Bourbon de dos mastodontes de la descarga legal de música debería haber servido de electroshock. Pero el debate sobre la relación que mantienen lobbys y parlamentarios es siempre un tema de actualidad. De informe en informe, en 2009 la oficina de la Asamblea Nacional adoptó finalmente un nuevo reglamento, sin que se haya organizado en debida forma ninguna discusión pública. Estipula que los representantes de intereses, para obtener un distintivo y circular en el recinto del Parlamento, tienen que inscribirse previamente en un registro hecho público. Al día de hoy, se registraron sólo ciento cincuenta representantes, actuando para estructuras tan diversas como la Unión de Anunciadores, la empresa Thales, el sindicato Fuerza Obrera, el grupo Carrefour, e incluso los libros Hachette. Otra innovación, la Asamblea agregó los servicios de un deontólogo estable, el profesor de Derecho Jean Gicquel, con quien los diputados pueden desahogarse.

Hasta ahora, sin embargo, las relaciones entre lobbys y parlamentarios se desarrollan siempre como en los buenos viejos tiempos: almuerzos, viajes, clubes extraparlamentarios de todo tipo, coloquios pagados por las empresas… El nuevo registro simplemente oficializó prácticas ya existentes, sin suprimir las antiguas. Es tanto más preocupante porque la revisión de la Constitución, en 2008, aumentó el poder del Parlamento, se inquieta el asesor gubernamental Renaud Denoix de Saint-Marc. “La revalorización del rol del Parlamento prevé una repartición del orden del día entre el Gobierno y la Asamblea. Ahora bien, se quiera o no, una propuesta de ley es una vía de acceso abierta a los grupos de presión. Por otra parte, que la discusión se establezca sobre un texto preparado primeramente en comisión, es una calamidad. Porque es mucho más fácil aprobar una enmienda favorable a tal o cual grupo de presión en comisión, cuando estamos entre nosotros, que (...)