Leyes para frenar la movilización

La primera vez que se utilizó el término “criminalización de la protesta social” en Chile, para referirse a una situación violatoria de derechos humanos, fue en el año 2003, en el marco del informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, tras su visita oficial al país.

De ese modo calificaba el tratamiento/respuesta dado por el Estado chileno a las legítimas demandas territoriales del pueblo mapuche, aplicando para ello todo su poder punitivo, incluido el uso de leyes especiales como la Ley Antiterrorista, para perseguir a sus dirigencias y así procurar desestabilizar su movilización, atribuyendo el carácter de delito a sus manifestaciones. Incurriendo en graves faltas al debido proceso, al uso de falsos testimonios y de testigos encubiertos, e incluso de montajes para lograr dicho objetivo, lo que ha derivado en la injusta detención de casi un centenar de personas mapuche o solidarias con su causa en la última década, por lo que hoy Chile se encuentra ad portas de un juicio internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta estrategia político-criminalizadora, que de modo paradigmático ha enfrentado el pueblo mapuche, comienza peligrosamente a extenderse hacia otros sectores de la población, en un Chile que despierta y que ha desbordado las calles para manifestarse contra la injusticia social y la opresión del mercado. Pues pese al exitismo económico con que las autoridades presentan a Chile en el exterior, el país mantiene uno de los más altos índices de desigualdad en los ingresos del mundo, con cifras de pobreza y desempleo que no decaen; carece de respuestas para necesidades sociales básicas, como la educación, la vivienda y la salud; y posee además un modelo de “desarrollo” basado en múltiples tratados bilaterales y de libre comercio, que permiten la explotación y extracción de recursos a destajo por parte de empresas extranjeras, con nocivos efectos para la calidad de vida de (...)