La “chilenización” y la “nacionalización pactada” de Frei Montalva

En 1964, Eduardo Frei Montalva, como candidato y luego como Presidente, refuta la propuesta de la izquierda de nacionalizar la gran minería del cobre. Replica que el país carece de capacidades técnicas y financieras e insinúa que tal medida podría provocar reacciones de Washington, semejantes al bloqueo a Cuba. Como alternativa propone la asociación entre el Estado y las multinacionales.

En realidad, la joint venture fue sugerida por la propia empresa Anaconda Cooper co, política practicada en otros los países (1). La asociación arrojará magros resultados para Chile y fue sin duda una oportunidad perdida.

Las importantes reservas de cobre chilenas estimadas en un quinto de las mundiales ya se explotaban el siglo XIX: en 1869 Chile es el primer productor con 51.800 toneladas, 60% del consumo mundial. Pero la falta de ahínco la oligarquía le hizo retroceder a 27.715 toneladas en 1905 (5.5%).

La oportunidad es aprovechada por la Braden Copper co. que adquiere El Teniente en 1905 y se transforma en 1916 en filial de la Kennecott Copper co. La Chile Exploration co, propiedad de la familia Guggenheim, adquiere Chuquicamata en 1912; la Andes Copper Mining, fundada también por el ingeniero William Braden, compra Potrerillos en 1913. Y la Anaconda Cooper co. adquiere ambas en 1923. Así, la Kennecott y la Anaconda, con sus filiales, conforman la “gran minería” a la que se añadirán Exótica y Andina en los años 1960. Las multinacionales aumentan la producción hasta alcanzar casi medio millón de toneladas en 1944 (18,9% del total mundial), ayudadas por subsidios y otras compensaciones acordadas por Washington durante la II Guerra Mundial y la guerra de Corea (1950-1953), que compensan el precio de venta rebajado que les impone. El Estado chileno debe contentarse con registrar la baja de ingresos.

En 1951, el Estado consigue el derecho a comprar en 20% de la producción a precio interno y exportarla a precio de mercado. Se alzan voces que reclaman el “estanco del cobre”, o monopolio estatal de las ventas, y los senadores comunistas Salvador Ocampo y Elias Lafferte presentan el primer proyecto de nacionalización. Pero las compañías y la propia Casa Blanca ejercen presiones sobre los clientes para que se abstengan de comprar cobre al Estado.

En 1955, Ibáñez opta por el “nuevo trato”: las compañías recuperan la venta a cambio inversiones para aumentar la producción, facilitadas por ventajas tributarias y aduaneras. En 1970, la gran minería participa con cuatro quintos de las 692.000 toneladas producidas en Chile (11% del total). De los 930 millones de dólares ingresados por ventas, 727 provienen de la gran minería y retornan a Chile unos 650. El Estado recibe US$ 120 millones por tributos y otros 138 por participación. Estos 258 representan el 19% de los ingresos fiscales (2).

La “chilenización”
Apenas instalado en La Moneda en 1964, Frei encomienda a Raúl Sáez y a Javier Lagarrigue las negociaciones con la Kennecott y la Anaconda. A los pocos meses llegan a un acuerdo: el Estado compra una parte de las acciones y concede un paquete excepcional de franquicias, liberaciones de impuestos y medidas preferenciales. A cambio, las multinacionales se comprometen a aumentar la producción –el gobierno habla de duplicarla pasar llegar a 1.200.000 toneladas anuales– y a refinar y manufacturar en Chile una parte importante del cobre.

Los proyectos, anunciados con nutrida propaganda, son enviados a la Cámara en 1965. Allí la DC está en mayoría y en el Senado se entiende con el PR. La oposición de izquierda advierte del riesgo de pérdidas, insiste en la nacionalización total y, en todo caso, pide el estanco estatal del cobre. Pero Frei mantiene el sistema de exportaciones en manos de las compañías. Los contratosleyes son promulgados el 25 de enero (...)