AFP y mujeres: Un sistema discriminador

La evaluación de una política pública supone el logro de varios indicadores, los que suelen agruparse a partir de los rótulos de la eficiencia, eficacia, economía y calidad, y los más aventurados incorporan la equidad. A través de dichas dimensiones es posible juzgar el resultado e impacto de alguna iniciativa, tanto en su aspecto individual como social. Sin embargo, este enfoque, que proviene principalmente de la gestión de proyectos, omite una cuestión esencial al momento de realizar un diagnóstico crítico a dichas políticas; desplaza del centro de análisis los principios sobre los que se funda cualquier tradición ética política: la legitimidad.

El análisis del sistema de pensiones de Chile (el sistema de AFP en su conjunto) constituye un ejemplo esclarecedor de lo anteriormente planteado; es decir, de cómo una política pública puede cumplir adecuadamente los distintos indicadores de gestión, traducidos en el cumplimiento de la legalidad, mientras su legitimidad se hipertrofia y desmorona. En particular, cómo el funcionamiento -expresado en reglas y normas jurídicamente legales- del sistema de pensiones contiene ámbitos expresamente abusivos y discriminatorios y, a pesar de ello, se percibe -y defiende- como una política legítima. Esto se evidencia esencialmente cuando evaluamos la equidad de género en sus resultados, es decir, en la diferencia de pensiones que reciben hombres y mujeres, por la sola existencia de dicha existencia...