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El informe sobre la Escuela Nacional Unificada hace 40 años

La batalla de la educación en la UP

La cifra más reveladora del esfuerzo educacional del gobierno de la Unidad Popular es sin duda la del aumento global de estudiantes: de 2,47 millones en 1970 pasan a casi tres millones en 1973 (1). La llegada a las aulas de este vasto contingente plantea reformas que reduzcan la presión sobre las universidades encausando parte de los egresados hacia el trabajo.

El Ministerio de Educación, previa consulta a profesores, padres, estudiantes y trabajadores, presenta el informe sobre la Escuela Nacional Unificada (ENU) a principios de 1973. Busca racionalizar recursos e introduce cursos y prácticas de especialización tecnológica durante los cuatro últimos años de la enseñanza secundaria. Así, además de los conocimientos científico-humanistas, todos egresarán dotados de un diploma de técnico.

Pero por esos días los mandos de la oposición ya habían resuelto derrocar al gobierno por la vía de las armas. El rechazo a la ENU adquiere una especial virulencia ya que, en realidad, buscan crear a través de él un clima que justifique golpe. Campañas de prensa la presentan como una siniestra “revolución cultural que prepara el camino a la dictadura del proletariado” (2), mientras se alternan manifestaciones de detractores y de partidarios.

Hasta hoy los medios derechistas evocan a la ENU (que pocos leyeron) como un abyecto complot marxista de “control de las conciencias”, confirmando en cierta forma el teorema de Thomas enunciado en 1928: “Cuando los hombres consideran ciertas situaciones como reales, ellas son reales en sus consecuencias” (3).

El gobierno de la UP se inscribe en la corriente histórica que reivindica el derecho a la educación pública como vía de progreso y de emancipación de los desposeídos. Destina recursos que acrecientan la matrícula global de 2.477.254 en 1970 (47% de la población menor de 25 años), a 2.996.103 en 1973 (54%). La educación parvularia crece 53%; a la básica se incorporan 275.000 estudiantes (13,5%); a la media 143.000 (32%). La superior progresa de 83.000 (101%), la universitaria sola aumenta de 89,2% cubriendo 16,8% de la población de 20 a 24 años.

Tal desarrollo es acompañado por una importante inversión en infraestructuras: las construcciones escolares pasan de 79.000 m2 en 1970 a 195.000 m2 en 1971; aumentan los desayunos, almuerzos y los beneficiados con colonias de vacaciones. Se crean 4.200 puestos de maestros. Y mejoran los salarios de los profesores.

Se mantienen, sin embargo, casi todos los textos de estudio preparados bajo gobiernos anteriores; el ministerio sólo añade un texto destinado a la alfabetización de adultos (4). En el plano institucional, el ministro Mario Astorga, (ex presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación) otorga al Consejo Nacional de Educación la calidad de consejo de desarrollo, lo que le permite formular propuestas; crea diez coordinadores regionales de educación y refuerza los equipos de la superintendencia dotándola de medios estadísticos, jurídicos, etc.

Pero tal crecimiento choca con los límites impuestos por las estructuras arcaicas del sistema educacional. Su consolidación requiere de reformas estructurales y curriculares.

La gestación
En 1971, el ministerio inicia un análisis crítico de la realidad educacional, primero en cada establecimiento, enseguida en congresos provinciales, y finalmente en el Congreso Nacional de Educación que sesiona en diciembre de ese año, con 928 delegados de docentes, estudiantes, padres, trabajadores, de diversas opciones ideológicas. Allí se alcanzan acuerdos sobre una educación científica, planificada y unificada, que valorice el trabajo. Pero se discrepa sobre la “construcción socialista” y “democratización”, enviando al gobierno documentos alternativos.

Basándose en los acuerdos, el gobierno publica en octubre 1972 el Decreto de democratización que instaura consejos de educación, (locales, provinciales y regionales), encargados de formular políticas educacionales, con participación de organizaciones sociales. Las objeciones de la Contraloría lo conducen a reducir el rol de éstas a meros asesores y a garantizar a los establecimientos privados su libertad de organización y de reclutamiento. El decreto es publicado el 12 de abril de 1973 (5).

Y en 1972 funciona una comisión presidida por el superintendente de educación Iván Núñez, (...)

Artículo completo: 2 052 palabras.

Texto completo en la edición impresa del mes de noviembre 2013
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Jorge Magasich

Historiador.

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