El Estado también vulnera derechos

El sistema de salud chileno atenta contra el principio de igualdad, genera discriminaciones en el acceso y calidad de atención. Tiene limitaciones para el desarrollo de políticas adecuadas, debido a que la institucionalidad no ha integrado los enfoques de derechos humanos, de género e interculturalidad y no existen mecanismos de participación deliberativa y vinculante que permitan conocer, desde la perspectiva de los sujetos y actores sociales, las necesidades de un territorio diverso y las que presentan los diferentes grupos de población, como migrantes, mujeres que no están en edad reproductiva, de la tercera edad, lesbianas, trans e indígenas.

Las organizaciones que han participado en la iniciativa Movilizándonos por Justicia y Dignidad en Salud, convocada por EPES, denuncian la vulneración de derechos de las mujeres por parte del Estado, que niega la autonomía corporal de las mujeres, que no garantiza servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, programas integrales de salud mental y específicos para las que buscan ayuda por situaciones de violencia.

En Chile, durante la primera década del 2000, más de 500 mujeres han sido asesinadas por un hombre (1). La magnitud de la violencia contra las mujeres es alarmante, constituye un problema de salud pública y una violación grave e intolerable a los derechos humanos. Un delito de discriminación y desigualdad, que no es abordado social, legal ni institucionalmente como tal...