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Crítica y movilización en un Chile más pluralista y democrático

¿Hacia un “derecho a veto” ciudadano?

El nombramiento de las nuevas autoridades ha deparado desagradables sorpresas para la presidenta Michele Bachelet. Las denuncias sociales, principalmente a nivel de las subsecretarias, ha generado la primera crisis en su administración, antes de haber asumido formalmente el poder. Con la renuncia de Claudia Peirano en Educación, estos cuestionamientos se han masificado, obligando al equipo de gobierno a implementar medidas de urgencia para incrementar los chequeos y controles, antes de comunicar los nombres de los nuevos funcionarios.

En rigor, esta situación no es nueva. El gobierno de Sebastián Piñera ya se enfrentó a un contexto similar en 2010, que impidió que varios funcionarios pudieran asumir sus funciones. Además, otros altos cargos tuvieron que renunciar ante una ciudadanía que les enrostró sus imprudencias. Basta recordar el cese del embajador en Argentina Miguel Otero, luego de afirmar que “la mayor parte de Chile no sintió la dictadura”. O la caída de la directora de la JUNJI, Ximena Ossandón, quien tras una serie de polémicas decisiones comentó por Twitter que su sueldo en ese organismo público era “reguleque”. Pero ahora se comprueba que el poder de la opinión pública no era anecdótico ni se trataba de una persecución al gobierno de Piñera, como lo interpretaron desde UDI y RN. Se ha logrado un “poder de veto” ciudadano, que opera informalmente, frente a decisiones que rompen con ciertos límites ético-políticos. Es un hecho irreversible y que no distingue entre partidos…

Artículo completo: 253 palabras.

Texto completo en la edición impresa del mes de marzo 2014
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Álvaro Ramis

Teólogo, especialista en Ética Aplicada.

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