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Tras la nueva Constitución

¿Hacia dónde va Túnez?

La adopción de una nueva Constitución calmó las aguas en Túnez. Al resolver cuestiones relativas al estatuto de las mujeres, el rol de lo sagrado, la libertad de conciencia, se esperaba que la economía domine el debate. Pero los principales partidos no logran definir una estrategia.

Como las revueltas árabes no tuvieron un desarrollo feliz en Egipto, Siria ni Libia, Túnez se convirtió, en la región, en el refugio de aquellos que buscan un motivo de esperanza. Ninguna de las aspiraciones sociales que allí dieron origen al levantamiento de diciembre de 2010 fue satisfecha. Pero, luego de una interminable crisis política, y de rozar lo peor con el asesinato de dos diputados de izquierda el año pasado (1), el país acaba de dotarse de una nueva Constitución, aprobada por doscientos diputados sobre doscientos dieciséis, y de un gobierno de unión nacional compuesto por tecnócratas. La tensión cedió un poco, y se vive un cierto estado de gracia.

Los adversarios de los islamistas de Ennahda temen que estos últimos penetren el aparato del Estado, echando así las bases de una nueva dictadura. En definitiva, abandonaron el poder tan pacíficamente como lo habían obtenido, cortésmente invitados a “retirarse” por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argelia, los países occidentales (entre ellos Francia), la mayor central sindical, el sector patronal, la izquierda revolucionaria, la centroderecha, la Liga de Derechos Humanos.

Sin duda, cedieron a la presión tras comprender que el balance de su gestión era poco prometedor y que la relación de fuerzas internacional era desfavorable al islam político, debilitado en Turquía y expulsado manu militari de la presidencia egipcia. Nuevas elecciones deben llevarse a cabo en Túnez “antes de fines del año 2014” (artículo 148 de la Constitución). La revolución ya no está a la orden del día. Pero el país puede empezar a creer nuevamente que logrará construir su pequeña felicidad en un mundo árabe donde esa mercancía es muy demandada.

Falta de audacia
¿Quiere decir esto que la integración de los islamistas en el sistema político constituyó una apuesta ganadora? Sí, desde el punto de vista de los que prometían que su llegada a la cabeza del Estado no significaría un viaje sin retorno. Pero sí también para sus enemigos, que previeron que una vez en el poder demostrarían su obsesión identitaria y religiosa, sus carencias a nivel económico y social. “Con ellos –sostiene con ironía Hamma Hammami, portavoz del Frente Popular (izquierda)–, estamos antes de Adam Smith y David Ricardo. La economía política de los Hermanos Musulmanes es la renta y el comercio paralelo. No es la producción, no es la creación de riqueza, no es la agricultura, no es la industria, no es la infraestructura, no es la reorganización de la enseñanza en función de objetivos estratégico-económicos, científicos, tecnológicos”.

Su “modelo de desarrollo” –para decirlo en los términos del programa electoral de Ennahda en 2011–, se resume en efecto a menudo en hilvanar fórmulas vacías: “crear nuevos mercados para nuestros bienes y servicios”, “simplificar los procedimientos”, “diversificar las inversiones hacia proyectos más útiles”… Lugares comunes adornados con encantamientos que “hacen revivir los valores virtuosos emanados de la herencia cultural y civilizatoria de la sociedad tunecina y de su identidad árabe e islámica, los cuales honran el esfuerzo y el trabajo de calidad, estimulan la innovación y la iniciativa” (2).

Houcine Jaziri, quien integró los dos últimos gabinetes islamistas, lo admite: “El punto débil de Ennahda es la economía. Estábamos más enfocados en las cuestiones morales. Tenemos en nuestras filas demasiados políticos y pocos economistas. Los demás trabajaron mucho más que nosotros esas cuestiones”. No obstante, aclara: “Afortunadamente, integrar un gobierno nos obligó a reflexionar sobre el tema”.

Lo cual nunca es mala idea… Sin embargo, hace tres años que la mayoría de los partidos, no sólo Ennahda, se preocupan por otra cosa. El economista Nidhal Ben Cheikh señala: “El turbulento período político que acabamos de vivir estuvo marcado por la discusión de temas relativamente tabúes en Túnez –la religión, la creencia, lo sagrado, la sexualidad, la homosexualidad, el papel de la mujer–. En contrapartida, los fundamentos de nuestra política económica nunca se debatieron, ni mucho menos se cuestionaron. Resultado: las gobernaciones [provincias] que fueron cunas de la revolución, del levantamiento político y social: Kef, Kasserine, Siliana, Tataouine, Kebili, siguen padeciendo una alarmante carencia de tejido productivo local” (3).

El principal adversario del partido islamista, Béji Caïd Essebsi, también gobernó Túnez tras la caída del régimen de Zine El Abidine Ben Ali. En vez de sacar partido de su popularidad y del entusiasmo general de los primeros meses (“revolución del jazmín”, etc.) para barrer la política liberal de su predecesor, prefirió rodearse de ministros ortodoxos que prorrogaron el modelo económico anterior, ensalzado por el FMI (4). Resultado: Caïd Essebsi constata hoy que “en ciertas regiones, desde hace mucho tiempo marginadas porque se dedicó mayor atención al litoral marítimo, las cosas no mejoraron”.

En efecto, desde 2011, nadie rompió con la decisión de insertar al país en la división internacional del trabajo ofreciendo a los inversores extranjeros una mano de obra calificada y costos salariales irrisorios. Ahora bien, a falta de un desarrollo autocentrado, promovido por inversiones públicas, alimentado por una demanda local solvente, ese modelo no puede sino perpetuar unas desigualdades regionales flagrantes. Y corre el riesgo de conducir a un florecimiento de la economía informal y el contrabando (devorando de paso los ingresos fiscales), a un retroceso del Estado, en beneficio de las células yihadistas. “Estados Unidos, defensor del neoliberalismo, se permitió nacionalizar los bancos [durante la crisis de 2008], mientras que Túnez, en período revolucionario, se prohíbe a sí mismo gestos revolucionarios”, lamenta Ben Cheikh.

Reunirse sucesivamente con Rached Ghannouchi, dirigente de Ennahda, y Caïd Essebsi, fundador y presidente de Nidaa Tounès (Llamada por Túnez), confirma esa falta de audacia programática. A priori, todo opone a los dos veteranos que dominan la política de su país. La secretaría del primero está atestada de fotos que lo muestran con dirigentes o intelectuales islamistas (Tariq Ramadan, el ex presidente egipcio Mohammed Morsi, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, etc.) y con el emir de Qatar. Las oficinas del segundo tienen un motivo único: Habib Bourguiba (5), representado a la vez bajo la forma de un busto, de un gran afiche en la pared y de una pequeña foto enmarcada sobre el escritorio. Ahora bien, Bourguiba quiso condenar a muerte a Ghannouchi, quien estimaba entonces que el “combatiente supremo”, fundador del Túnez moderno, había lanzado “la guerra contra el islam y la ‘arabidad’” (6).

Las diferencias entre ambos hombres son infinitamente menos marcadas cuando analizamos con ellos los grandes asuntos económicos. Por ejemplo, ¿el pago de la deuda externa, contraída por el régimen de Ben Ali y en parte desviada por los miembros de su clan? “De la deuda, se habla bastante, pero no es catastrófica, puesto que estamos por debajo del 50% –responde Caïd Essebsi–. Otros, como Francia, están en un 85%” (7). De todas formas, aclara de entrada, “un país que se respeta paga sus deudas, sea cual sea su gobierno. Desde la independencia, Túnez nunca dejó de hacerlo”. Son casi las mismas palabras que Ghannouchi nos había dicho la víspera: “Túnez tiene una larga tradición de pagar sus deudas. Nos atendremos a ella”.

Una caja explosiva
El servicio de la deuda constituye una onerosa carga para un país pobre; está en tercer lugar en el presupuesto –4.200 millones de dinares tunecinos en 2013– (8). La Caja General de Compensación (CGC), por su parte, aparece en segundo lugar (5.500 millones de dinares en 2013). Todos desearían aliviar ese peso; nadie sabe realmente cómo hacerlo. Y en relación a este punto, tampoco se distinguen mucho los islamistas y sus adversarios. Su prudencia es comprensible: el tema es explosivo.

La CGC, sistema que permite subsidiar los productos alimentarios y la energía, se creó en 1970. Desde entonces, el auge de la cotización mundial del petróleo y de los cereales llevó esos gastos a niveles desmesurados. El FMI reclama incesantemente su reducción, a la espera de que se elimine el mecanismo de compensación; los partidos políticos temen la inflación y la revolución si siguen un consejo de ese tipo…

Ben Cheikh nos recuerda que, lejos de representar una conquista social, el principal objetivo de la CGC fue dar sostenibilidad política a una estrategia liberal que apuntaba a estimular la industria, procurándole una mano de obra barata. Para atraer inversionistas, Túnez aceptó que el presupuesto nacional financiara una parte de los gastos de consumo corriente de sus obreros y empleados. En suma, hace más de cuarenta años que, a falta de un buen salario, los hombres y las mujeres que trabajan, por ejemplo, en el sector textil o en industrias mecánicas y eléctricas, pudieron comprar harina o bencina subsidiadas.

Y todos los demás también… En los restaurantes y los hoteles, las pastas y la sémola que se sirven a los turistas están subsidiadas, el consumo de bencina de los automóviles libios de gran cilindrada está subsidiado, la energía (a menudo importada) que utilizan las cementeras portuguesas y españolas está subsidiada. “Es una carga –admite Ghannouchi–. Hay que encontrar una solución razonable, no por la presión de los organismos internacionales, sino porque el gasto no puede sostenerse en ese nivel.” Caïd Essebsi no dice nada distinto: “Acabamos de alcanzar un punto crítico. Más vale revisar el presupuesto para favorecer otras prioridades”.

¿Pero cómo destinar los gastos de la CGC hacia inversiones productivas en las regiones del interior, sin perjudicar automáticamente a los tunecinos más desfavorecidos, que el Estado no sabe ayudar de otra manera? Al abordar este tema (porque los presionan a hacerlo…), el sector patronal, los sindicatos, los islamistas, Nidaa Tounès, muestran una actitud pasiva. Denuncian abusos sin proponer soluciones. Interrogada sobre la posibilidad de que un gobierno suprima un día la caja, Wided Bouchamaoui, presidenta de la Unión Tunecina de la Industria, del Comercio y de la Artesanía (UTICA) la organización patronal, responde con firmeza: “¡Nunca! Habría un motín en el país. Ninguna fuerza política se atrevería a hacerlo”. Y, por otra parte, aclara de inmediato: “Nosotros no reclamamos eso”.

Dos tercios de los subsidios conciernen al combustible. Ahora bien, Houcine Abassi, presidente de la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), recalca que “la mayoría de los cesantes y de los asalariados no tiene automóvil. Por lo tanto no se benefician con la compensación destinada al combustible. Y un miembro de la clase media con un vehículo cuyo motor es de cuatro o cinco caballos de fuerza, paga la bencina al mismo precio [1,57 dinares el litro] que aquellos que disponen de cuatro o cinco vehículos de lujo para una misma familia”.

Faltaría poder diferenciar a unos y otros, por ejemplo, dejando de subsidiar a la noria de limusinas de multimillonarios que llenan su tanque de bencina… “Eso es responsabilidad del gobierno –responde Abassi–. Nosotros tenemos propuestas, pero somos un sindicato; no somos el Estado, con sus medios, sus (...)

Artículo completo: 5 809 palabras.

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Serge Halimi

Director de Le Monde diplomatique.

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