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Libertad de expresión y derecho a la información

Comunicaciones y Democracia: La deuda de Chile

Durante los últimos veinte años hemos sido testigos de cómo en diversos países de América Latina, el debate sobre la democratización de la información y las comunicaciones ha concitado amplias discusiones sociales y políticas, cristalizándose en profundas reformas constitucionales que apuntan a garantizar el derecho universal a la comunicación basado en la libertad de expresión y el Derecho a la Información (consagrado en la declaración de los Derechos Humanos de 1948). En esos debates ambas garantías se entienden como imperativos éticos para un Estado democrático que se precie de tal y que busque promover tanto el derecho a informar y comunicar de los ciudadanos como el de ser informados, no solo por el valor propio de la información sino también por su valía instrumental, es decir, por su capacidad de ser instrumento para el ejercicio de otros derechos y para la fiscalización de los poderes públicos.

Si hubiera que resumir los procesos de reformas constitucionales que se han producido en la región, podríamos observar dos grandes ejes. Primero, revalorizar al Estado como un actor trascendente del campo comunicacional lo que se expresa en la creación y/o fortalecimiento de los medios públicos; unido a lo anterior, una alta apreciación del llamado tercer sector de las comunicaciones, fortaleciendo la existencia de medios locales y comunitarios que den voz a la diversidad de la sociedad civil. De esta forma, las constituciones garantistas de las democracias latinoamericanas han apostado por establecer institucionalmente -y a través de financiamiento público- una institucionalidad comunicacional que cuente con la representación de los tres sectores de la comunicación: el público, el privado y el (...)

Artículo completo: 295 palabras.

Texto completo en la edición impresa del mes de septiembre 2014
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Javiera Olivares Mardones

Presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.

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