¿Quién nos cuida de nuestros custodios?

La escalada de atentados con bombas que ha sacudido a Santiago durante septiembre ha llevado al ministro del Interior Rodrigo Peñailillo a anunciar una remozada Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Estos cambios buscarían fortalecer su capacidad de recursos humanos y financieros, en orden a extender la cobertura nacional de la ANI con personal especializado, de modo que más allá de los cambios de gobierno los equipos técnicos puedan tener permanencia en el tiempo, sin que se pierda su capacidad instalada y aumentar las atribuciones legales y operativas de la agencia, permitiéndole incorporar agentes encubiertos. Estas medidas se acompañarían de un cambio en la denominación de esta institución, y probablemente, de algunas medidas adicionales de control, entre ellas la exigencia de que el nombramiento del director de la agencia sea ratificado por el Senado.

Una causa directa de esta crisis radica en el manejo de la ANI durante el gobierno de Sebastián Piñera. Para diversos sectores la dirección de Gonzalo Yuseff dañó gravemente la credibilidad pública de la institución, ya que en su período se despidió arbitrariamente a un 30% del personal de la agencia y se suprimieron los departamentos de análisis político y económico. El primero se orientaba a monitorear a los partidos políticos y el segundo realizaba un seguimiento a los grandes grupos empresariales. Además, durante esa etapa se produjeron continuas denuncias por intentos de criminalizar a los movimientos sociales y sectores políticos opositores por medio de agentes infiltrados, montajes, acusaciones infundadas, vinculaciones arbitrarias, etc. En la opinión pública quedó grabada la imagen de la serie de sonados reveses judiciales del fiscal Alejandro Peña, que basaba sus líneas de investigación en la fallida información que le proporcionaba la ANI...