Entre la libertad y el cautiverio

La mejor política de comunicaciones es la que aún no existe y Chile necesita darse. Superar el paradigma mercantilista implica emprender un camino plagado de riesgos y amenazas, principalmente por la alta concentración de medios que involucra a los grandes grupos económicos y, además, porque las elites políticas aún no se atreven a avanzar hacia la democratización de las comunicaciones. El proceso de debates sobre una nueva Constitución abre una oportunidad.

Las relaciones entre política y comunicación resultan, en general, bastante incómodas para los gobiernos progresistas y/o las izquierdas democráticas. Basta una mirada por la región para constatar que entre el entorno mediático libre, independiente y pluralista que la UNESCO considera esencial para la democracia, y las realidades de nuestros países se abre un abismo marcado por niveles inusitados de concentración de la propiedad de medios y su propiedad cruzada. Aun así, en los últimos años varios países han impulsado iniciativas para darse nuevas legislaciones como Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia. Con diversos enfoques y variados progresos en su desarrollo, en muchas de ellas hay valiosos elementos en términos de democratización de las comunicaciones. En lo que respecta a Chile, el país no se encuentra aun en clara fase de aggiornamiento de sus marcos legislativos aunque comparta ciertos males con el resto del continente, como los altísimos índices de concentración de la propiedad.

Por su parte la clase política en general tiene serias limitaciones en estos debates dada su relación perversa con los medios. Así, mientras dirigentes políticos y autoridades se desvelan por aparecer más y mejor, los conglomerados multimedia crecen y se reproducen… pero no mueren. La clase política adora y teme a los medios, y sus temores son comprensibles, aunque no justificables. Así, por ejemplo, en tiempos de campaña, que un candidato anuncie rozar los intereses de los medios puede significar el fin de su (...)